ALICANTE. La controversia política en el pleno del Ayuntamiento de Alicante estaba servida desde el momento en el que el grupo municipal de Compromís registró una iniciativa frente al transfuguismo, al calor de la salida forzosa del partido de los dos representantes de Ciudadanos (Cs) en la Diputación Provincial, Javier Gutiérrez y Julia Parra, que convirtió a ambos en diputados no adscritos. Y el debate de la propuesta no ha defraudado, con una votación final en la que los cuatro concejales de Cs presentes en el salón de plenos (su portavoz y vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, se ha ausentado de la sesión al permanecer en la feria de cruceros Seatrade Cruise) se han alineado junto a la bancada progresista para solicitar la devolución de las actas de sus dos exrepresentantes, frente a la posición de rechazo que han manifestado sus socios del PP.
De este modo, la propuesta -una declaración institucional, que carece de eficacia ejecutiva real- ha prosperado con el respaldo de diecisiete concejales: 9 del PSOE, 4 de Cs, 2 de Unides Podem EU y 2 de Compromís. Por el contrario, los 8 ediles del PP presentes en la sesión (todos salvo Carlos Mazón, que se ha ausentado poco después de la reanudación de la sesión tras el descanso para comer) y los 2 ediles de Vox han votado en contra.
La iniciativa -que ha cerrado el pleno de marzo, de ocho horas de duración- planteaba instar a "los dos diputados provinciales tránsfugas de Ciudadanos a devolver el acta para restaurar la estabilidad política e institucional a la Diputación de Alicante" y requerir, también, "a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo" para que lo actualice y lo dote "de rango legal". Se trataba de una propuesta con la que la coalición valencianista trataba de presionar a los populares para que se retratasen, teniendo en cuenta que el PP ha gobernado en la institución provincial gracias al apoyo de Gutiérrez y Parra y que, además, también comparten gobierno con Cs en el ayuntamiento. Y, a la postre, la iniciativa ha conseguido el objetivo político pretendido: que se evidenciase la división entre los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal, pese a que tanto el edil de Urbanismo y candidato de Cs a la Alcaldía, Adrián Santos Pérez, como el alcalde, Luis Barcala, hayan tratado de normalizar la discrepancia en sus respectivas intervenciones.
Por partes. El portavoz de la coalición valencianista, Natxo Bellido, ha abierto el debate en la defensa de la declaración institucional para aludir al edil, presidente de la Diputación y presidente del PPCV, Carlos Mazón, como "el campeón del transfuguismo", al citar los movimientos registrados en ayuntamientos de la provincia como el de Teulada o el de Agres, en los que el PP se ha valido del respaldo de tránsfugas para acceder al gobierno. En su discurso, no ha escatimado en críticas al señalar que "no podemos olvidar de quién es discípulo el señor Mazón", en alusión al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y a su apoyo en una tránsfuga para lograr la Alcaldía de Benidorm en los inicios de su carrera política. Además, ha vuelto a referirse a la participación de la exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, en la elección de Luis Barcala como nuevo alcalde, en abril de 2018, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. Así, tras esas referencias, no ha dudado en emplazar a los ediles de Cs a "ponerse la camiseta del partido y apoyar esta declaración".
En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha aludido a la imperfección del sistema que permite su perversión con el transfuguismo, sin llegar a anticipar cuál iba a ser su posición de voto. Acto seguido, el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha anticipado su respaldo a la propuesta tras recordar también a la figura de Eduardo Zaplana. Y también lo ha hecho la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, quien ha acusado al PP de "burlarse del pacto antitransfuguismo" para mantenerse en el poder, tras referirse a los ejemplos ya enumerados por Bellido y López.
Santos Pérez y Barcala tratan de deslegitimar la propuesta de Compromís tildándola de electoralista y le quitan trascendencia a la discrepancia
Para entonces, ya se había garantizado que la iniciativa iba a prosperar, durante el turno del representante de Cs. Santos Pérez ha iniciado su intervención recriminando a Compromís que haya registrado esta iniciativa "en lugar de aprovechar la posibilidad de plantear propuestas que solucionen los problemas de los alicantinos". En todo caso, ha sostenido que "nosotros firmamos un compromiso ético al ser elegidos cargos públicos y lo lógico es que exijamos la devolución de las actas". Así, ha garantizado su respaldo pese a considerar que "esto es una iniciativa de puro oportunismo político y no servirá para mejorar la vida de los ciudadanos".
De nada han servido las palabras de la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien ha tratado de deslegitimar el fondo de la propuesta al considerar que resulta incongruente que el ayuntamiento pida a otra institución que se reclame la devolución del acta a sus representantes, cuando, además, las actas son personales. "Ustedes lo que quieren es montar aquí un circo; y encima la iniciativa la trae Compromís, que gobiernan en Crevillent, el pueblo de Aitana Mas, y que han abrazado a un exconcejal de Esquerra Republicana", ha señalado. "¿Pero en calidad de qué han planteado esta propuesta cuando ustedes están hinchados de casos de transfuguismo", ha argumentado. "No sé como traen aquí este tipo de iniciativas; los alicantinos no son tontos, y ustedes los toman por tontos", ha concluido.
