BENIDORM. Hasta 14 meses han esperado algunos propietarios de viviendas para obtener una respuesta a la solicitud de permiso para destinarla a alquiler turístico en la ciudad de Benidorm. Ese es el punto al que han llegado, según informan fuentes consultadas del sector. Y así lo corroboran las últimas comunicaciones del Síndic de Greuges, que en dos semanas ha solicitado al Ayuntamiento que responda a dos interesados abriendo sendos procesos en la entidad a cuenta de las quejas presentadas por no obtener respuesta a sus solicitudes de compatibilidad urbanística.
A principios de mes se dirigían al Consistorio para anunciarles que se había abierto una investigación por la reclamación de una empresa que llevaba más de un año esperando la resolución. En concreto, la presentó en la administración local el 26 de abril de 2023, pero en mayo de este año todavía no había obtenido respuesta, por lo que decidió acudir al defensor del pueblo. Esta semana han tenido conocimiento de un nuevo caso presentado por un particular que lleva esperando desde el 4 de diciembre para otros dos pisos. En teoría, el plazo para resolver no debería de superar el mes.
Sin embargo, estas mismas fuentes señalan que desde hace un año cuentan con retrasos de entre 12 y 14 meses para informar sobre las compatibilidades urbanísticas. Un permiso municipal que sirve para comprobar que el piso en cuestión es apto para destinarlo al alquiler de corta estancia. Requisito indispensable para que se puedan dar de alta en el registro turístico.
Estas fuentes consultadas señalan que las excusas que dan desde el Consistorio es que tienen déficit de personal. No obstante, inciden en que esto está provocando daños a las empresas gestoras legales e incluso está fomentando que algunas de ellas inicien su actividad sin tener todo en regla.
Preguntada sobre este asunto, la edil de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, lamentó que la Conselleria -en la anterior legislatura- cambió la normativa, requiriendo esta compatibilidad que es potestad de los municipios. En este sentido, explicó a este diario que Benidorm no solo tiene que resolver estas licencias, si no las que corresponden a otras actividades como bares, tiendas, etc. Además de declaraciones responsables, licencias de obras y otras cuestiones que se dirimen en el mismo departamento. Así, reseñó que se ha ido acumulando cierto retraso desde la jubilación del arquitecto municipal, para lo cual, han tramitado una comisión de servicios además de la plaza de arquitecto municipal para ampliar la plantilla actual. No obstante, ambos procesos siguen en marcha y no se han resuelto. Con todo, incidió en que se dará respuesta a todas las solicitudes pendientes.
Lo cierto es que el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Benidorm nunca se ha mostrado a favor de aprobar nuevas medidas para limitar esta actividad, ni por zonas, ni en edificios residenciales, ni de ninguna manera. Al contrario de lo que han hecho otros municipios vecinos, como son Altea o Polop, con signos políticos tan dispares: el primero gobernado por Compromís y PSOE en coalición, el segundo por el PP y la edil Ángela Fuster, no adscrita y anteriormente en Compromís. Pero también el ejecutivo del PP de la Vila Joiosa se ha comprometido a estudiar la situación. Al respecto, la edil del PP de Benidorm confirmó que no está en los planes del gobierno local acotar o tomar medidas al respecto.
Precisamente, hace dos semanas la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, explicó que están estudiando alternativas para desatascar estos permisos y "evitar colapsos en los ayuntamientos". Así, la idea pasa por sustituir o complementarlos con informes de las entidades colaboradoras en materia urbanística o ECUV. Con ello, además, apostilló que la habilitación dependerá del titular que la solicita, por lo que si se vende a terceros, tendrá que reiniciar el proceso.
