Imagen de la paralización de un desahucio en Orihuela en octubre. Foto: APALICANTE. De los 1.769 registrados como demandantes de vivienda pública en toda la Vega Baja, 131 han estado afectados por la pérdida de su vivienda habitual provocado por un desahucio. Esto supone un 7,4% sobre el total de demandantes de la comarca.
Según el último informe sobre Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA), elaborado el Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, en coordinación con la Dirección General de Vivienda, la Dirección General de Emergencia Habitacional y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), seis municipios cuentan con un nivel alto de necesidad de vivienda pública. En función del número de hogares totales, la oferta de vivienda pública y los inscritos como demandantes, el informe fija un índice en el que Pilar de la Horadada, Torrevieja, San Miguel de Salinas, Almoradí, Callosa de Segura y Benejúzar cuentan con una alta emergencia habitacional pública.
También analiza las razones y situaciones especiales por las que los demandantes se inscriben. Una de ellas ante la pérdida de la vivienda al ser desahuciados por impago de la cuota de la hipoteca, impago del alquiler o por ser avalador de un préstamo hipotecario y no poder hacer frente al mismo. De los 27 municipios, Torrevieja es quien tiene mayor número total de demandantes de vivienda pública, 773, y también en el que la emergencia por desahucio es el más alto, 57. Sin embargo, en términos porcentuales -sin contar aquellos municipios que no superan la decena de demandantes- no es de los más altos. Se sitúa, con 7,3%, en la media de la comarca.
Pilar de la Horadada, el tercer municipio de toda la Comunitat con mayor índice de emergencia habitacional pública, no alcanza el 2% en cuanto a la proporción de demandantes a causa de desahucio, 8 frente a 418 totales.
Obviando aquellos municipios que no superan los diez demandantes -la proporción ante desahucios se dispara-, Callosa de Segura es el pueblo de la Vega Baja donde en términos porcentuales hay más demandantes por pérdida de vivienda ante un desahucio. De los 94 demandantes, 27 se han registrado motivados por haber sufrido un desahucio, esto significa el 28,7%. Otro de los municipios con índice de emergencia alta, San Miguel de Salinas cuenta con un 7,1% que ha sido desahuciado sobre el total de demandantes del municipio, 56. La situación de Almoradí, calificado igual que San Miguel de Salinas, el contraste es mucho más drástico. De los 141 demandantes, dos, según el informe, han sido desahuciados, el 1,4%.
En Rojales asciende al 10,6% -47 demandantes de los cuales 5 han perdido la vivienda y en Orihuela, con un total de 162 demantes, el 8% han sido desahuciados. En octubre, la presión vecinal y la plataforma Stop Desahucios consiguieron paralizar que tres familias de un mismo bloque fueran desahuciadas. En ese momento se aplazó hasta el 3 de febrero, tiempo que la comisión judicial otorgó a los inquilinos para que consiguieran alcanzar un acuerdo con la mercantil Divarian. El martes 22 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley en el que se determina la suspensión de los desahucios a familias sin alternativa habitacional hasta que finalice el estado de alarma, en vigor hasta el 9 de mayo.
Los municipios de la Vega Baja con menos de diez demandantes son Albatera con 9 -3 por desahucio-, Algorfa con dos -ambos por razones de desahucio, Cox con 4 -1 por desahucio-, Dolores con 7, Formentera con 6 -1 por desahucio-, Redován con 6, Catral con 3 y Los Montesinos con 4. Guardamar del Segura cuenta con 13. Benferri, Bigastro, Rafal y San Fulgencio cuentan con un demandante. Y Benijófar, Daya Nueva, Daya Vieja, Granja de Rocamora y San Isidro no tienen registrado ningún demandante.