Por último, el alcalde no ha dudado en intervenir para zanjar el debate como cierre de la sesión para insistir en que "aquí lo que se ha traído es una iniciativa electoralista". En todo caso, ha tratado de quitar trascendencia a los efectos de la división del sentido de voto respecto a Cs al argumentar que "nosotros firmamos un pacto de gobierno para gobernar juntos que se ha cumplido, pese a que ha habido discrepancias puntuales", ha destacado. En este sentido, ha insistido en deslegitimar la propuesta de Compromís. "Comprendo que es el juego que tienen que hacer, sobre todo, los que tienen más difícil su supervivencia" y tienen que "ponerse a trabajar, que, después de muchos años, tampoco está mal", ha apostillado.
En cualquier caso, su intervención no ha evitado el resultado perseguido por el bloque progresista: que se plasmase la división en el seno del bipartito y que, además, se adoptase un acuerdo incómodo para el presidente del PPCV y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón.
No obstante, las tres formaciones de izquierda (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) no han logrado el objetivo pretendido con otra de las declaraciones institucionales de las debatidas a lo largo de la sesión: la que había registrado Unides Podem EU para pedir el cese de la edil de Acción Social y Educación, Julia Llopis. En este caso, el equipo de gobierno ha mantenido su unión y ha vuelto a contar con el apoyo externo de los dos concejales de Vox para tumbar la iniciativa.
Eso sí, se han vuelto a escuchar los argumentos ya conocidos entre los detractores y defensores de su gestión. En primer término, el portavoz de la confluencia, Xavier López, ha enumerado la relación de decisiones que ha considerado erróneas respecto al proceder de Llopis, entre las que ha enumerado la falta de atención a la población vulnerable o la inejecución de los colegios del Plan Edificant. Por ello, ha exigido "su cese o retirada de competencias", en un debate bronco en el que, según López, se ha escuchado al edil de Vivienda, José Ramón González, dirigirle un insulto, después de que el líder de la confluencia aludiese al suceso protagonizado por una mujer en las oficinas de la EVha de la calle Gerona, que había intentado quemarse 'a lo bonzo' tras arrojarse gasolina.
Por su parte, el representante de Compromís, Rafa Mas, ha reproducido parte de los argumentos expuestos por López, incidiendo en la devolución de subvenciones concedidas por la Generalitat "para crear un escudo social", entre otras cuestiones. Así, ha concluido instando a Llopis a "pedir perdón" a los ciudadanos. Por el PSOE, Lola Vílchez también ha considerado el comportamiento político de Llopis de "errático y peligroso para los intereses públicos" en todos los ámbitos bajo su competencia, desde Educación a Acción Social. "En una empresa privada estaría cesada o, mejor dicho, no la habrían contratado", ha señalado.
Por último, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha explicado por qué no se iba a retirar las competencias de su compañera de filas, después de desgranar decisiones y acciones emprendidas por Llopis como la concesión de ayudas de emergencia por más de 3,1 millones, la asunción de competencias delegadas por la Generalitat, o la atención a menores y a desplazados por la guerra de Ucrania. "La señora Llopis no ha dejado de trabajar por y para los alicantinos", ha defendido. Así, a la hora de la votación, se han registrado 13 votos a favor y 14 en contra, con lo que la propuesta ha quedado desestimada. Esta vez, sin intervención del alcalde, pese a que, en otras iniciativas precedentes similares en las que se ha planteado la reprobación de Llopis debatidas en otros plenos a lo largo del mandato, sí tomó la palabra para arropar a la edil.
La moción sobre el transfuguismo y la petición de cese de Llopis han cerrado una extensa sesión en la que se ha debatido sobre otros asuntos de calado como el conflicto del ruido, en el que se ha alcanzado un consenso casi unánime para iniciar la redacción de un Plan Zonal de Ruido con mediciones sonoras en el Casco Antiguo como paso previo a una hipotética declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) en paralelo a la aprobación de la ordenanza del ruido que se prevé elevar a debate en el pleno del mes de abril (el último del mandato).
Además, también se ha producido la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, para ofrecer explicaciones sobre el cierre de la escuela infantil municipal Siete Enanitos, desalojada tras el hallazgo de daños estructurales. En su intervención, el primer edil ha eludido toda autocrítica y ha defendido el proceder municipal, sin llegar a concretar la solución definitiva a medio plazo para reubicar a los alumnos matriculados en esa escuela.
