ALICANTE. El servicio de transporte público en autobús de Alicante mantendrá el sistema tarifario actual en cuanto se adjudique la próxima concesión, lo que garantiza la continuidad del trasbordo gratuito regulado en el conocido como sistema TAM para aquellos usuarios que utilicen los títulos (bonos) compartidos para los autobuses urbanos, los interurbanos y el tranvía.
Esa posibilidad se mantiene a futuro, en función de lo previsto tanto en el Proyecto de Servicio Público (PSP), ahora en exposición al público para la presentación de alegaciones tras su aprobación inicial, este martes, como en el pliego de condiciones para licitar la prestación, ahora en su última fase de elaboración, según recalcaron fuentes municipales consultadas.
La continuidad de los trasbordos gratuitos queda asegurada, además, en un contexto en el que se trata de actualizar el convenio que regula el funcionamiento del sistema TAM (que no se habría renovado formalmente desde el año 2012), y en el que también se han iniciado conversaciones para avanzar hacia la conversión del sistema TAM en la creación de una zona metropolitana para el conjunto de poblaciones de l'Alacantí, de un modo similar a la que ya existe, por ejemplo, en la ciudad de València y los municipios de su entorno. Con ello, según las mismas fuentes, se lograría contar con una gestión unificada y coordinada. Y, además, se podría optar a la concesión de subvenciones por parte del Gobierno central en situaciones como la desencadenada como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, que ha generado un déficit de más de cinco millones en la prestación del servicio.
El Proyecto de Servicio Público (PSP), que ya está abierto a alegaciones, prevé que los microbuses para acceder al castillo tengan una salida cada 20 minutos durante el horario de apertura del baluarte y un refuerzo en días de crucero o de celebración de eventos
Al margen de ello, las principales novedades que se pretenden introducir a través de la nueva concesión (que parte con un presupuesto anual máximo de 17 millones por diez años de duración) ya quedaron detalladas este martes. Además de la ampliación de frecuencias y la modificación de algunos recorridos de las líneas preexistentes, se incluye la creación de una nueva línea (la 7P) para mejorar las conexiones con los polígonos de Las Atalayas y el Pla de la Vallonga, así como de una segunda línea (la número 28) con un recorrido circular en Playa de San Juan que enlazará con el Hospital Universitario.
De igual modo, se contempla la incorporación del Transporte a Demanda (TAD) con seis líneas para atender la movilidad de las partidas rurales: TAD1: San Vicente-Moralet, TAD2 San Vicente-La Cañada-Moralet-Villanueva-San Vicente, TAD3 San Vicente-La Alcoraya-Rebolledo, TAD4 San Vicente-Salar-Fontcalent-Alicante, TAD5 Alicante-Bacarot y TAD6 Villafranqueza-Tangel. También se incluye el nuevo servicio de lanzaderas para acceder al Castillo de Santa Bárbara, que se pretende prestar con microbuses con capacidad para 22 pasajeros y salidas cada 20 minutos desde la plaza de Gómez Ulla durante todo el año. Ese servicio se vería reforzado en los días de llegada de cruceros y en las fechas en las que se produjese algún tipo de evento especial, como congresos o espectáculos, según se detalla en el PSP.
Ese documento de planificación queda sujeto a posibles modificaciones tras la presentación de alegaciones, con la previsión de que el nuevo contrato pueda licitarse en el mes de julio, según concretó este martes el edil de Transportes, Manuel Villar (PP). Se trata de la fecha en la que se extingue la prórroga extraordinaria de dos años de duración concedida en 2019 a la empresa que ha asumido el servicio desde 1969: Masatusa (Grupo Vectalia). En principio, todo parece indicar que no se contará con un nuevo adjudicatario hasta principios de 2022. De ahí que el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) continúa trabajando en la definición de la fórmula jurídica más adecuada para prorrogar la continuidad del servicio de modo temporal, de modo que no se tenga que recurrir al mecanismo del reconocimiento extrajudicial de crédito para atender pagos no previstos o no contemplados en el presupuesto.
