Imagen de archivo del polígono industrial de Benidorm. Foto: PEPE OLIVARES. BENIDORM. La finalización de la obra de urbanización del Polígono Industrial de Benidorm tiene un nuevo sobresalto. El coste supera en un 80% las cargas de urbanización estimadas hace 20 años. Así lo recoge la documentación a la que ha tenido acceso este diario, fechadas a mediados de este mes. El Ayuntamiento ha emitido varios informes técnicos y jurídicos en los que transmiten un mismo sentido: el convenio firmado no permite que se le repercuta a los propietarios más de 20%. Es por esto que informan al agente urbanizador que, o asume el sobrecoste, o puede renunciar a su condición.
Como ha venido explicando de largo este diario, en este suelo está proyectado el primer centro comercial de Benidorm. Pero para que se pueda desarrollar, hace falta que finalicen la urbanización del sector PP 3/1 'Industrial', además de la construcción del nuevo acceso a través de la rotonda y el Vial Discotecas.
El agente urbanizador es Terra Village Land, de los conocidos empresarios Enrique Ortiz y Enrique Ballester. El Ayuntamiento estaba pendiente de que presentaran el proyecto para la finalización de la obra. Por exigencias técnicas, le solicitaron que registrara dos documentos diferenciados, por un lado, el proyecto modificado en el que aclararan en qué grado de ejecución está la obra una vez se paralizó, y el de terminación, para conocer qué trabajos son necesarios para dar por terminada la urbanización, así como su coste.
El pasado 16 de septiembre de 2022 es cuando presenta el modificado, informándose favorable en su resolución por parte del Ayuntamiento el 14 de octubre. "Únicamente para dejar constancia de la obra de urbanización ejecutada por un importe de 14.184.624,92 euros, sin IVA", dice el escrito. El pasado 20 de enero es cuando presenta el de terminación, pero con resultado desfavorable.
En la retasación de cargas que solicita la empresa indican que asciende a 30.009.212,17 euros. "La cantidad que supere el 20% no puede repercutirse a las personas propietarias y deberá ser asumido por el urbanizador en virtud del principio de riesgo y ventura que rige la contratación administrativa", dicen los informes. A su vez, la solicitud de la revisión de precios sí que ha conseguido luz verde para actualizar el presupuesto acordado entre las dos partes. La Jefatura de Ingeniería informó favorable el pasado 16 de marzo en un informe el importe de 4.762.486,06 euros más.
Con todo, la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha elevado a la Junta de Gobierno Local una propuesta por la que transmitirán a la empresa todos los documentos mencionados, le dan 15 días para aportar el proyecto subsanado para someterlo a información pública, y piden a la promotora que entregue una memoria de la retasación de cargas. Finalmente, le recuerdan lo suscrito por el convenio respecto a la repercusión de las cargas a los propietarios, por lo que le dan dos opciones: que manifieste si asume el exceso o si renuncia a su condición de agente urbanizador, también en un plazo de 15 días.
Para llegar hasta aquí, el Ayuntamiento ha tenido que conceder varias ampliaciones de plazo "improrrogables". Según apunta el informe jurídico de la Concejalía de Urbanismo, con fecha 22 de marzo de 2023, el Plan de Actuación Integrada (PAI) se aprobó de manera definitiva en el pleno de enero de 2002. Se le adjudicó la condición de agente urbanizador a Benipoli SA, pero en abril de ese mismo año se le cede a Terra Village Land, creada por Ballester y Ortiz poco tiempo antes. El convenio urbanístico firmado cinco meses después registraba unas cargas de urbanización de 16.693.226,03 euros.
En aquellos momentos, la tramitación de los expedientes por parte de la promotora iban que volaban: en enero de 2003 se aprobaba el proyecto de urbanización. Sin embargo, una vez se paralizan las obras por falta de permisos en 2010, la obra se atasca.
