ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante jugará la baza de la solicitud de suspensión cautelar para tratar de frenar la licencia ambiental de los depósitos del Puerto que promueve la empresa XC Business 90. Será, de hecho, una de las medidas incorporadas en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) que se pretende presentar frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) el pasado abril, por la que se reconoce el derecho de la compañía a la concesión del permiso por silencio administrativo positivo (la falta de resolución en plazo por parte de la administración). 

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado este viernes, en una comparecencia pública, que los servicios jurídicos municipales ya están trabajando en la preparación de ese recurso y ha añadido que, pese a que no tendrá efectos suspensivos, se solicitará "la suspensión cautelar" de la sentencia del alto tribunal autonómico con el fin de que no llegue a ejecutarse hasta que se resuelva sobre el fondo del recurso, en el que se pretende que el TC haga valer su propia jurisprudencia y certifique que no procede conceder una licencia ambiental por silencio administrativo positivo, en función de lo establecido en su sentencia 76/2022, que anuló el artículo 60.2 de la Ley Valenciana 6/2014 porque contradecía los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental.

Por lo pronto, con la solicitud de suspensión cautelar de la sentencia del TSJ, se trataría de ganar tiempo para analizar la viabilidad a futuro del proyecto, en aspectos como la concesión de la licencia de obra, la posibilidad de que el proyecto quede sujeto a estudio ambiental, o que se dilucide si el límite de distancia para la instalación de actividades de almacenamiento de carburantes recogida en la disposición final décima de la Ley de Calidad Ambiental sigue en vigor y resulta de aplicación.

Como informó este diario, hasta el momento, la Conselleria de Medio Ambiente no habría respondido a la consulta formulada por la Concejalía de Urbanismo en ese sentido y seguiría revisando toda la normativa al respecto. Tampoco ha trascendido que se haya producido ningún avance en la resolución del expediente de concesión de licencia, a pesar de que XC Business ya ha anticipado su intención de solicitarla, en cumplimiento de lo previsto en la sentencia del TSJ.

Sin contactos

Entre tanto, no se ha llegado a concertar ningún encuentro entre representantes del equipo de gobierno y responsables de la compañía con el fin de negociar una solución que evite la instalación de la planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto. El primer edil ha vuelto a referirse este viernes a la posición manifestada hasta ahora: que estaría dispuesto a dialogar con XC Business con la condición de que renunciase a ejecutar su proyecto en ese emplazamiento.

Al margen de ello, Barcala ha expresado su "máximo respeto" a las decisiones adoptada en el ámbito judicial, a colación de la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo presentado por el colectivo Ecologistas en Acción frente a la modificación de la concesión aprobada por el Puerto en 2019 en la que se deba encaje a la propuesta de XC Business, así como frente a la falta de respuesta de la Autoridad Portuaria a la solicitud de revisión de oficio de ese acuerdo, planteada por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), por la que se demandaba que se revocase dicha modificación en base a la supuesta falta de solvencia técnica y económica de la empresa promotora para ejecutar el proyecto. "Las acciones que se entablen, me parecen muy respetables; ya se pronunciarán los tribunales, y unas veces nos dan la razón, y otras veces no; y respetamos esas resoluciones, como respetamos que cualquier colectivo pueda instar el recurso que estime conveniente; no conozco los términos del recurso", ha concluido el primer edil.