En defensa y en contra de Julià Álvaro

Es muy difícil en estos momentos salir en defensa de Julià Álvaro, el ya ex secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat, destituido el viernes, con la aquiescencia de su coalición, Compromís, esa UTE que conforman -no se sabe hasta cuándo- Bloc, Iniciativa y Verds-Equo. Su cese era un secreto a voces que Alicante Plaza ha venido contado con detalle: siempre es más fácil cargarse a un número dos que a un conseller, por aquello de tener que hacer una crisis de Gobierno. Supongo que algún día darán las explicaciones, pero Julià Álvaro se va, al menos, en la provincia de Alicante, con logros importantes -se esté de acuerdo o no con él-, y con algún debe que le sacará los colores al PSOE -sobre todo, en la Vega Baja- en la campaña electoral de 2019

El mayor botín de Álvaro es haber conseguido que el Puerto de Alicante entrara en razón en la descarga de graneles, algo que el bipartidismo siempre abominó y menospreció. Quizás por la raigambre que tenían las empresas que realizan esta actividad en la dársena o por la fuerza del colectivo laboral allí empleado, el PP, antes, y el PSPV, ahora, siempre renegaron de tener que dar un paso atrás y dotar al puerto de las instalaciones necesarias para que la descarga de graneles no fuera un problema de salud pública, como todo parecía indicar que era los días de viento. Porque lo del puerto, por mucho que vendió el PSOE, nunca fue un problema de una asociación de vecinos vinculada a Esquerra Unida que su líder, Miguel Ángel Pavón, aprovechó para cobrarse sus cuitas en la oposición y paralizar la actividad a golpe de decreto. Y si exacerbada fue en su momento la acción del entonces concejal de Urbanismo de Alicante, peor fue la reacción de las empresas gestoras de esos muelles, como si una solución ambiental, por buena y garantistas que fuera, provocara el fin del mundo. Ni una cosa ni la contraria

Y eso fue el error y lo que, a su vez, le dio la razón al alcalde, Gabriel Echávarri: el Puerto necesitaba una solución, pero no era Pavón la persona indicada para dársela, por razón que tuviera. Si hoy la Autoridad Portuaria de Alicante, con Juan Antonio Gisbert, ha variado de opinión es porque hubo un tipo en la Conselleria de Medio Ambiente, llamado Julià Álvaro, que les hizo ver -aplicando la legislación, eso que tanto gusta a PP y Ciudadanos- que esa actividad no se podía permitir en esas condiciones con un puerto urbano, como es el de Alicante, con los muelles a menos de un kilómetros de los edificios residenciales. ¿Qué el Puerto de Alicante no está para hacer ese tipo de inversiones? ¿Qué necesitaría la ayuda de la Administración del Estado? Pues sí. Esa es la desgracia de Alicante, que su puerto no es todo lo pujante que debiera para hacer esa obra con sus propios recursos. Ahora bien, también le ha surgido la oportunidad de que se le ofrezca ahora un nuevo gestor que le construya las naves cerradas, como tiene el puerto de Santander, para que la actividad se lleve a cabo con todo tipo de garantías. Esa se la puede apuntar Álvaro.

Su otro gran logro es haber acabado con el vertedero de La Murada, propiedad del rey de las basuras de Orihuela, Ángel Fenoll, imputado por el caso Brugal, que jugaba con la ventaja de ofrecer precios de tratamiento de residuos más baratos que otros competidores gracias a que disponía de un vertedero ilegal y que, además, enterraba la basura sin tratar -es una anécdota que el PP saque ahora las malas prácticas de la planta de Xixona-. Eso para que muchos los entiendan también fue el doping institucional, del que se aprovechó el PP, a lo mejor el otro del PP, el viejo, el que ahora no está, pero que gracias a ese vertedero, además contaminar los montes de Orihuela, con la basura enterrada, Fenoll se llevó la contrata de basuras de muchos ayuntamientos sin cumplir la ley y con la connivencia de la anterior administración de Medio Ambiente -y la de Murcia-. O, incluso, con esas mismas malas artes, llegó a pactar con Enrique Ortiz para llevarse el macrocontrato de la futura planta de residuos de la Vega Baja, que finalmente no se ejecutó, pero que ahora se juzgará en febrero de 2019 en la rama de Brugal referida a las basuras de esa comarca. 

Quizás la asignatura pendiente de Álvaro sea la otra moneda del caso Brugal: que el Gobierno del Botànic no haya sido capaz de poner en marcha todavía el plan alternativo para que la Vega Baja disponga ya de una solución para que los restos orgánicos de sus municipios no se esparzan en otras plantas, como Xixona, Villena, Elche o incluso Murcia. Al ya ex secretario de Medio Ambiente, a su hombre de confianza, Joan Piquer, y al presidente del Consorcio, el socialista Manuel Pineda, les ha faltado agilidad para que la Vega Baja tenga una solución avanzada. La tendrá, pero cuando se pongan en marcha las plantas de transferencia estaremos en plena contienda electoral y el PP azuzando, y con razón, por la lentitud de todo. Aquí, a Medio Ambiente, se le ha pegado el arroz: dudó y erró con la ubicación de las plantas de transferencias.

En el campo urbanístico, Álvaro gestionó dos proyectos importantes: la ampliación del parque empresarial de Elche, para dar cabida a la ampliación de Tempe, del cual sólo sabemos que iba a buena marcha -por lo que dicen el público-, y el plan parcial de las 1.200 viviendas de Serra de Bèrnia, en Callosa d'En Sarrià. Aquí, Álvaro sí que le dio un buen tijeretazo al suelo urbanizable, pues redujo en un 75% el suelo previsto para la urbanización y el campo de golf. Ahora bien, Medio Ambiente le dio una alternativa al Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià, gobernado por Compromís: desclasificar otra zona para que fuera urbanizable y dar cabida al proyecto.

Del SDDR y las cuitas dentro de Compromís, ya da buena cuenta el compañero Javier Alfonso en su artículo El Govern de Julià Álvaro. Quizás el problema de Julià Álvaro fue su osadía, la falta de sintonía con la consellera Cebrián o las traiciones en Compromís, pero hay cuestiones que no acabarán con su salida del Botànic. Posiblemente, fueron debates avanzados, pero la Comunitat Valenciana necesita un gran pacto ambiental entre todas las fuerzas políticas y ese pasa para finalizar el mapa de plantas de reciclaje; la consolidación de la selección y separación de residuos en origen, y una solución para los envases. Les guste más o menos a los empresarios que ahora celebran su caída.