La sala comunitaria de uno de los edificios de vivienda pública de la calle San Roque.ALICANTE. Cualquier entidad bancaria o propietario particular que esté interesado en vender una vivienda al Ayuntamiento de Alicante para que tenga un uso público debe ponerse las pilas para registrar su oferta de inmediato. Los dos concursos convocados a través del Patronato Municipal de la Vivienda para adquirir esos inmuebles se cierran a las 13:00 horas del próximo 30 de noviembre: es decir, solo 15 días naturales, o lo que es lo mismo, once hábiles, (descontados sábados y domingos) después de que se abriese el plazo de recepción de propuestas.
El proceso se complica aún más si se tiene en cuenta que la presentación de las ofertas (con la entrega de documentación correspondiente), debe hacerse de modo presencial y en papel en la sede del propio Patronato, ubicada en la Plaza de la Santísima Faz, número 5, ya que, como se explica en las dos convocatorias, dicho organismo autónomo (dependiente del ayuntamiento) no dispone todavía de dispositivos de contratación electrónica.
En una convocatoria similar, la Conselleria de Vivienda ha recibido hasta 280 ofertas de pisos situados en toda la Comunitat para destinarlos igualmente al alquiler social, según informaron este sábado fuentes del departamento autonómico. Ese concurso se abrió el 8 de octubre y se cerró el 22 de noviembre. O lo que es lo mismo, el plazo para la presentación de propuestas ha superado los 30 días hábiles, lo que amplía las posibilidades para los interesados.
Como informó este diario, en el caso de los procesos convocados por el Patronato de Vivienda se trata de dos licitaciones distintas por un importe global de 2,1 millones. La primera convocatoria, que abarca a inmuebles situados en cualquier punto del término municipal, parte con un presupuesto de 800.000 euros (impuestos incluidos) para viviendas de 70 metros cuadrados útiles y dos dormitorios y de 90, en el caso de las de tres dormitorios.
La segunda, sin embargo, se limita a pisos situados en el ámbito de influencia del llamado programa de reurbanización de Las Cigarreras, cofinanciado por la Unión Europea como estrategia DUSI. Es decir, abarca a los barrios situados entre el Castillo de San Fernando y el de Santa Bárbara. En este segundo caso, el presupuesto de licitación es superior, de 1,37 millones, pero las condiciones siguen siendo las mismas: idénticas dimensiones y un precio máximo por vivienda de 1.055 euros el metro cuadrado útil.
Las dos convocatorias lograron el respaldo de todos los grupos políticos con representación municipal, salvo Ciudadanos (Cs), que optó por la abstención. Según concretó el concejal de Vivienda, el popular Israel Cortés, a través de las dos convocatorias se preveía adquirir entre 23 y 32 inmuebles (en función de las condiciones de los pisos que se oferten) con el propósito de destinarlos al alquiler social. Hasta ahora, según fuentes municipales, el Ayuntamiento de Alicante dispone de un parque público de 750 viviendas.
La iniciativa del Patronato de la Vivienda de Alicante no es un acto aislado. El equipo de Gobierno de San Vicente (un tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís) aprobó este jueves la compra de cinco viviendas, por importe total de 410.296 euros, con el propósito de destinarlas también a uso social. Según precisaron portavoces oficiales a través de un comunicado, el acuerdo cumple "con el compromiso que se adquirió con la ciudadanía a través de los presupuestos participativos" para disponer de un parque público de viviendas que puedan satisfacer situaciones de "emergencia habitacional de personas y familias especialmente vulnerables".
Según las mismas fuentes, de acuerdo con el informe del servicio técnico de Arquitectura, que incorpora el correspondiente estudio de mercado, con la valoración y tasación de las viviendas que reunían las características requeridas para su finalidad social, el precio de compra de las viviendas fue el siguiente: una vivienda situada en la calle Bailén (antigüedad 2011), 94.271,90 euros; otra en Calderón de la Barca (1973), 41.855,93 euros; una primera casa en Lillo Juan (2002), 86.982,73 euros; una segunda vivienda en la misma calle (2005), 89.279,23 euros y el último piso en la calle Monforte (2007), 97.839,42 euros. En total, 410.296 euros. Los presupuestos municipales reservaron una partida de 600.000 euros para la adquisición de viviendas de uso social.
