Las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent.ALICANTE. Ya hay cifras concretas para el nuevo rumbo que se pretende imprimir en la gestión de los residuos de Alicante. En primer término, la recogida selectiva del residuo orgánico (bioresiduos o restos de comida) que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs) prevé implantar a partir de enero de 2022 supondrá un coste adicional próximo a los 1,1 millones a lo largo de ese año, hasta que esa prestación queda incorporada en el nuevo contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos.
Con esos 1,1 millones adicionales, se deberá sufragar la extensión del contenedor marrón en todo el término municipal (el objetivo es disponer de 2.056), además de la puesta en marcha del refuerzo en el servicio que supone la retirada de esa fracción del residuo de manera separada. De este modo, los costes de esa parte del servicio actual aumentarán desde los 14,9 millones anuales regulados ahora, a más de 16. Así, como viene informando este diario, la incorporación de ese precio adicional requiere de la aprobación de un nuevo modificado del contrato que, además, quedará necesariamente vinculada a la concesión de una prórroga para garantizar la continuidad de la prestación, ya que su duración vence el próximo 31 de agosto.
En principio, esa prórroga prodría tener una vigencia estimada de un año y cuatro meses, ya que se espera poder incorporar un nuevo concesionario a principios de 2023, según los cálculos que maneja la Concejalía de Limpieza. Lo cierto es que el contrato actual, adjudicado en 2012 a la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica, contempla la posibilidad de que se concedan dos prórrogas de dos años cada una. No obstante, el equipo de gobierno podría tratar de buscar un acuerdo flexible, de modo que esa alianza empresarial siguiese haciéndose cargo del servicio solo por un periodo ajustado al momento en el que el nuevo contratista estuviese en condiciones de asumir el relevo.
El bipartito deberá ampliar el contrato para introducir el precio de la nueva prestación, además de la asignación de un plazo adicional de concesión a la UTE que asume el servicio
Eso sí, el precio al que se debe dar cabida a través del modificado del contrato no permanecerá invariable para sufragar la recogida separada del bioresiduo en los años sucesivos. De acuerdo con la proyección recogida en el Plan Local de Residuos (PLR), en el año 2023 (cuando se prevé disponer de ese nuevo adjudicatario) Alicante deberá destinar 19 millones para sufragar el servicio de recogida (la de todo tipo de residuos) hasta llegar a los 20,2 en 2027. En suma, con esa proyección, las mejoras que se pretende incorporar en esa vertiente del contrato supondrán que el servicio se encarezca de forma progresiva en cerca de 5,3 millones anuales más en el margen de los próximos seis años.
A esa cifra se le debe sumar el coste derivado de la prestación del servicio de limpieza, otra de las tres vertientes de la prestación actual (junto al tratamiento y eliminación de residuos), que el bipartito prevé licitar junto a la recogida de residuos en un mismo contrato. El contrato actual supone un coste anual de 37 millones, de los que la retirada de residuos representa menos de la mitad: los ya citados 14,9 millones. Hasta el momento se desconoce el importe definitivo de licitación conjunta de ambos servicios, aunque, como mínimo, ya se puede colegir que solo el servicio de retirada de desechos supondrá un desembolso de 160 millones a razón de un coste anual de 20 millones por ocho años de prestación: la duración que se prevé para ese nuevo concurso.
