ELCHE. La Fiscalía Anticorrupción, la única parte acusadora en el caso de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola, analiza el fallo que absuelve a todos los acusados para ver si presenta recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía a Alicante Plaza, que han asegurado que esperan a un análisis minucioso del fallo para ver con qué argumentos se rebate la sentencia juidicial conocida este miércoles. La sección séptima de la Audiencia de Alicante considera que no ha quedado probada ninunga de las seis irregularidades planteadas por Anticorrupción, de ahí que haya absuelto a todos los acusados: el intendente de la Policía Local, José Miguel Zaragoza; el oficial Roque Miguel Alemañ; el agente Alfonso Aracil; a los ex concejales Antonio Pérez Huerta y Andrés García Baile y a los representantes del grupo de empresas Uniformes Riera. Por tanto, el fallo no ve base penal para condenar por prevaricación administrativa, fraude y malversación de caudales públicos, como sostenía el fiscal. 

A lo largo de una documento de 120 páginas, el tribunal considera que no hay pruebas para condenar a los acusados y que no ha quedado las tesis iniciales de la Udef de la Policía Nacional, que fue quien inició la investigación y posteriormente la llevó ante la Fiscalía. Es decir, que no ha quedado probado que Unidepol S.L. y Polmuniform S.L. fueran empresas pantalla, como apuntaban los atestados policiales; no ha quedado probado que los acusados se concertaran entre sí para que el suministro de la uniformidad de la Policía Local de Santa Pola no superara el límite de 18.000 euros, y así poder adjudicar directamente los contratos menores a las empresas Manufacturados Redován S.L., Unidepol S.L y Polmuniform S.L, como se podía presuponer de los correos interceptados; no ha quedado probado que los funcionarios policiales José Miguel Zaragoza Fernández, Roque Miguel Alemañ Bonet, Alfonso Aracil Más y el concejal de policía Antonio Pérez Huerta, actuaran en connivencia con los representantes de las empresas y que la uniformidad y complementos objeto de los cuatro contratos menores analizados fueron entregados, según recoge el texto de la Audiencia Provincial.

A la espera de la decisión de la Fiscalía, queda pendiente otra causa judicial, con los mismo acusados, pero referidos al grupo de empresas Gil de los Rios, cuya vista estaba prevista para el mes de octubre de este año, y que debe dilucidar si existe ilícito penal entre las mercantiles y los agentes y ex ediles acusados y los contratos que se firmaron durante esa etapa, muy coincidente con la analizada en la sentencia ahora publicada.