De igual modo, en la sesión se ha desestimado crear una comisión para auditar la contrata de limpieza, otra para analizar la concesión de certificados de emergencia habitacional y otra más -precisamente- para abordar la planificación de las escuelas infantiles municipales, entre otros puntos. Al tiempo, en el turno de ruegos y preguntas, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha descartado la posibilidad de que se vaya a aplicar sanciones con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al insistir en que no conllevará la aplicación de restricciones de acceso.
Y entre el resto de declaraciones institucionales, se ha aprobado la declaración institucional promovida por PP y Cs por la que se insta a a la Generalitat a garantizar "una correcta y específica atención del Alzheimer y otras demencias así como que rectifique la nueva legislación autonómica que le afecta". La propuesta se ha aprobado con los votos de PP, Cs y Vox y el rechazo de los 13 concejales de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.
También ha prosperado una segunda propuesta de declaración institucional conjunta de PP y Cs por la que se acuerda exigir al Gobierno de España que rectifique y reduzca los plazos anunciados para la redacción del proyecto de la conexión ferroviaria entre Alicante y el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y la ejecución de la obra. Es decir, otra iniciativa relacionada con la construcción de la llamada variante de Torrellano: la enésima que se debate en el pleno municipal. Y ha quedado ratificada por unanimidad, después de que la bancada del centro-derecha haya denunciado la ausencia de inversiones en infraestructuras en Alicante, el retraso en su construcción y el temor a que la provisionalidad de la electrificación del trazado del ferrocarril en la línea de costa acabe convirtiéndose en permanente. Por su parte, el eje progresista ha cuestionado a los representantes de PP y Cs sobre las gestiones efectivas que pueden haber activado para demandar la ejecución de esa infraestructura.
La tercera de las declaraciones institucionales defendidas por PP y Cs también ha quedado aprobada igualmente por unanimidad. Se trata de una iniciativa para conmemorar los 125 años del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Sin embargo, no se ha aprobado la declaración institucional promovida por el PSOE por la que se planteaba "manifestar la idoneidad de declarar las partidas rurales de Alicante Zonas Saturadas de Residuos y que, durante la tramitación correspondiente, se suspenda el otorgamiento de licencias para actividades de tratamiento o vertido de residuos", como ha defendido el edil Raúl Ruiz, después de que hasta dos representantes vecinales de residentes de Fontcalent hayan trasladado las denuncias sobre la situación que se registra en la partida con la acumulación de escombreras, paso de camiones y la instalación del vertedero municipal.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha abogado por regular, en lugar de por prohibir, como argumento justificativo de su voto en contra. Y, además, como ha expuesto con carácter previo el edil de Vox, José Juan Bonet, la posibilidad de acordar una declaración institucional conjunta pactada y consensuada. A la postre, la iniciativa ha quedado rechazada con los votos de PP, Cs y Vox, frente a los 13 de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.
Tampoco ha prosperado la declaración registrada por Unides Podem EU por la que se planteaba que se convocase en una semana la comisión de Hacienda y el pleno para debatir y someter a votación el presupuesto municipal para el ejercicio 2023, antes de finalizar el mes de abril. Los portavoces de los tres grupos políticos del eje progresista, PSOE, Unides Podem y Compromís, han coincidido en recriminar la falta de capacidad y la falta de gestión del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs al no haber negociado para poder sacar adelante una propuesta de planificación económica.
La edil de Hacienda, Lidia López, ha explicado, en respuesta a los reproches de la izquierda, para apuntar, primero, que "en Alicante se ha celebrado la gala de los Soles Repsol", después de que el líder de Compromís, Natxo Bellido, haya hecho alusión a la captación de la gala de los Goya en Granada. Después, se ha dirigido al portavoz del PSOE, Miguel Millana, para anticipar que la nueva convocatoria de los bonos al consumo activada por la Diputación se pondrá en marcha en breve. Y, por último, se ha dirigido a Unides Podem EU para recriminarles que traigan a debate "esta iniciativa cuando ustedes no tienen ninguna intención de votar ni de participar en una negociación" tras recordar que la confluencia puso como condición para comenzar a hablar la retirada de la ordenanza de convivencia.
También se ha referido a esa condición el alcalde, Luis Barcala. "Cuando alguien no quieren ni sentarse a negociar, es muy complicado; la responsabilidad de que no tengamos presupuesto es suya, que han primado intereses electoralistas por encima del interés de los ciudadanos", ha señalado. Y, además, se ha referido también a la petición de dimisión de la edil de Educación, Julia Llopis, planteada por Compromís al calificarla como "lo más frívolo". En todo caso, ha asegurado que "sacaremos adelante los presupuestos" y las "modificaciones de crédito necesarias para sacar adelante las inversiones europeas". "Han hecho una apuesta complicada, que es la de negar los presupuestos a los alicantinos, que es una apuesta complicada", ha señalado. En último término, la iniciativa ha quedado rechazada con los 14 votos de PP, Cs y Vox, frente a los 13 votos de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.