El bipartito de Alicante da alas al ascenso de funcionarios pese al rechazo de Subdelegación

ALICANTE. El proceso puesto en marcha por el equipo de gobierno de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), para desarrollar la carrera profesional en el Ayuntamiento sigue adelante y cobra nuevo impulso pese al rechazo ya notificado por la Subdelegación del Gobierno. Ese nuevo impulso quedó formalizado este martes, en el transcurso de la comisión de Presidencia y Régimen Interior. El conjunto de los grupos políticos representados en la corporación (PP, PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox) dieron su respaldo al reglamento que permite el desarrollo de ese sistema de ascensos entre el personal municipal, con lo que quedó aprobado de forma definitiva tras el trámite de presentación de alegaciones. En esa fase, tan solo se habría incorporado una modificación parcial, por la que se ampara que cualquier empleado municipal que esté desplazado en otra administración en régimen de comisión de servicios pueda ser incluido en el proceso en el grupo que le corresponda.

A partir de ahora, el acuerdo deberá elevarse ahora a la consideración del pleno, previsto para el próximo jueves, 30 de junio, con el fin de que adquiera plena vigencia. En principio, se prevé que, en esa sesión, el reglamento también quede avalado por unanimidad, después de más de un lustro de reivindicaciones por parte de los sindicatos que disponen de representación en el Ayuntamiento. Esas reivindicaciones se intensificaron especialmente a partir de 2019 con el fin de que el actual alcalde, Luis Barcala, diese cumplimiento al compromiso que adquirió con el conjunto de los sindicatos para implementar ese sistema de promoción interna y mejoras de categoría, durante la campaña electoral de las municipales de ese año.

La pretensión del bipartito es poner en marcha de manera gradual ese sistema de ascensos después de conseguir su refrendo en el pleno, puesto que ya se incluyó una primera dotación económica de más de 200.000 euros en los presupuestos municipales de este año. No obstante, todo parece indicar que cualquier avance en la implantación de la carrera profesional quedará sujeto al escrutinio judicial, a partir del recurso contencioso-administrativo anunciado por la Subdelegación del Gobierno en el supuesto de que el Ayuntamiento mantuviese su pretensión de poner en marcha ese proceso de ascensos, con su consiguiente incremento retributivo.

Como informó este diario, el rechazo de la Subdelegación a la puesta en marcha de ese sistema se basa en la defensa de la disposición recogida en la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la que solo se da cabida a un aumento salarial del 2% para los funcionarios públicos en el ejercicio de 2022. A juicio de la Subdelegación, con la aplicación de ese sistema de ascensos habilitado por el Ayuntamiento, se superaría ese umbral máximo permitido.

Por otra parte, el conjunto de los grupos políticos con representación municipal también avaló este martes, en la comisión de Hacienda, la concesión de una bonificación del 95% en la liquidación del Impuesto de Construcciones y Obras (Icio) al conceder la declaración de especial interés y utilidad municipal para un 78,18% de la obra de construcción del Centro específico de enfermos mentales (CEEM), y del centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), de Alicante, Centro de Atención Psicosocial inclusivo (CAPI) promovido por la Fundación Adiem en la parcela formada por las calles Enfermera Angelina Ceballos Quintanal, Doctora Matilde Pérez Jover y Médico Manuel Alberola del PAU 1. 

El acuerdo se traduce en una bonificación de 89.382,40 euros en el pago del impuesto por la edificación de las instalaciones, en un proyecto que cuenta, además, con una subvención de la Conselleria de Políticas Inclusivas. El desarrollo de las obras ya cuentan con licencia en la parcela de titularidad municipal cedida de forma gratuita para su ejecución, en función del acuerdo alcanzado en 2020. Con todo, el bipartito estaría negociando la posibilidad de disponer de un emplazamiento alternativo para situar la residencia, en las inmediaciones de la sede provincial de Cruz Roja.