La Dipu contra Àpunt

La Diputación de Alicante vuelve a la carga. En su afán por reivindicar su propia supervivencia como institución útil para salvaguardar los intereses de unos administrados por los que ya velan otras tres instituciones más, la local, la autonómica y la estatal, la Diputación alicantina ha anunciado que estudia recurrir el proceso de selección del personal de Àpunt por un “posible fraude”. Anonadada me hallo. Palabrita del niñojesús. Los servicios jurídicos provinciales deben estar saturados con tanto trajín. Por si no tenían bastante con el decreto del plurilingüismo y las competencias en Turismo y Deportes, ahora tienen que hincarle el diente al proceso de selección de una bolsa de trabajo que ya viene con fecha de caducidad: la convocatoria de unas próximas oposiciones libres para la contratación definitiva del personal.

Sin ánimo de crear polémica sobre el lenguaje políticamente correcto, a mi solo se me ocurre decir que “siempre salta un cojo con la pierna que cojea”. Esta es la misma Diputación que convoca procesos selectivos de personal tan transparentes como el de un periodista para el MARQ que se suspendió porque las cosas no salieron como estaban previstas. La misma Diputación que sacó a concurso una plaza para dirigir la comunicación del Patronato Provincial de Turismo, que ganó la que había sido jefa de campaña del entonces alcalde de Calpe y ahora presidente de la institución provincial, César Sánchez. Sí, este presidente que se plantea recurrir contra Àpunt es el mismo que fue denunciado por un delito de coacciones y malversación por, presuntamente, presionar a una periodista del gabinete de prensa municipal de Calpe para que colaborara en su campaña electoral.

Esta Diputación que se autoproclama “Gobierno provincial” se ha atrincherado en su Fort Apache particular para combatir jurídicamente al Consell en aquello que le concierne y también en lo que no. En su afán de resistencia, no duda en solicitar el apoyo del Séptimo de Caballería para que le ayude a ganar batallas partidistas como la del plurilingüismo y ha puesto a trabajar a destajo al TSJ. Ambos han acudido prestos en su auxilio aunque solo sea para ralentizar cualquier iniciativa política que no convenga a sus intereses de pequeño reino de taifas. Su mantra es que defienden "el destino de los impuestos de los alicantinos" pero a mi se me ocurren otros menesteres en los que emplear sus recursos. Ahí va uno, y se lo ofrezco gratis. Si la Diputación está tan preocupada por el bienestar de los alicantinos, que batalle contra las entidades bancarias que han abandonado esos pueblos pequeños cuyos intereses dice defender. Escribía el compañero David Martínez este pasado agosto que en la provincia de Alicante hay 40 poblaciones donde los bancos han hecho mutis por el foro dejando en la estacada a sus habitantes. Gente mayor, analógica, como se llaman hoy a los que no saben navegar por las redes, que se ven obligados a guardar su dinero debajo del colchón, como antaño, para cubrir sus necesidades cotidianas. Gente que tiene seguramente problemas de movilidad, que no dispone de vehículo propio y con una deficiente red de transporte púbico en el caso de que la hubiera. Gente de edad avanzada, con dinero en casa y sin fuerzas de seguridad en el pueblo son presa fácil para delincuentes de todas las calañas.

 Pero no, esa no es su guerra. Los bancos no conculcan los derechos de los ciudadanos a los que abandonan a su suerte. Lo que es realmente un atentado es un decreto de plurilingüismo para que todos los escolares alicantinos, desde Dénia a Pilar de la Horadada, acaben su etapa escolar dominando las dos lenguas oficiales de la Comunitat. Lo que no puede permitir la Diputación es una bolsa de trabajo de Àpunt en la que no puedan colocar a sus afines. Una institución pública que ha actuado como “coche escoba” para recoger a todos los desahuciados políticos de su partido en los últimos tiempos no puede consentir tamaña desfachatez. Y espérate tú que no se querellen contra el “Procés”.