ALICANTE. Fin de trayecto para el incidente de nulidad planteado por el Ayuntamiento de Alicante frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que reconoce a XC Business 90 su derecho a la concesión de licencia para la instalación de una planta de almacenaje de combustible en el Puerto. El alto tribunal autonómico acaba de destimar la solicitud municipal a través de una providencia notificada este martes en la que, en la práctica, avala la validez de su pronunciamiento favorable a la empresa, en sentencia fechada en abril de 2024. 

En esa providencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ concluye que procede "inadmitir" el incidente de nulidad solicitado en base a dos argumentos concretos que resume en apenas dos párrafos. El primero, según apunta, que el Tribunal Supremo (TS) ya se pronunció de forma tácita respecto a la oportunidad y conveniencia del fallo del alto tribunal autonómico cuando inadmitió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, en una resolución conocida el pasado mes de diciembre. Y el segundo argumento, que la propia sentencia dictada en abril ya explica que la solicitud de permiso presentada por XC Business para la construcción de los depósitos de carburante "no está sometida a autorización ambiental integrada de los anexos I y II de la Ley 2/2006". Y añade que así quedaba reflejado, además, en informes emitidos por el ayuntamiento.

Además, la providencia, a la que ha tenido acceso este diario, señala que el incidente de nulidad se planteaba con el argumento esencial de que el pronunciamiento favorable a la concesión de permiso "conculca la sentencia del Tribunal Constitucional 76/2022 que anuló el artículo 60.2 de la Ley Valenciana 6/2014 porque contradecía los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental". Con ello, se desestima la pretensión municipal, con la que el Ayuntamiento defendía que, en base a ese pronunciamiento del Constitucional, no procedía conceder una licencia por silencio administrativo positivo ante las propuestas de solicitud de licencia ambiental. Más si cabe, según la posición municipal, para aquellas iniciativas que pudiesen entrañar riesgo para el medio ambiente.

¿Qué escenario depara ahora esa última resolución del TSJ frente al último paso dado por el Ayuntamiento? De facto, la continuidad de la tramitación del proyecto, lo que debería derivar en la concesión de la licencia solicitada por XC Business, reconocida por el TSJ. De hecho, la propia compañía ha anunciado ya su intención de solicitar la ejecución de esa sentencia, además de plantear una demanda de responsabilidad patrimonial de la administración con el propósito de que se pueda acordar una indemnización económica por el retraso generado en la concesión del permiso.

Las vías pendientes

Con todo, el litigio queda ahora sujeto a la interposición de un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), según ha apuntado este mismo martes el vicealcalde y edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno. Por lo pronto, Villar ha incidido en que posiblemente se exploraría esa posibilidad, a pesar de asegurar que el equipo de gobierno no había podido entrara a valorar el contenido concreto de la providencia del TSJ. De hecho, fuentes municipales han añadido con posterioridad que los servicios jurídicos municipales abordarían a partir de ahora el estudio de posibilidades al alcance del Ayuntamiento -sin que quepa recurso frente a la providencia del TSJ, que es firme-, después de manifestar el respeto a la decisión adoptada, aunque no se comparta su sentido.

Entre tanto, sigue pendiente de que se dirima, también, el recurso contencioso administrativo presentado por el colectivo Ecologistas en Acción frente a la falta de respuesta por parte de la Autoridad Portuaria respecto a la petición planteada para que se iniciase la revisión de oficio del acuerdo de modificación sustancial de la concesión de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste para la gestión de la terminal de mercancias del Puerto, por el que se daba cabida los depósitos en el muelle 19. Esa petición de revisión del acuerdo, promovida por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), argumentaba que XC Business 90 no cumplía los requisitos de solvencia técnica ni económica para llevar adelante el proyecto planteado, por lo que la propuesta de modificación de la concesión de TMS debió ser desestimada en su momento.

De la negociación a la unidad

Al margen de ello, la providencia del TSJ no ha tardado en generar reacciones políticas. Entre ellas, las del PSOE. Su portavoz municipal, Ana Barceló, ha vuelto a exigir al alcalde, Luis Barcala, que "negocie con la empresa para evitar que los macrodepósitos se acaben instalando en el Puerto de Alicante". Barceló ha valorado que el hecho de que el TSJCV haya inadmitido el recurso del Ayuntamiento pidiendo la nulidad del fallo que daba vía libre a los depósitos, "evidencia que la estrategia judicial del alcalde ha fracasado de forma estrepitosa. Por tanto, no queda otra opción que abrir la vía de la negociación, para evitar esta instalación y para impedir que la posible indemnización millonaria siga creciendo, puesto que la pagaríamos todos los alicantinos y alicantinas", ha considerado, a través de un comunicado.

