Jiménez y González, sobre el 'caso contratos' de Alicante: de la tranquilidad a la legalidad

ALICANTE. La ronda de declaraciones acordada por el Juzgado de Instrucción número 9 sobre el denominado caso contratos de Alicante avanza con las primeras comparecencias por parte de los dos ediles investigados en la causa: el exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, y el todavía concejal de Infraestructuras, José Ramón González. Los dos han comparecido ante la titular del juzgado durante cerca de una hora cada uno en la que se han expuesto a las preguntas formuladas por los fiscales Anticorrupción y de la propia jueza instructora, en las diligencias abiertas a instancias de la denuncia presentada por el grupo municipal del PSOE por la presunta existencia de un delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos.

Ninguno de los dos ha ofrecido detalles concretos sobre el contenido de sus comparecencias, aunque, eso sí, han asegurado sentirse tranquilos y han defendido la legalidad de los procedimientos de contratación objeto de análisis. Se trata, en concreto, de los relacionados con cuatro actuaciones desarrolladas en la partida de La Alcoraya entre noviembre y diciembre de 2022 que se concertaron a través de las concejalías de Partidas Rurales e Infraestructuras: una sobre la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en el entorno de la plaza Manuel Giménez Pastor, otra sobre la reparación del escenario de la misma plaza, otra sobre el diseño de una pérgola a situar en el mismo espacio público y, por último, otra sobre la fabricación e instalación de dicha estructura.

El primer contrato se concertó a través de un concurso, mientras que los tres restantes se encargaron tras la convocatoria de tres procedimientos negociados en los que se solicitaron tres presupuestos distintos, aunque -tras la retirada de algunas de esas propuestas- acabaron concediéndose a empresas representadas por conocidos de Jiménez en el ámbito de las Hogueras. 

Por lo pronto, al término de su declaración, Jiménez se ha limitado a asegurar que se encontraba "tranquilo" y "muy contento" sobre el desenlace de sus explicaciones, sin ampliar ninguna información adicional antes de abandonar el Palacio de Justicia de Benalúa.

El edil de Infraestructuras declara que el procedimiento seguido "no" es habitual, aunque recalca que está "validado"

Por su parte, González ha asegurado que todas las preguntas que se le han formulado habían girado en torno a la habitualidad del procedimiento de contratación seguido para la concertación de esos contratos, promovidos desde las dos áreas, Fiestas e Infraestructuras, y pagados con cargo a los fondos de este último departamento. Al tiempo, ha señalado que él ha vuelto a reiterar la posición mantenida hasta ahora en sus explicaciones previas, al sostener que "no sabía nada y que nada firmé". 

Además, ha señalado, respecto a la habitualidad del procedimiento, que el sistema seguido "no" era normal. "A mí esto no me había pasado en todos estos años", ha añadido. "A veces hay transferencias entre las concejalías, pero siempre se firman por los concejales y se fiscalizan desde Intervención, pero en este caso se pagó desde Infraestructuras sin transferencias", ha recalcado. "Se pagó un proyecto que se hizo en otra concejalía distinta", ha recalcado. En todo caso, ha señalado que el procedimiento "está validado" y que "la legalidad se presupone" desde el momento en el que los contratos contaron con el visto bueno del área de Intervención y del vicesecretario, según ha recalcado.

Al margen de Jiménez y González, este viernes también estaban citados a declarar un técnico del área de Infraestructuras que supervisó el procedimiento de contratación, el responsable de la empresa que construyó la pérgola, el arquitecto que la diseñó, otros dos arquitectos, además del interventor.