La empresa familiar pide "medidas urgentes" para finalizar la huelga de transporte

ALICANTE. La Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante (Aefa) ha solicitado este lunes la "adopción de medidas urgentes que pongan fin a la huelga de transporte" para evitar que un gran número de empresas afectadas por este paro tengan que cesar en su actividad de modo obligatorio en los próximos días en el caso de que la situación persista. La petición se enmarca dentro de una acción impulsada por las delegaciones territoriales de empresa familiar de España.

Aefa pide también el cese inmediato de la violencia y las coacciones de los "piquetes violentos" hacia el sector del transporte, para permitir que sigan trabajando a aquellos transportistas que así lo decidan.

Según destacan los empresarios familiares, las empresas de la provincia de Alicante se encuentran en un momento muy tensionado tras la crisis sanitaria, seguida de la falta de suministros, inflación y la alarmante subida del coste de la energía. Alertan que además, se están produciendo tensiones muy fuertes de tesorería por incrementos de producción que no se pueden vender y que también están generando subidas de costes, debido a la falta de espacio físico para almacenar esta mercancía.

"Aefa comprende la posición de los transportistas dada la situación límite que viven debido a los sobrecostes del combustible, pero expresa su rechazo a la violencia de los piquetes", señala el comunicado.

Por ello, y ante las graves consecuencias que está causando la huelga del sector del transporte a empresas y ciudadanos, la asociación reclama las siguientes medidas: reducción inmediata de los impuestos vinculados a los costes energéticos (luz, gas, combustible); desvincular el gas del actual sistema del pool energético e incentivar los sistemas de autoconsumo; habilitar líneas de financiación específicas (por ejemplo, a través de ICO, según se hizo al inicio de la pandemia); visión de estado y gestión de los altercados de manera global en toda España, protegiendo el derecho a trabajar de las personas que así lo deseen; seguridad de las Fuerzas y Cuerpos del Estado en los puntos críticos de estos actos vandálicos.