Compromís busca que el 'caso Fitur' no decaiga: que sea causa compleja y se investigue la era Ripoll

ALICANTE (EP/EFE).  El juez que instruye las actuaciones derivadas de la denuncia de Compromís por un presunto fraude de 3,2 millones en la contratación del  stand de la Diputación de Alicante en Fitur entre 2004 y 2009 ha negado la categoría de causa compleja y la continuidad delictiva de las suspuestas irregularidades. De esta manera, la mayoría de esos fondos "no se podría recuperar por la prescripción de los delitos".

Así lo ha explicado la coalición Compromís a través de su portavoz, Gerard Fullana, después de que el juez haya negado la categoría de causa compleja y la continuidad delictiva del presunto fraude de 3,2 millones de euros a las arcas públicas por parte de dos empresas que ya están siendo juzgadas en Orihuela por un caso idéntico, señala la formación a través de un comunicado.

Ante esta situación, Compromís ha exigido al nuevo secretario de Transparencia del PP y presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, que comience a investigar lo ocurrido durante los años 2004 y 2009 en la contratación del stand de la institución en Fitur.

La coalición afirma que una parte de la prescripción por valor de un millón de euros "se hubiera podido evitar si el PP y el tránsfuga no hubieran demorado la apertura de la comisión y la entrega de documentación".

"Se nos queda cara de póker al ver la claridad de las presuntas irregularidades en la contratación del stand de Fitur, con un modus operandi similar al de la Gürtel, y comprobar que no podemos reclamar que se compense la cantidad defraudada a las arcas públicas por una eventual prescripción. Pierden los pueblos y la ciudadanía", ha manifestado el portavoz de la coalición en la institución provincial, Gerard Fullana.

Compromís recuerda que denunció al fiscal de Anticorrupción en el mes de febrero de 2017 un presunto fraude en el Patronato de Turismo de la Diputación de Alicante que imitaba las irregularidades en la contratación de la rama de Fitur de la trama Gürtel, recuerda la formación.

Según Compromís, los contratos, por valor de 3,2 millones de euros en el montaje de stands de Fitur eran adjudicados masivamente a las empresas Exporiggins y Stands Molinos, empresas ya procesadas en el caso previo que también afecta al Partido Popular y su gestión en el Ayuntamiento de Orihuela. Las contrataciones se iniciaron en 2004, siendo las del año 2006 las de más relevancia al superar el millón de euros.

La coalición afirma que "el modus operandi de la trama era, como especificó la coalición, idéntico al empleado en el caso de Fitur de Valencia y que ha acabado con una condena ejemplar a la antigua consellera de Turismo, Milagrosa Martínez".

Así, se refiere a "adjudicaciones express aprovechando fechas de festividad para evitar que otras empresas concursaran, falseamiento de la oferta al adjudicarse pidiendo oferta a empresas pantalla que eran de los mismos propietarios o adjudicación de concursos a las ofertas más costosas mediante criterios subjetivos".

"Las empresas -prosiguen- obtenían también contratos con otros municipios gobernados por el Partido Popular con casos como el de Torrevieja donde se adjudicaron 1,4 millones de euros con sistemas similares en el época en que el actual diputado de Turismo a la Diputación, Eduardo Dolón, formaba parte del equipo de gobierno".

Ante la posible prescripción de los presuntos delitos al haberse cometido la mayoría de ellos en un periodo anterior a los 10 años, Compromís ha solicitado en los últimos meses que el juez decretara la continuidad delictiva, dado que estas mismas empresas están siendo juzgadas ya en Orihuela en una instrucción que empezó en una fecha donde los delitos no habrían prescrito.

Además, algunos de los contratos del año 2007 y 2008 tienen vínculo directo con los anteriores y por lo tanto Compromís entiende "más que justificada la solicitud, ya que podría tratarse de un delito continuado que evitaría la prescripción y que permitiría subsanar del presunto fraude denunciado".

   Sin embargo, en un primer momento el juzgado ha emitido un primer auto donde deniega la solicitud de la acusación particular en este sentido, como también el recurso al respecto de esta decisión presentado esta primavera.

Instrucción "mermada"

El juez también deniega la solicitud del fiscal y de la acusación particular de decretar la causa compleja para poder así ampliar la instrucción de seis meses que "se ha visto mermada por las solicitudes de aplazamiento concedidas a los imputados en la causa así como el retraso en la entrega de la documentación por parte de la Diputación de Alicante", añaden desde Compromís, que lamenta que "en la práctica ha habido tan sólo una instrucción de tres meses de tiempo real".

Compromís ya ha anunciado que "agotará todas las opciones judiciales": "No nos resignamos a que la mayoría de los contratos denunciados no puedan ser juzgados y devueltos a las arcas municipales por el simple hecho que durante 10 años nadie había denunciado la situación o porque el PP ha retrasado todo el que ha podido el proceso".

En esta línea, Compromís ha denunciado la "responsabilidad directa del gobierno de la Diputación al haber retrasado meses la apertura de la comisión que la coalición solicitó inicialmente el pasado mes de febrero de 2016 al ver que se retrasaba en exceso el acuerdo de abrir una investigación fruto del pacto entre PP y CS de inicio de legislatura". Asimismo, la formación ha avanzado que estudiará también las vías de asunción de responsabilidades políticas de las personas que participaron en el proceso.