"Llevamos meses reclamando a Barcala que negocie con la empresa para evitar que los macrodepósitos se instalen en el Puerto. Se ha negado en rotundo y ahora constatamos que su estrategia judicial ha fracasado. Lo que le exigimos es que negocie, que llegue a un acuerdo con la empresa cuanto antes porque no le quedan más opciones. De lo contrario, acabaremos pagando una indemnización millonaria y con los depósitos donde ningún alicantino los quiere. Si eso ocurre, el alcalde será el máximo responsable”, ha destacado la portavoz. Barceló ha recordado que, en sesión plenaria, ofreció a Barcala todo el apoyo del grupo socialista para abordar soluciones que impidieran que esta instalación industrial acabara en el Puerto. "Sin embargo, el alcalde ha despreciado el ofrecimiento de colaboración mientras vemos cómo pierde los recursos judiciales", ha apostillado.

De igual modo, también se ha posicionado la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, quien ha señalado que "desgraciadamente la inacción de PP y PSOE, que desde todas las instituciones y desde hace demasiados años han obviado un asunto tan importante y que tanto preocupa a los alicantinos como es la instalación de macrodepósitos en el Puerto, ha provocado que ahora sea demasiado tarde y no se pueda hacer nada para evitarlo". "Es una pena pero los alicantinos deben saber quienes son los responsables que no son otros los partidos políticos que han ostentado el Ayuntamiento, el Puerto, la Generalitat Valenciana y el Gobierno central. Ahora ya no vale el postureo de ambos partidos para intentar salvar la cara. Hoy pierde Alicante, otra vez", ha manifestado.

También se ha manifestado el grupo municipal de Compromís. Su edil Sara Llobell ha emplazado al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a convocar una sesión de la comisión Puerto-Ciudad para abordar una posición común frente al proyecto de los depósitos. "Acabamos de conocer que el TSJ ha inadmitido el incidente de nulidad planteado por el Ayuntamiento respecto de silencio administrativo de la licencia de los macro depósitos. La verdad es que es una mala noticia. Desde el grupo Compromís llevamos insistiendo mucho tiempo con este tema. Presentamos una pregunta en el pleno de diciembre para conocer cuándo se convocará la comisión Puerto - Ciudad, respuesta que no tuvimos tampoco en el último pleno al ser suspendido. Esperemos que se convoque la comisión Puerto Ciudad y esperemos que este problema se solucione. Es un problema de seguridad para la ciudad. No podemos permitir que se implanten unos depósitos en el Puerto de Alicante y esto tiene una solución que podría haberse tenido en cuenta hace mucho tiempo, cuando el Ayuntamiento hubiese resuelto la licencia administrativa. Estamos en esta situación por una inacción del Ayuntamiento de Alicante, por no contestar a esa licencia. Entonces creemos que el Ayuntamiento tiene que dar un paso al frente, tiene que hablar con la empresa. Tiene que comunicarse con los grupos de la oposición para hacer un frente común para evitar que eso pase, tal y como ya pasó con la Variante de Torrellano, seguir la misma estrategia", ha explicado.

Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, también ha valorado la providencia para apuntar que "como pasa con casi todos los temas de calado de esta ciudad llegamos tarde, llegamos mal o no llegamos. Y con este tema de los macrodepósitos volvemos a ver el patrón al que nos tiene acostumbrado el PP. Un equipo de gobierno ineficaz con las cuestiones que de verdad son de vital importancia para esta ciudad. Un equipo de gobierno que nunca ha tenido en cuenta la relación que debe haber entre la ciudad y su puerto". En este sentido, ha considerado que la providencia del TSJ "es otro nuevo varapalo tremendo para la ciudad. Pero de aquellos barros, de su inacción, estos lodos, un proceso que puede acabar con la instalación de macrodepósitos en el puerto". En ese contexto, Copé ha asegurado que la confluencia apoyará "los intentos de la Plataforma por un Puerto Sostenible y de Ecologistas en Acción por paralizar esta verdadera barbaridad y evitar a toda costa la instalación de estos macrodepósitos en el corazón de nuestra ciudad".