ALICANTE. El litigio sobre la instalación de la planta de almacenaje de combustible promovida por XC Business 90 en el Puerto de Alicante queda sujeto todavía a la intervención de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Y no es una intervención menor, toda vez que puede acabar teniendo la última palabra respecto a la concesión de los permisos de implantación y funcionamiento. Por lo pronto, el departamento autonómico continúa cooperando con el Ayuntamiento de Alicante en la respuesta al proyecto. Sobre todo en lo que respecta a una circunstancia esencial: la normativa que regula las condiciones de distancia para ese tipo de instalaciones. Fuentes del área que coordina Vicente Martínez precisaron, a consulat de Alicante Plaza, que se continúa analizando el corpus legislativo en vigor para determinar si resulta de aplicación el límite de un kilómetro de alejamiento respecto a núcleo habitado que se incluyó en la disposición adicional décima de la Ley de Calidad Ambiental durante la pasada legislatura.

Se trata, precisamente, de la consulta elevada por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, ante la duda sobre su vigencia, después de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiese el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado respecto a ese mismo requisito de distancia mínima que el Consell del Botànic introdujo como modificación de la Lotup, a través del artículo 173 de la Ley de la Comunitat Valenciana 7/2021, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022. En ese momento, el TC anuló ese artículo al concluir, como sostenía el Gobierno central, que esa regulación resultaba inconstitucional al suponer un supuesto de invasión de competencias, en la medida en que extendía su alcance en terrenos portuarios, cuando ese ámbito queda bajo la responsabilidad de Puertos del Estado.

Está por ver cuándo puede contarse con una resolución definitiva sobre la validez de ese requisito para que pueda dilucidarse la primera participación efectiva de Medio Ambiente en la tramitación del proyecto, ya que, hasta el momento, no ha llegado a emitir ningún pronunciamiento al respecto. Según fuentes consultadas, el proceso se ha centrado hasta ahora en la concesión de la licencia ambiental, sobre la que la conselleria no es competente, ya que, en ese trámite, no era necesario emitir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En ese escenario, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) acabó reconociendo el derecho de XC Business a la concesión de ese permiso por silencio administrativo positivo (la falta de respuesta en el plazo debido) el pasado mes de abril. Y esa es la resolución que sigue teniendo validez hasta ahora, después de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitiese el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra dicha sentencia, en diciembre. Máxime, una vez conocida la providencia dictada por el TSJ este martes, por la que inadmitía el incidente de nulidad de sentencia también planteado por la administración local.

Por lo pronto, la vía legal sigue abierta a partir del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) que el Ayuntamiento prevé registrar ahora en busca de un pronunciamiento a su favor. Todo parece indicar que, en ese recurso, se tratará de hacer valer el argumento defendido por el Ayuntamiento ante el TSJ respecto al rechazo a que pueda concederse una licencia ambiental por silencio administrativo positivo, a partir de la sentencia 76/2022 dictada por el propio TC, que anuló el artículo 60.2 de la Ley Valenciana 6/2014 porque contradecía los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental en ese mismo sentido.

Negociación

A esa vía del recurso, se añade el estudio pendiente de la concesión de la licencia de obra y de actividad, según recalcó este miércoles el mismo alcalde de Alicante, Luis Barcala, al confirmar la decisión de acudir al TC. Y, además, reabrió la posibilidad de la negociación con la empresa, que podría saldarse con un hipotético acuerdo económico a modo de compensación, siempre que los representantes de XC Business estuviesen dispuestos a renunciar "al 100%" a la ejecución de su proyecto en el Puerto. Eso sí, el primer edil no llegó a manifestar si sería el Ayuntamiento quien diese el primer paso para abrir esas posibles conversaciones con la empresa o si se contemplaría la reubicación de los depósitos en otro emplazamiento distinto.

En todo caso, en paralelo también queda por despejarse el recurso interpuesto por el colectivo Ecologistas en Acción frente a la falta de respuesta por parte de la Autoridad Portuaria respecto a la petición planteada para que se iniciase la revisión de oficio del acuerdo de modificación sustancial de la concesión de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste para la gestión de la terminal de mercancias del Puerto, por el que se daba cabida los depósitos en el muelle 19. Esa petición de revisión del acuerdo, promovida por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), argumentaba que XC Business 90 no cumplía los requisitos de solvencia técnica ni económica para llevar adelante el proyecto planteado, por lo que la propuesta de modificación de la concesión de TMS debió ser desestimada en su momento.

Descontaminación previa

Al margen del futuro del proyecto de XC Business, la Conselleria de Medio Ambiente también sigue dirimiendo sobre la solicitud cursada por Exolum -la empresa sucesora de Campsa- para poder ejecutar el proyecto de descontaminación de los terrenos del Puerto en los que se asentaban los antiguos depósitos de combustible de dicha compañía, hasta que se acordó su traslado hasta la partida del Bacarot, en 1995.

Fuentes del departamento autonómico indicaron que se está ultimando un informe técnico necesario para autorizar la descontaminación pedida por parte de la compañía, sobre la premisa del "compromiso con la seguridad ambiental y la gestión adecuada de esta situación", de modo que "tan pronto como se disponga del informe técnico, se tomarán las medidas oportunas para proceder con las actuaciones previstas". A grandes rasgos, el proyecto de descontaminación supone la retirada de los restos de hidrocarburo detectados en la parcela en cuestión, situada a espaldas de la sede de Casa Mediterráneo, en una actuación que no revistiría ningún riesgo para la población, según fuentes consultadas.