ALICANTE. Había expectación en el encuentro convocado para este jueves, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y los representantes de colectivos empresariales -CEV y Cámara de Comercio- y de estudios -Ineca- sobre el impacto de los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Alicante. Pero pese a la actitud pedagógica de Pilar Bernabé, que halló las telarañas de las cuentas referidas a Alicante, con otros 75 millones de euros sobre la mesa, los empresarios no bajan la guardia en sus reivindicaciones y quién sabe si en las movilizaciones. ¿La razón? No es que no les convencen estas cuentas, que no; tampoco el fondo extra pactado entre Ejecutivo central y Generalitat, sino que llueve sobre mojado: los empresarios afean a Bernabé que la provincia de Alicante acumula un déficit inversor de 3.500 millones de euros, por la dejación de función de los últimos años, y que además, la provincia tiene que atender servicios por más población que la tiene; es decir, la población flotante, que la Cámara de Comercio cifra en 975.000 euros más. Es decir, que la provincia recibe menos inversión de la que le corresponde, aporta más al resto del Estado, pero más población usa de sus deficientes infraestructuras.
Da la sensación de que aunque las cuentas estatales referidas a la provincia de Alicante hubieran incluido 300 millones (por decir alguna cifra), el desenlace iba a ser el mismo: poner el foco no en las paupérrimas cantidades actuales, sino en el déficit acumulado desde la etapa de Mariano Rajoy. Así lo resumieron las tres organizaciones sectoriales después de la reunión mantenida este jueves con Bernabé a través de un comunicado: "La discriminación que sufre la provincia es muy grave y viene de muy lejos, hasta quince años atrás de déficit acumulado, por lo que no tenemos otra opción que tratar de modificarla por todos los medios a nuestro alcance hasta que realmente veamos cambios materiales en el buen camino”, vinieron a resumir.
La retórica de las familias y la ingente cantidad de dinero incluido en el presupuesto ordinario no convence. Tampoco el desengranaje de algunos recovecos de las cuentas ofrecido por la delegada gubernamental. Pilar Bernabé fue partida por partida, incluidas las que se colaron en las cuentas de la provincia de Valencia pero que debían estar en Alicante, como las inversiones de Acuamed en la planta de Torrevieja o en el trasvase Júcar-Vinalopó, o las ferroviarias, escondidas en los oceánicos presupuestos de Adif. Ni siquiera complace -como dijo la representante gubernamental- que los presupuestos vayan dirigidos, principalmente, según el prisma de socialistas y podemitas, "a familias trabajadoras, a las empresas y a los colectivos más vulnerables porque nadie debe quedarse atrás ante la situación que estamos viviendo". "La provincia de Alicante recibirá 10.115 millones de los 26.618 que percibe la Comunitat para hacer frente a las diversas partidas sociales, es decir del 38% del total", defendió la disciplinada Bernabé.
Pilar Bernabé 'aflora' 75 millones de inversión hídrica y ferroviaria no asignada a Alicante
Los empresarios agradecieron la buena predisposición de la delegada, pero insistieron en que llueve sobre mojado. El presidente de la Cámara, Carlos Baño, ha insistido en que estos presupuestos "condicionan el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Alicante y, por tanto, nuestro futuro. Existe una deuda histórica que supera los 3.500 millones de déficit inversor, y con este proyecto de presupuestos no sólo no se intenta corregir ese agravio si no que se empeora la situación. Somos la última provincia en inversión per cápita, y eso sin contar una población flotante de casi un millón de personas, que no están empadronados pero que también hace uso de las infraestructuras y los servicios".
Pese a las diferencias exhibidas entre ambas partes, los empresarios sí que ofrecieron su predisposición a que las cuentas mejoren vía enmiendas, como ya ha anunciado el PSPV, o vía el fondo extra de la Generalitat Valenciana, que como ha anunciado el presidente Ximo Puig, que aportará 207 millones de euros para infraestructuras de Alicante. En este punto, ha reclamado otras dos cuestiones: por una parte, conocer la ejecución real de la inversión estatal en la provincia, y por otra, incluir en ese fondo extra distintos proyectos que, pese a no estar ahora incluidos, sí deberían figurar en estos PGE 2023 por lo avanzado de su desarrollo.
Además de los datos de inversión, que ha decrecido en los últimos años: el nivel de ejecución de las obras en marcha, que a juicio de los empresarios es muy bajo, CEV, Cámara de Comercio e Ineca han sacado a relucir otros argumentos para insistir en su postura de que la provincia de Alicante reclame lo que realmente aporta. Y ese elemento es la población flotante. Es decir, que la provincia de Alicante tiene 1,8 millones de habitantes de derecho, pero a ello hay que sumar los 975.000 personas que residente durante varios meses al año en sus municipios. A ello, habría que sumar, indica la Cámara de Comercio, los 10 millones turistas que cada año entran por el aeropuerto Miguel Hernández, y que también hacen uso de las infraestructuras y de los servicios de transporte. "Con estas cifras sobre la mesa, todavía es más necesario que la inversión en la provincia de Alicante se alinee con lo que aporta al resto de la Comunitat Valenciana y del Estado", ha indicado el presidente de la Cámara, Carlos Baño.
Desde el PSPV de la provincia de Alicante consideran que estas cifras de los presupuestos generales de Estado mejorarán con las enmiendas y el fondo extra anunciado por Ximo Puig. Así lo ha asegurado este jueves por la tarde, el secretario general, Alejandro Soler. "Estamos trabajando de forma coordinada con la Generalitat para mejorar los presupuestos y que ya hay un compromiso de trasladar 207 millones del fondo incondicionado que recibe la Generalitat de 300 millones. Respecto a las posibles movilizaciones de agentes empresariales, ha comentado que “acción primero y luego movilización” es decir, primero trabajamos en mejorar y revertir la situación vía enmiendas y vía acuerdos y después, si no hay mejora, movilización", ha concluido. Soler se ha mostrado convencido de que las cifras de los PGE mejorarán.
