CALLOSA DE SEGURA. La Agencia Valenciana Antifraude ha recibido una denuncia contra el ex alcalde de Callosa de Segura (entonces por el PP) y candidato de la formación Ucin, Javier Pérez, por supuestas anomalías en la gestión de unas ayudas que concedió la Diputación de Alicante en 2015 en su etapa como alcalde. Según ha podido saber Alicante Plaza, se trataría de unas ayudas que el Ayuntamiento de Callosa recibió de la institución provincial para llevar a cabo unas obras de renovación de la red de agua potable y que ejecutó la empresa concesionaria del servicio, en su día, Aqualia.
Como la mayoría de las ayudas que concede la institución, una parte las aporta la propia Diputación, y el resto, el ayuntamiento beneficiario. En el caso de estas obras de la red de agua potable, la institución provincial aportaba el 65% y el consistorio callosino debía aportar el 35% restante.
De acuerdo con la denuncia, el Ayuntamiento de Callosa de Segura habría ejecutado esas obras por valor del 65% de su coste, coincidente con el importe subvencionado, y no ejecutando el 35% que le correspondería pagar al ayuntamiento, por lo que no llevaría a cabo el 100% del proyecto tal y como había sido planteado y subvencionado.
En la denuncia, se adjuntan dos vídeos de una sesión plenaria de Callosa de Segura en la que se aborda el asunto. En uno de ellos, el concejal de Esquerra Unida Manuel Amorós Maciá habría preguntado por esta cuestión; en el segundo, aparece la respuesta de Javier Pérez. La pregunta es cuestión. "Se le debe dinero a Aqualia por el 35% de diversas obras municipales". La respuesta del entonces primer edil es: "No. Teníamos un acuerdo con Aqualia por el que se hacían las obras por el 65% que pagaba la Diputación".
Por todo ello, se ha presentado la denuncia en Antifraude. Fue en abril de este año y el denunciante solicita que se investigue la "falsedad documental en la tramitación y justificación de subvenciones dinerarias de la Diputación". A juicio del impulsor de la denuncia -que es anónimo, como exige la propia Antifraude-, en los vídeos el entonces "alcalde admite y se reafirma en esa práctica fraudulenta" y que podrían afectar a los técnicos municipales que intervinieron en el procedimiento.
Pérez ha atribuido la denuncia al contexto de la campaña electoral. Ha asegurado que todo el procedimiento se debió hacer de acuerdo con la ley, de lo contrario, ni la intervención del ayuntamiento ni de la diputación lo hubieran autorizado.