Según relata el informe jurídico de Urbanismo, el 25 de julio de 2014 presentó el proyecto de urbanización, pero en abril de 2015 se informó desfavorable por parte de los técnicos municipales. Desde ese momento, dice, se le trasladan a la empresa "sucesivos requerimientos" para la subsanación del documento, sin éxito.
En febrero de 2021, transcurridos más de cinco años sin respuesta, se le da un plazo para aportar el proyecto: hasta la aprobación de la modificación número 1 del PP 3/1 Industrial. Pero éste se aprueba de manera definitiva en agosto de ese mismo año sin que entreguen la documentación, por lo que se le da otros 15 días "improrrogables" y se le apercibe de que "en caso de desatender el requerimiento esta administración podrá proceder a su ejecución subsidiaria, además de la imposición de las penalidades legalmente previstas, o el inicio del procedimiento de resolución contractual de la condición de agente urbanizador".
Vencido el tiempo de más, Terra Village Land solicita "extemporáneamente la ampliación del plazo de otros tres meses", que transcurrido, incumple, según constata el técnico.
En aquel tiempo, el Consistorio reconoce que recibe escritos de los propietarios del suelo en los que solicitan información sobre el estado de la urbanización, la fecha de la reanudación de los trabajos así como las actuaciones municipales para requerir al agente que complete la obra. Unas peticiones que trasladaron a la empresa y para la que solo señalaron que Typsa se estaba encargando de la redacción del texto refundido del proyecto de urbanización y una vez se presente y apruebe, las obras se podrán reiniciar. En este sentido, la propuesta de la Concejalía de Urbanismo en 2022 explica que "el objetivo primordial" es levantar la paralización de la obra para que pueda desarrollarse, porque "beneficia a los propietarios y al conjunto de la ciudad de Benidorm, y al propio agente urbanizador".
Es por esto que en la Junta de Gobierno Local del 21 de marzo de 2022 vuelven a retomar el asunto. La propuesta aprobada en aquel momento afirmaba que el agente urbanizador había superado, sin cumplir, todos los plazos otorgados y haciendo caso omiso de los requerimientos municipales, sin justificar incumplimientos y sin informar sobre el plazo previsto para su cumplimiento. En base a ello, se le da otro plazo de 15 días "improrrogable", se le apercibe de que se pueda proceder a la ejecución forzosa, advirtiendo las penalidades a las que se enfrentaría así como la resolución contractual de la condición de agente urbanizador.
El 25 de abril de 2022 pide una nueva ampliación del plazo, que cumple "parcialmente", asegura el técnico. Es cuando presenta el proyecto modificado número 1 de urbanización. Se le vuelve a dar más tiempo en diciembre para presentar el de terminación, que entrega en enero, como ya se ha contado previamente.
El 16 de marzo de este año se le informó desfavorable el proyecto de terminación por las diferentes deficiencias que tiene que subsanar. Una vez complete este proceso y consiga el visto bueno, el técnico pide que presente una memoria justificativa de la retasación que dispara el coste de la obra.
Las obras comenzaron de manera oficial el 21 de septiembre de 2007. Desde entonces, han sucedido diferentes hechos que no han permitido su finalización. Además de los requerimientos que no han terminado de solventar desde la promotora, los permisos fueron los primeros en boicotear el proyecto. El 6 de junio de 2008, cuando solo se había ejecutado el movimiento de tierras, paralizaron los trabajos porque el Ministerio de Fomento no los autorizaba para continuar. El 7 de mayo de 2009 le dan luz verde, pero por poco tiempo. El 31 de agosto de 2010 la Junta de Gobierno Local vuelve a acordar la paralización, que se respalda tres días después con una resolución de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento que ordena la paralización total cuando se había ejecutado el 65%.
Finalmente, con los nuevos proyectos presentados, la suma de la obra realizada más la prevista para terminarla asciende a 30 millones de euros: un 80% más de los 16,7 millones de euros de coste de urbanización que se fijaron en 2003 y que ahora tendrá que justificar para iniciar la retasación.
