Foto: J. J. GUILLÉN/EFEMADRID (EFE). La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que remitirá después del verano a las comunidades autónomas una nueva propuesta de financiación vinculada a la población ajustada y ha criticado que los gobiernos autonómicos sigan "parapetados en el modelo de máximos que cada uno defiende".
Sobre la creación de un fondo transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas, como reclama la Comunitat Valenciana, entre otras, la ministra ha señalado que primero han de ponerse de acuerdo las autonomías gobernadas por el PP y ha considerado que la cercanía de las elecciones autonómicas también aleja el consenso.
Después de que el 31 de enero concluyera el plazo para que las autonomías presentaran alegaciones a la propuesta de Hacienda para el cálculo de financiación según la población ajustada, Montero ha resaltado en una entrevista con EFE que Hacienda "no se ha quedado de brazos cruzados", ya que las transferencias a las comunidades y entregas a cuenta han continuado todos los años.
La población ajustada es el cálculo que se pretende hacer de cada territorio ponderando sus necesidades según determinados criterios, como la población envejecida o la dispersión de la población. El objetivo es medir el gasto de cada autonomía de acuerdo a esta variable.
"El Gobierno ha transferido los mayores recursos de la historia durante todo su mandato a las Comunidades Autónomas de manera consecutiva", ha dicho tras recordar la transferencia de 16.000 millones durante la pandemia, otros 13.000 millones al año siguiente y otros 7.000 millones extraordinarios fruto de la compensación del sistema de información del IVA (SII), "de una actuación con alevosía y nocturnidad del señor Montoro", en referencia al cambio en la gestión del IVA que hizo el exministro de Hacienda del PP, Cristobal Montoro.
Montero lamenta que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) las posiciones entre comunidades siguieran enfrentadas a la hora de encontrar una fórmula para financiar las autonomías según la población ajustada y ha criticado que las regiones gobernadas por el PP den incluso respuestas desiguales.
"La respuesta ha sido desigual dependiendo de que el PP gobierne en Galicia, Madrid o Andalucía. ¿El señor Feijóo está de acuerdo con lo que promueve el señor Moreno (en la comunidad andaluza), que es reparto por población? ¿El señor Feijóo esta de acuerdo con lo que promueve Díaz Ayuso respecto al reparto? Yo no escucho que Feijóo diga nada sobre los asuntos importantes del país", ha afirmado Montero, que ha pedido al PP desvelar su modelo de financiación, que debe ser votado en el Congreso.
La ministra ha recalcado que desde que gobierna Pedro Sánchez, Hacienda ha transferido más de un 40 % añadido de recursos a las comunidades de los que se transfirieron durante el gobierno de Mariano Rajoy: "178.000 millones de euros más son los que se han repartido en estos últimos años; por tanto, no nos hemos cruzado de brazos", ha incidido.
No obstante, ha sido tajante al añadir que la reforma de la financiación autonómica debe tener un elevado consenso, y el gobierno socialista seguirá trabajando.
"Lo haremos una vez que se revaliden los resultados electorales en 2023 para que tengan las administraciones territoriales las garantías", ha puntualizado.
Por otra parte, en cuanto a la creación de un fondo transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas, como reclaman la Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, la ministra ha señalado que primero han de ponerse de acuerdo las autonomías gobernadas por el PP y ha considerado que la cercanía de las elecciones autonómicas también aleja el consenso.
"¿El señor Feijóo pretende no decir nunca nada hasta las elecciones generales? No está capacitado para dirigir un país si no tiene opinión sobre los problemas y no se quiere mojar", ha rematado.
Montero ha asegurado que ya negocia con sus socios parlamentarios los futuros presupuestos de 2023, que defiende que se aprobarán porque "si el Gobierno de España está poniendo encima de la mesa las cuentas públicas es porque tiene confianza en poder llevarlas adelante".
La ministra ha avanzado que ya ha tenido "conversaciones con algunos de los socios parlamentarios para poder promover" los futuros presupuestos, unos contactos que se extenderán durante los meses de agosto y septiembre.
La pasada semana, el Gobierno aprobó el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio y ha iniciado "las conversaciones con Podemos para aprobar en tiempo y en forma el proyecto de ley", lo que supondría llevarlo al Congreso antes de que termine septiembre.
Posteriormente, la ministra prevé dialogar con "el conjunto de socios que normalmente aprueban las cuentas públicas", aunque matiza que ya ha mantenido "conversaciones" con el PNV y ERC en el marco de la aprobación del techo de gasto y la referencia de déficit autonómico.
De lograr aprobar las cuentas del próximo año, 2023 sería el tercer año consecutivo que arranca con presupuestos aprobados. Los dos anteriores superaron el trámite en el Congreso con los apoyos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe.
En el marco de estas negociaciones, Montero abre la puerta a que se puedan incorporar a las futuras cuentas algunas medidas fiscales, siempre que sean compatibles con las políticas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.
"No descarto que se puedan incorporar algunas medidas", señala, y alude específicamente a la bajada del IVA para los productos de higiene íntima femenina y a "toda la parte medioambiental".
Sin embargo, afirma tajante que retomar la propuesta de equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina "en este momento no sería razonable", aunque no descarta "hacerlo a lo largo de la legislatura, una vez que pase el nubarrón" de la guerra en Ucrania.
Los presupuestos tampoco incorporarán la deflactación de la tarifa del IRPF -el ajuste de los tramos a la subida de salarios derivada de la inflación- porque "las bajadas masivas de la fiscalidad están contraindicadas" para contener la inflación, ya que pueden provocar "efectos de segunda ronda que puedan cronificar una situación que a priori es transitoria".
Con respecto a la subida de los salarios de los empleados públicos, Montero insiste en su intención de incluirlos en el futuro pacto de rentas, al tiempo que asegura que, de no ser posible, negociará con los sindicatos la actualización que tendrá que ser "muy prudente" para evitar efectos de segunda ronda.
La inflación será uno de los aspectos clave que marcarán la política económica de los próximos meses, lo que afecta también a los presupuestos, pero Montero trabaja sobre la perspectiva de que las medidas adoptadas hasta ahora sean eficaces y, "ojalá", la guerra en Ucrania haya finalizado a final de 2022.
A pesar de ello, la ministra deja la puerta abierta a "reeditar algunas de las medidas" implementadas hasta ahora para atajar la inflación -entre las que figura la bonificación a los carburantes o la bajada de los impuestos eléctricos- más allá de diciembre o a modificarlas.
"Si cuando se acerque diciembre es necesaria la prórroga de alguna de ellas, así lo haremos", zanja.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
