Foto: JAVIER ARIASVALÈNCIA (EFE). Agencias de viajes, hoteles, cámpines, alquiladoras de vehículos y aplicaciones de alojamientos deberán facilitar a Interior a partir del 1 de octubre datos de sus clientes mediante una plataforma informática, requerimiento que ha provocado el rechazo sobre todo de las primeras.
Esta obligación de incluir los datos de los clientes en la plataforma -que está operativa desde principio de año- está recogida en un real decreto de octubre de 2021 y ha sido duramente criticada por el sector, fundamentalmente por las agencias de viajes, que aseguran que es una norma "de imposible cumplimiento".
Las agencias explican que las empresas prestadoras de los servicios de hospedaje y de alquiler de vehículos sin conductor ya disponen de los datos de los viajeros desde que la agencia de viajes intermediaria tramita una reserva con ellos, por lo que esta nueva obligación supone duplicar de forma "innecesaria" la comunicación de datos.
Según fuentes de Interior, la regulación está justificada por la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas terroristas y otros delitos cometidos por organizaciones criminales y no existen otras opciones para conseguir este fin.
Interior ofreció a los agentes turísticos un periodo de adaptación progresivo, hasta el 2 de junio del año pasado, aunque este límite se ha prorrogado en dos ocasiones, primero hasta el 31 de enero de 2024 y, posteriormente, hasta el 1 de octubre de este año.
El ministerio asegura que ha tenido una interlocución permanente con los sectores afectados para facilitar su adaptación a los requerimientos de la nueva normativa y a la plataforma donde se introducen los datos.
También resalta que el real decreto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos.
Mientras tanto, la representación de las agencias de viajes (Ceav, Acave, Fetave y Unav) han pedido la suspensión de la entrada en vigor del decreto, que podría tener "consecuencias negativas significativas" para el sector turístico en España, una petición a la que se ha sumado el Consejo de Turismo de la patronal CEOE.
Explican que la norma exige la comunicación de un volumen tan amplio de datos de los viajeros que, a menudo, las agencias no disponen de ellos y critican la carga administrativa "demasiado onerosa y desproporcionada" que supone cumplimentar los formularios.
Piden también que se alinee la normativa española con las europeas sobre protección de datos y derechos fundamentales.
El Consejo de Turismo de la CEOE ha señalado igualmente la falta de adecuación tecnológica para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación, pues la plataforma no está plenamente operativa, añaden.
Alertan de que la sobrecarga que supondrá esta nueva obligación afectará sobre todo a las pymes, que constituyen el núcleo del sector turístico, ya que son en torno al 95 % de las empresas.
Entre los datos de los viajeros que se piden a las agencias figuran el nombre, apellidos, DNI o pasaporte, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección, teléfono, correo electrónico o relación de parentesco entre los viajeros, además de los datos de pago.
En los alquileres de vehículos sin conductor, además de todos los datos anteriores, se deben aportar los relativos al carnet de conducir tanto del conductor principal como de un segundo conductor si lo hubiera.
