VALÈNCIA. La opinión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no era "necesaria" para la Generalitat en la toma de decisiones del Cecopi durante el pasado 29 de octubre, jornada en la que la Dana que asoló el sur y oeste de la provincia de Valencia inundó decenas de municipios y causó al menos 225 víctimas mortales y la desaparición de otras tres personas. Así lo entiende la jueza encargada de la causa penal de la Dana en uno de los dos autos notificados este lunes en el que analiza gran parte del desarrollo de la jornada de la catástrofe. 

La instructora solicitó información a la Generalitat Valenciana sobre si se produjo un receso durante la reunión del Cecopi, tal y como habían indicado varias voces en las últimas semanas. La administración autonómica respondió a través de un informe enviado por parte del Director General de Emergencia y Extinción de Incendios, Alberto Javier Martín, en el que se reconoce que hubo un receso durante el que se desconectaron aquellos miembros que estaban presentes de manera telemática para pasar a un "periodo de trabajo exclusivamente presencial". No obstante, según la respuesta de la Generalitat, no hubo "corte alguno" de la videollamada. 

Durante este lapso de tiempo se produjo el debate sobre qué medidas debían tomarse ante la posibilidad de rotura de la presa de Forata, que había sido advertido por la CHJ. Según el informe remitido a la jueza, se valoró "por los técnicos" presentes en el órgano la posibilidad de comunicación a través de los medios previstos en el Plan Especial de Inundaciones, así como "la posibilidad de enviar un mensaje Es-Alert". "Es en el momento en que se recibe en el Cecopi la llamada del secretario de Estado, Hugo Morán, quien sitúa el riesgo de rotura de la presa de Forata como inminente una hora antes incluso de lo advertido en la propia reunión, cuando se materializa el envío del ES-Alert", remarca el informe firmado por Alberto Javier Martín. 

La instructora considera que la respuesta emitida por parte de la Generalitat no se trata de "una contestación explícita a lo solicitado" y que el informe del alto cargo de la Conselleria de Emergencias e Interior "se extiende respecto de cuestiones no específicamente solicitadas". Además, tilda de "eufemismo" el concepto "periodo de trabajo exclusivamente presencial", que en la práctica supuso "apartar" a la CHJ de la toma de decisiones por parte del Cecopi en el momento en el que se envió a la ciudadanía el mensaje ES-Alert. Una decisión que, a su juicio, "solo se puede entender desde el convencimiento de que la decisión era una cuestión autonómica y que no se precisaba información adicional de la CHJ, apartando dicho órgano de dicha deliberación". 

Había "sobrada" información sobre la situación

El auto prosigue en que, por tanto, el "problema no residiría en la ausencia de información", puesto que "la había sobrada", y tampoco en si ésta venía de órganos de la administración central o autonómica. En este sentido, apunta a varias posibles razones: que la información fuera  "ignorada", "no se comprendiera su alcance", "no se supiera por donde discurría el barranco del poyo" o "no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión". Es por ello que considera que "las circunstancias del retraso" en la toma de medidas ante la situación "deberán ser averiguadas". 

De hecho, recuerda que entre las funciones del 112 se incluye "alertar con rapidez" y proporcionar información actualizada a los servicios dedicados a la resolución de una emergencia. Por tanto, ve "nuevamente extraño que se pretenda descargar en los técnicos el contenido del mensaje", así como "el conocimiento y operatividad del sistema ES-Alert". La jueza, además, recuerda al Consell que esta herramienta no es el único medio "para alertar a la población": "Mensajes a través de la televisión, la radio y de los diferentes medios que tienen ediciones digitales, hubieran sido igualmente útiles", remarca. 

La CHJ informó sobre la "gravedad" con "antelación suficiente"

Por otro lado, la jueza considera que hubo diversos "anuncios de la gravedad de la situación" en diferentes ámbitos y con "una antelación suficiente". Entre ellos, cita a la CHJ, organismo que remitió al juzgado un informe firmado por su presidente, Miguel Polo, en el que indicaba que durante el 29 de octubre se dispuso de información a la que se podía acceder a través del sistema integrado SAIH, así como a través de dos correos electrónicos que envió la entidad. En este sentido, la instructora señala en el auto que no se puede "alegar un desconocimiento" del SAIH ni de la posibilidad de acceder al mismo por parte de los responsables de emergencias del Gobierno autonómico. 

Tampoco cree que se pueda "de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo" y remarca que se debía atender a la información que proporcionaba el SAIH, a la que el Centro de Coordinación de Emergencias podía acceder a través de una aplicación que estaba a su disposición, según explicó la CHJ a la jueza en el citado informe. 

Otra cuestión, indica la instructora, es que los responsables "desconocieran" los municipios por donde transcurre el barranco del Poyo y que "podían verse afectados por un caudal ascendente. Sobre ello, explica que los periodistas que cubrieron la catástrofe sí conocían estas localidades y que no eran necesarios "especiales conocimientos técnicos" para saberlo. Además, la jueza indica que, "independientemente" de todo ello, "el SAIH envió igualmente junto con los datos pluviométricos, correos electrónicos en los que se superaban los umbrales de lluvia".