ELCHE. El Ayuntamiento ilicitano tendrá que abonar más de 400.000 euros a la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza desde el año 2000 y actual adjudicataria del nuevo contrato junto a FCC. El motivo viene precisamente por la transición del viejo servicio con el nuevo, ya que cuando se prorrogó de forma forzosa durante el pasado año, no se pagaron las mejoras que se empezaron a ofrecer desde principios de 2020 hast agosto. Un acuerdo que se había acordado con el que se renunciaba a la reducción del canon mensual para destinarla a mejoras del servicio, a razón de 58.000 euros.
En este sentido, el 31 de diciembre de 2019 expiró de forma oficial el contrato de servicio, tras dos décadas del mismo, prorrogado por parte del gobierno popular cuando se había excedido el tiempo de la adjudicación. Aunque ya se habían agotado por ley los continuos 'estiramientos' —y la nueva ley de contratos no lo permite—, al ser un servicio esencial que el Ayuntamiento ha de ofrecer, en 2020 se siguió prestando hasta el nuevo ya en activo. Eso sí, con condiciones diferentes. Con la extinción, se daban por finalizadas también las partidas de la amortización de la maquinaria, a razón de 58.830,35 euros mensuales.
Dado que se aprobó la extensión forzosa el 1 de enero de 2020, se estableció que el canon debía reducirse en esa cifra porque la maquinaria ya estaba amortizada. Sin embargo, Urbaser propuso mantener el canon y destinar el dinero de esa reducción a medidas de mejora, como la recogida selectiva sábados y domingos, diez peones de barrido para los fines de semana, el alquiler de cuatro camiones de recogida y los costes derivados de enviar los residuos sólidos industriales al vertedero de Novelda porque el de Ferriol estaba ya colmatado.
Así pues, desde ese 1 de enero empezó a desarrollar el servicio con esas mejoras. Sin embargo, no se aprueban las modificaciones desde el ámbito administrativo hasta el 24 de julio en Junta de Gobierno, ya el equipo de gobierno no tuvo en cuenta que se estaban prestando desde el inicio del año. Por tanto esos 58.000 euros que se redujeron del canon empezaron a pagarse al mes siguiente de la Junta, desde el 1 de agosto. Así que desde el 1 de enero se estuvieron ofreciendo las mejoras, pero no se estuvieron pagando, ni se abonaron de forma retroactiva desde julio. En consecuencia, Urbaser presentó un recurso de reposición contra el acuerdo de julio de 2020 que el Ayuntamiento ha estimado ahora después de que pasara por el Consell Jurídic Consultiu y otros trámites para constatar que las mejoras existieron desde los primeros compases del pasado año.
En total, el Consistorio tendrá que pagarle a la compañía 411.812 euros, poniendo fin al contrato anterior con la mercantil porque permanecía abierto hasta la resolución del recurso. Dado que los servicios se ofrecieron, de no abonar la administración local estos fondos podría incurrir en enriquecimiento ilícito.
