Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El encarecimiento de las materias primas sigue azuzando a la construcción. Si la pandemia provocó una fuerte tensión en la cadena de suministros, la invasión de Ucrania acabó agravando aún más una escalada inflacionista provocada por el imparable ascenso del precio de los materiales, el combustible, el gas y la energía. Un escenario que está dificultando la actividad de muchas empresas del sector, incapaces de asumir esos sobrecostes en las obras. Y, en consecuencia, un centenar de licitaciones públicas se han quedado desiertas en la Comunitat Valenciana porque las compañías ven inasumible acometer los proyectos.
Lo cierto es que esta situación se viene arrastrando desde hace tiempo y la construcción lleva meses alzando la voz. El Gobierno aprobó dos decretos de revisión de precios para intentar compensar a las empresas, pero sin éxito. "No se ha revisado casi ningún expediente", denuncia José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval)."O sale un decreto nuevo o este otoño habrá un rosario de cierres y concursos de acreedores porque muchos no van a poder aguantar y las consecuencias serán terribles", advierte.
De hecho, según un estudio de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), más del 90% de las empresas constructoras no se han podido acoger a esa revisión de precios, lo que está provocando una cascada de licitaciones desiertas y una parálisis en el sector. Así, contratos como el mantenimiento de la señalización de tráfico y balizamiento del Ayuntamiento de València, la reforma del palacio de Calatayud o la gestión de la grúa de València se han quedado sin adjudicar por estar los precios fuera de mercado.
Incluso grandes compañías como Lantania ya admiten que renuncian a concursos públicos por la imposibilidad de acometer obras por el alza de costes. Y no son casos aislados. Según los datos de Fecoval, en la Comunitat Valenciana han quedado desiertas 99 obras públicas valoradas en 43 millones de euros solo en los primeros seis meses de este 2022, mientras que en todo 2021 fueron 118. Una cifra que ya se acerca a falta del segundo semestre del año.
Unas actuaciones sin adjudicar que suponen que el 4,1% de las 1.334 obras que se licitaron hasta junio de 2022 en la autonomía valenciana acabaron sin concurrencia; mientras que en el mismo periodo de 2021 eran el 1,92% - valoradas en unos 15,6 millones-. Un problema que afecta a actuaciones de diferentes Administraciones públicas: Estado, Generalitat Valenciana, Ayuntamientos y Diputaciones.
Por provincias, Valencia es la que acumula más desarrollos que se han quedado paralizados y sin ejecutar por los precios con 61 actuaciones sin concurrencia por valor de 27,2 millones. Le sigue Alicante con 29 obras desiertas por cerca de 14 millones; y Castellón con otros 9 concursos sin ofertas por valor de 2,5 millones de euros.
Las Administraciones con mayores problemas son los ayuntamientos, con 65 obras sin adjudicatario por cerca de 20 millones de euros, mientras que han sido 9 las licitaciones desiertas lanzadas por la Generalitat Valenciana por un montante que asciende a los cerca de seis millones. También ha sucedido la misma situación con 6 proyectos por 1,7 millones de las tres diputaciones y otras 6 obras de sociedades estatales por 1,4 millones de euros y que acabaron vacías, según los datos de Fecoval.
Según los datos del INE, en marzo la cerámica había subido un 40%, el aluminio un 55%, la madera un 16%, el cobre un 20%, los materiales siderúrgicos un 50%, la energía un 84% y el refino de petróleo otro 53%. Todo ello ha provocado un incremento del 30% en el precio medio de las obras.
"Es una ofensa para las empresas de nuestro sector que se tarden meses en articular una respuesta válida para un colectivo como el nuestro y que las medidas previstas dejen fuera a más del 95% de las obras públicas", critica también Francisco Zamora, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec). A su juicio, esta cifra refleja "la ineficacia" de los actuales reales decretos. "No dan solución a los problemas de las pequeñas y medianas de empresas de un sector que de cara a septiembre se enfrenta a una situación límite", alerta.
Por todo ello, desde la construcción reclaman una nueva normativa del Gobierno para asegurar las garantías de las empresas licitadoras y ganar "en eficiencia y agilidad administrativa". "Necesitamos que el Estado resuelva esta situación con un nuevo decreto porque muchas empresas no van a poder soportar esta situación", remarca Santa Isabel.
El empresario acusa a la Administración de "enriquecimiento ilícito a costa del sector" porque, según remarca, "la ley obliga a que los precios sean de mercado y también señala que si existe una causa extraordinaria, el contratista tiene derecho a un reequilibrio financiero que no se está produciendo". "Las empresas han creído en el Gobierno y han mantenido obras que de otra manera hubieran parado y ahora no se les revisa el expediente", insiste.
Para la patronal CNC la nueva norma de revisión de precios debe incluir las obras comenzadas a partir de enero de 2021, una rebaja al 2% del umbral del alza de precios necesario para aplicarse, la introducción de más materiales, que se compense también el precio de la energía -que puede representar hasta el 30% del coste total de la obra-, así como que se incluyan los contratos de servicios, conservación y mantenimiento, entre otras medidas.
