ALICANTE. El Cádiz anunciaba este domingo su intención de solicitar a la Junta de Andalucía autorización para disponer de un aforo de 5.000 espectadores en el estadio Ramón de Carranza con motivo del partido que le enfrentará al Elche la tarde del día 16, correspondiente a la jornada 37 en Primera División.
Ahora bien, se trata de una petición que debe caer en saco roto, toda vez que la primavera pasada los gobiernos de las Comunidades Autónomas (CCAA) 'cedieron' parcialmente al central la competencia en esta materia (aforos) en lo que al fútbol y baloncesto profesional se refiere.
Primero el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y luego la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, consagraron ese peculiar traspaso o renuncia de las CCAA a ejercer una competencia que la Constitución les reconoce (artículo 148).
Vaya que la Junta de Andalucía solo puede desestimar la petición del Cádiz, invitándole a presentarla ante la ventanilla del Gobierno Central y más concretamente del Consejo Superior de Deportes, el brazo del ejecutivo de Pedro Sánchez en el deporte y que junto al ministerio de Sanidad, aprovechando las pocas ganas de las CCAA de meterse en líos hace un año, es el gran responsable de que los partidos de la Liga de Fútbol Profesional y de la Asociación de Clubes de Baloncesto se jueguen a puerta cerrada, mientras sí se disputan con público en las gradas (aforos reducidos, pero en algunos casos superiores a los 5.000 que pide el Cádiz) en las categorías inferiores del fútbol y el baloncesto español como la Segunda B o la LEB Oro, en la Liga Asobal y en algunas competiciones internacionales que se disputan en España (en las que no participan equipos de fútbol y baloncesto que compiten también en categoría profesional).
