El edil expulsado por el PSOE de Teulada-Moraira, Héctor Morales, en el pleno de la moción de censura. Foto RAFA MOLINATEULADA-MORAIRA. Compromís había presentado hace días un recursos contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Teulada-Moraira por el que se acordaron las retribuciones y las nuevas competencias del equipo de gobierno surgido tras la moción de censura de marzo, formado por el PP y dos concejales del PSPV-PSOE que apearon a la alcaldesa Rosa Vila. Tras solicitar el expediente, el juez dio 15 días a la formación valencianista para formalizar la demanda, y el plazo vence el próximo 8 de octubre. Este viernes, se ha producido una resolución que los valencianistas consideran que pueden capital para el devenir de ese recurso, que persigue anular esos acuerdos de retribuciones y delegaciones al considerar que uno de ellos, el ya ex socialista Héctor Morales, ya es un edil no adscrito y, por tanto, no podía mejorar las condiciones económicas y políticas que tenía anteriormente.
Y ese elemento capital es la expulsión definitiva del propio Morales como militante socialista y, a su juicio, ya no podría formar parte del grupo socialista el consistorio y, a su vez, debería ser considerado edil no adscrito. Si esa decisión, que en su día fue notificada por el propio PSOE al consistorio, comporta su pase al grupo de no adscritos, Compromís considera que su recurso puede tener viabilidad. Y es que los nacionalistas se agarran a esa decisión, adoptada por la dirección federal del PSOE, para justificar su recurso en base a que los ediles no adscritos no pueden mejorar su condiciones políticas ni económicas tras una moción de censura.
El recurso, informan desde Compromís, no pretender anular la moción de censura; más bien busca anular el acuerdo plenario que otorgó nuevas competencias a Héctor Morales y al otro edil del grupo socialista, Alejandro Llobell -que no es militante del partido y, por lo tanto, no puede ser expulsado-. En su día, el PP aportó un informe para validar el voto de censura, que venía a decir que "para que un edil pase a ser considerado no adscrito debe certificarse la firmeza de la expulsión del edil afectado; comunicarlo en forma al ayuntamiento y celebrar el pleno de la toma en consideración de los concejales no adscritos". La comunicación del PSOE sobre la expulsión de Morales es del 25 de febrero, pero ha adquirido firmeza ahora, una vez rechazadas las alegaciones del propio Morales a su expulsión.
Y la interpretación que hace Compromís es que tanto Morales como Llobell han ganado peso político y económico con el relevo en la Alcaldía. Como se hiciera público el 7 de marzo, tras el voto de censura, Héctor Morales pasó a ser desde entonces el concejal de Urbanismo, competencia que no tenía en el anterior tripartito; Llobell asumía ahora, además de las que tenía, Turismo. De esta manera, Morales es desde entonces el responsable de Urbanismo -a excepción de las Licencias Ambientales y Actividades), y mantiene Obras y el control de la empresa pública de servicios Teumo, Además, es el primer teniente de alcalde. Por su parte, Llobell sigue como responsable de Cultura y Agricultura, Ganadería y Pesca, además de Turismo.
Otra derivada del caso de Héctor Morales es el sueldo que percibe como gerente de la empresa municipal Teumo Serveis, que es de 33.000 euros brutos anuales. Morales siempre ha defendido que es la misma retribución que percibía antes, con el tripartito que compartía con Cs y Compromís. Hasta que fue aprobado esa nueva retribución, en abril de 2021, Morales percibía dietas por asistencia a plenos, comisiones y juntas de gobierno. Posteriormente, renunció a esas dietas, según hizo público. Pero al parecer esta cuestión no formará parte de la demanda que ahora formaliza Compromís.
