A la derecha, el alcalde de Poble Nou de Benitatxell, Josep Femenia. POBLE NOU DE BENITATXELL. La guerra política sin cuartel en el que está inmerso el Ayuntamiento de Poble de Benitatxell no podía acabar de otra manera que con una moción de censura. Gobierno (el partido RED, PP y Pideb) y oposición (Compromís, AIM y un ex PP) llevan meses de tensión, con dos momentos álgidos: el intento de la oposición de arrebatar los sueldos al equipo de gobierno, paralizada por un informe del secretario de la Corporación, y la denuncia en Fiscalía por las 85 multas de tráfico sin cobrar, y de las que responsabilizan al alcalde, Josep Femenia. Hay que recordar que el actual Gobierno local de Poble Nou de Benitatxell está en minoría, con cinco concejales, frente a los seis de la oposición.
Así, que toda esa tensión se ha resuelto este jueves con la presentación de la moción de censura, que de prosperar relevaría Femenia (un ex Compromís) por el candidato de la coalición valencianista Miquel García. Pero no todo está tan claro: lo normal es que desde este mismo jueves se hubiera fijado la fecha para el debate, pero no. El secretario de la corporación no lo acaba de ver claro, sobre todo, por la participación del ex concejal del PP Toni Colomer, que al ser considerado edil no adscrito no podría suscribir el voto de censura. Pero los firmantes de la moción tienen argumentos para desmontar esa cuestión: aseguran que la expulsión de Colomer por parte de la dirección del PP no fue validada por el pleno municipal y entonces, Colomer sigue siendo concejal del PP, aunque haya sido expulsado por el partido, pero no del grupo municipal. Por tanto, en su opinión, podría suscribir el relevo en la Alcaldía.
Sin embargo, que la moción cristalice en los próximos días habrá que estar pendiente del informe que elabore y presente este viernes el secretario de la corporación, Jesús Ángel Castro Revoiro. En caso de que sea negativo, y que, por tanto, la moción se rechace, los firmantes del texot ya han anunciado que presentarán un recurso contencioso-administrativo, por lo que el desenlace no se sabe cuándo se resolverá.
En el pasado mandato, se presentó una moción de censura en Orihuela con las mismas dudas. Fue en 2013, cuando el PP, entonces liderado por Mónica Lorente, presentó una moción de censura contra el alcalde de Los Verdes, Monserrate Guillén, con el respaldo de dos concejales liberales, que se habían presentado en una coalición electoral, denominada Claro-Centro Liberal. Entonces, hubo muchas expulsiones dentro del grupo municipal, pero todas ellas adoptadas de forma unilateral, con lo que también se produjeron dudas acerca de la participación de dos concejales que habían unido sus votos al PP para tener la mayoría absoluta.
Entonces, se solicitó un informe al Consell Jurídic Consultiu, que estableció a grandes rasgos, las siguientes premisas: la expulsión de un concejal de un grupo municipal debe ser comunicada por su representante legal; debe comprobarse que se ha adoptado por el organismo competente, y el secretario de la corporación debe comprobar que se ha seguido el procedimiento adecuado para su toma en consideración en el pleno municipal.
Ante esta exposición de motivos, lo que dicen los firmantes de la moción es lo siguiente:
1) El Partido Popular no cumplió sus estatutos internos en la expulsión. En ningún momento se le abrió el expediente disciplinario, como manifiestan los llamados estatutos, ni se le respetaron sus derechos. Fue informado de la expulsión por burofax pocos días antes de que se celebrara el plenario sobre este punto. Sin darle lugar a réplica, ni a la comisión de garantías.
2) El PP entregó el comunicado de expulsión al secretario municipal, basándose en el artículo 134.4.d) de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. Este dice que debe ser el representante legal del partido quien comunique al secretario municipal la expulsión. Pues bien, "esta expulsión fue comunicada por el secretario general del PP provincial, que no es el representante legal del mismo".
3. Y como dice el informe del CJC, el comunicado de expulsión se tenía que haber elevado a pleno por el secretario municipal como "toma en consideración" para que el plenario pudiera comprobar que el expediente de expulsión se había tramitado cumpliendo la ley. Pues bien, "como se puede comprobar en la convocatoria, el secretario municipal lo elevó como Informe de Secretaría, incluyendo únicamente un documento, que era el comunicado oficial del PP", alegan los que respaldan la moción de censura.
Ante esta tesitura, todo hace indicar que serán los juzgados quienes decidan la situación del concejal Toni Colomer, clave para que prospere el voto de censura, a no ser que el informe de la Secretaría lo dejen bien claro.
