VALENCIA. Un total de 17 empresas se han presentado a las licitaciones convocadas por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para la construcción de más de 400 viviendas en protegidas en los municipios de Elche, Alicante, Gandía, València y Sant Joan, según informan fuentes de la Generalitat, a través de un comunicado.

Esta actuación se enmarca en el Plan Vive de la Comunitat Valenciana creado por el Consell y cuyo objetivo es la movilización del suelo público disponible, tanto autonómico como municipal, para la construcción de vivienda protegida. En ese sentido, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha destacado la importancia de estas licitaciones que dan "un gran impulso al desarrollo del Plan Vive”.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por el número de empresas que han presentado ofertas y que en el caso de la promoción prevista en Sant Joan han sido ocho. Susana Camarero ha resaltado el esfuerzo del Consell "por poner en marcha iniciativas que resulten interesantes al sector de la construcción y que al mismo tiempo ayuden a dar una respuesta efectiva a una de las principales preocupaciones de la ciudanía, como es el acceso a la vivienda".

Durante el mes de diciembre la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), puso en marcha el proceso de licitación para la construcción de más de 1.600 viviendas de protección pública mediante colaboración público-privada a través de permuta de obra futura. "Fue un compromiso adquirido por el Consell y así lo cumplimos", ha declarado la vicepresidencia.

Esta semana han finalizado los plazos de presentación de ofertas de siete de estas licitaciones. Es el caso de Elche, donde se han presentado dos empresas para la construcción de 73 viviendas protegidas en una parcela situada en la calle Abogados de Atocha, 5, en el barrio Los Palmerales. A la licitación de Gandía, donde se prevé alzar 37 viviendas en la calle Proyecto C1, se han presentado cuatro empresas.

La ciudad de Alicante suma un total de 191 viviendas distribuidas en tres zonas. A la licitación de Garbinet (previstas 15 viviendas en la calle San Miguel de Salinas) se han presentado dos ofertas, en Ciudad de la Luz (57 viviendas en la calle Tormos) tres empresas y en Rabasa (176 viviendas en varios puntos), dos empresas.

Esta semana también ha concluido el plazo de presentación de ofertas de las licitaciones en Sant Joan, donde se prevé construir 70 viviendas en la calle Comtat de Fabraquer. En este caso se han presentado ocho empresas. Por último, la licitación para construir 61 viviendas en València, en la calle Joan Castaño y calle Canal, ha recibido dos ofertas.

A lo largo del mes de marzo finalizará el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas a otros concursos similares en poblaciones como Sagunto, Castellón de la Plana, Vila Joiosa, Xàbia, Torrevieja y San Vicente del Raspeig. El plazo aproximado de resolución por la mesa de contratación de este tipo de ofertas recibidas es de tres meses.

Permuta

Las empresas que resulten adjudicatarias en los diferentes procedimientos de licitación entregarán a las administraciones, en concepto de permuta, un número determinado de unidades de vivienda. Con ello, las administraciones incorporarán a su parque público vivienda asequible. Uno de los pilares básicos del Plan Vive es la colaboración de los ayuntamientos y la Generalitat con el fin de movilizar y poner a disposición la mayor parte del suelo público disponible.

Camarero ha asegurado que desde la Conselleria de Vivienda "se continúa trabajando en los estudios técnicos y económicos de solares ofrecidos por otros ayuntamientos, lo que permitirán alcanzar nuevas licitaciones en distintos municipios de la Comunitat".

El objetivo del Consell es dar respuesta a la falta de vivienda, que principalmente afecta a determinados sectores de la población. Fuentes de Vivienda apuntan que con el nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) de la Generalitat se reserva un 40 % de viviendas protegidas a jóvenes de hasta 35 años y se ajusta la renta para facilitar el acceso a estos inmuebles.