BENIDORM. La sección segunda de la Audiencia provincial de Alicante ya ha puesto fecha al inicio del juicio oral para investigar supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del anterior gobierno socialista del Ayuntamiento de Benidorm. Comenzará el 6 de noviembre y continuará en diciembre los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de diciembre.

Así lo recoge el auto judicial al que ha tenido acceso Alicante Plaza y que después de más de una década pone la primera certeza, la fecha, sobre una causa que se remonta a hechos de 2010. Los encausados son los exediles socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, y seis técnicos municipales imputados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.

Fue en octubre de 2023 cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm dictó apertura de juicio oral a petición de Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). Desde entonces, estaban a la espera de que la Audiencia determinara la fecha del juicio.

Anteriormente, varios de los imputados habían presentado recursos para evitar la apertura de juicio oral solicitando que se declarara prescrita la causa, a lo que la Fiscalía Provincial de Alicante se opuso. Tal y como ha ido publicando este diario, los acusados se enfrentan a penas de ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa y de cuatro años y seis meses de prisión por malversación.

15 años

Todo comenzó con la Relación de Puestos de Trabajo de 2010, que fue aprobada en el pleno a pesar de un informe en contra de Intervención. En el documento se incluía la subida salarial que conllevaba un incremento de la masa salarial del personal del Ayuntamiento superior a la máxima autorizada para ese año. En la denuncia argumentaban que "se crearon y cubrieron determinadas plazas cuya urgencia y necesidad no estaba justificada". 

Además, la acusación incidió en que era "un elevado número de plazas de personal laboral temporal", hasta 43, sabiendo que en ese momento había impuestas restricciones por ley ante la crisis económica de los ayuntamientos, incluido el de Benidorm. Así, cuando la tasa establecida para el personal funcionario de nuevo ingreso era de tres, fueron trece los que se incorporaron, lo que, según se denuncia, produjo un desajuste en la partida presupuestaria de personal de 4,5 millones de euros.