ALICANTE. No está todo dicho en lo que respecta a la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) tendrá la última palabra después de que haya admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el colectivo conservacionista Ecologistas en Acción. Así se ha certificado este mismo viernes, con la emisión de un decreto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal autonómico en el que se comunica la aceptación de la impugnación y se insta al Ayuntamiento de Alicante a facilitar copia del expediente completo sobre la implantación de la ZBE con el objeto de someterlo a análisis.

Por el momento, la aceptación del recurso es un primer paso que solo viene a confirmar que el recurso cumple los requisitos formales para ser considerado. Será a partir de ahora, tras la remisión del expediente y la interposición de la demanda por parte del colectivo recurrente, cuando se evaluará si el proceso seguido para la implantación de esas normas de funcionamiento de la ZBE se ajustan al recorrido normativo adecuado y, en su caso, a los fines perseguidos con los que el Gobierno estableció su instauración para el conjunto de municipios de más de 50.000 habitantes. 

En principio, la pretensión del colectivo conservacionista es que acabe revocándose la ordenanza municipal reguladora aprobada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), con el respaldo del grupo municipal de Vox, con el fin de que vuelva a elaborarse un nuevo texto en el que se fijen condiciones que favorezcan un cambio en la movilidad urbana que sí conlleve la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. En esta línea, la asociación argumenta que "no se aplican las restricciones obligatorias de acceso a la ZBE en base a los distintivos ambientales de la DGT, y estacionamiento, establecidas en la normativa, RD1052/2022". Y sostiene, además, que con la regulación instaurada, "no se reducirán las 164.000 toneladas de CO2 al año" apuntadas en el proyecto, lo que supondría eliminar un tercio del total de las emisiones del tráfico rodado, según estima el colectivo recurrente.

Tres anillos sin nuevas restricciones

Como viene informando este diario, el régimen establecido a través de esa ordenanza no comprende la aplicación de límites a la movilidad adicionales, al margen de las restricciones que ya se vienen aplicando en el acceso al Casco Antiguo, en el que solo se permite la circulación de residentes y conductores con autorización especial desde el año 2010. De ahí que sólo se prevea penalizaciones en caso de acceso indebido a ese anillo ajustado a las calles del Casco Antiguo. Además, se configuran otros dos anillos en torno al perímetro del Centro Tradicional y sobre el eje de la Gran Vía en los que no se establecen restricciones, aunque sí se ha promovido actuaciones de reurbanización en ejes como el comprendido entre Gadea y Marvá que reducen la anchura de calzada para propiciar el calmado de la velocidad del tráfico y, por tanto, el consumo de combustible y la propagación de CO2, al margen de la puesta en marcha de otras medidas paralelas, como la incorporación de autobuses eléctricos e híbridos en la flota del servicio de transporte público municipal.

La ordenanza solo contempla que puedan activarse restricciones especiales en alguno de dos dos anillos en el supuesto de que se detecte un episodio de contaminación atmosférica puntual que haga necesaria la aplicación de limitaciones a la movilidad para los vehículos provistos de motor de combustión. Para determinar la existencia de esas posibles situaciones de polución, se ha desplegado una red de estaciones de medición que registran la calidad del aire en tiempo real, según precisa el proyecto de implantación de la ZBE aprobado por el equipo de gobierno el pasado diciembre.