Movilización frente al desahucio de una vivienda de Alicante con inquilinos comprada por un fondo

ALICANTE. El Sindicat del Barri de Carolinas se moviliza con el fin de encontrar una solución alternativa al desahucio de una vivienda alquilada por un matrimonio desde el año 2015. Se trata de un inmueble situado en la calle Pasaje Bañuls que pertenecía a un particular, pero que "después de un proceso de ejecución hipotecaria y la subsiguiente subasta, fue comprada por un fondo buitre", a pesar de que los dos inquilinos se encuentran viviendo en el piso "con contrato vigente".

Según el sindicato, el hombre de ese matrimonio "tiene una discapacidad en el brazo que no le permite trabajar, por lo cual los ingresos que recibe la familia son insuficientes para poder alcanzar el pago del precio de alquiler de otra vivienda tal y como está ahora el mercado". "Cuentan con el Informe de Vulnerabilidad de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante y han solicitado también el Informe de Emergencia Habitacional a través del EVHA, pero este último todavía está tramitándose. Si el jueves se ejecutara el desahucio y los echaran de su casa, no tendrían alternativa habitacional y pasarían a vivir en la calle", apunta el sindicato, a través de un comunicado.

"Además, la pareja afirma haber recibido, durante las últimas semanas, varias visitas de gestores inmobiliarios ofreciéndolos dinero a cambio de marchar de la vivienda. Estas prácticas mafiosas e ilegales, al estar el proceso judicializado, buscan influir en la toma de decisiones a la hora de plantar cara y reclamar los derechos que tienen como inquilinos", añade la nota pública.

Ante este nuevo caso de desahucio, el Sindicat de Barri de Carolines está organizándose para detenerlo, con una concentración prevista para el próximo jueves. "El Sindicat de Barri de Carolines, continúa así con la tarea que se plantea como objetivo: luchar por un derecho a la vivienda real y defender colectivamente a las personas que pueden quedarse sin casa por el hecho que este derecho no existe en la práctica. Denuncia el hecho de que, a pesar de las palabras y promesas del gobierno, durante estos últimos meses no han parado de comunicarse avisos de desahucio en la ciudad de Alicante y sus alrededores, sobre todo de viviendas propiedad de grandes tenedores, fondos buitre y bancos".