ALICANTE. Pistoletazo de salida para la construcción de la Ciudad de la Justicia Rafael Altamira de Alicante: la mayor inversión acometida por la Generalitat en la ciudad a lo largo de las dos últimas legislaturas y, también, el proyecto de mayor envergadura entre los previstos en el Plan de Infraestructuras Judiciales que se pone en marcha desde hace más de 20 años, con un presupuesto de 72,7 millones. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha firmado este lunes el acta de replanteo que permite dar inicio oficial al desarrollo de las obras del nuevo complejo judicial llamado a acabar con la dispersión de las sedes judiciales repartidas en distintos emplazamientos del barrio de Benalúa.
Se trata de un edificio de siete alturas emplazado junto a la avenida de Aguilera, frente a las instalaciones del actual Palacio de Justicia, que atenderá a los más de 400.000 ciudadanos del partido judicial de Alicante en el último semestre de 2025, ya que parte con un plazo de ejecución de 33 meses. La UTE adjudicataria de su construcción, compuesta por Ferrovial y Servitria, prevé iniciar esta misma semana el desarrollo de los trabajos en el solar de más de 5.500 metros cuadrados en los que se ubicaba el antiguo cuartel de San Fernando. Lo hará para levantar un edificio de 47.000 metros cuadrados en los que se habilitará espacio para hasta 58 órganos judiciales distintos: 50 para las distintas jurisdicciones, el juzgado de guardia con funcionamiento permanente y reserva para otros siete juzgados adicionales en previsión de futuras ampliaciones, según se ha concretado este lunes, durante la presentación de las características definitivas del proyecto.
En concreto, el edificio dispondrá de dos plantas de sótano y siete elevaciones. La primera planta de sótano se destinará a la configuración del aparcamiento de uso para los profesionales de la administración de Justicia. La segunda, para la ubicación de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML). En la planta baja, además de un gran salón de actos, se ubicará la oficina de denuncias de violencia de género, así como la oficina de asistencia a las víctimas del delito. En la primera planta, se repartirán 23 salas de vistas. En la segunda, dos salas especiales para la celebración de macrojuicios, además de la oficina de atención social y el centro de mediación. Entre la tercera y la quinta planta, se posicionarán los juzgados de los distintos órganos judiciales (salvo los de lo Contencioso-Administrativo, que seguirán emplazados en Pardo Gimeno). En la sexta planta, la sede de la Fiscalía. Y en la séptima, además del espacio para la creación de los siete juzgados de reserva, se asentará la sede del decanato.
Además, el nuevo complejo judicial permitirá configurar una gran plaza de uso público que facilitará los desplazamientos peatonales entre la avenida de Aguilera y el parque-plaza de la Ciudad de la Justicia desarrollado por el Ayuntamiento en el extremo norte de la manzana en la que se levantará el edificio.
Por ese conjunto de características y prestaciones, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que la Ciudad de la Justicia no solo permitirá acabar con la "dispersión" de órganos judiciales en "hasta diez sedes distintas" que existe en la actualidad, sino que también "facilitará" la administración de justicia a los 400.000 ciudadanos del partido judicial de Alicante y dignificará las condiciones de trabajo de los profesionales del sector, en la línea de otras sedes judiciales ya finalizadas como "el nuevo edificio judicial de La Vila Joiosa" o con "la ampliación de los juzgados de Torrevieja y las sedes de Dénia y de Villena, que se harán este año". "La Ciudad de la Justicia de Alicante es un proyecto reivindicado históricamente que llega tarde, pero eso no ensombrece la dicha de su puesta en marcha con la pretensión de que puedan ponerse en funcionamiento lo antes posible, después de estos años de tramitación que ha permitido aprender e incorporar al proyecto las últimas necesidades en edificios judiciales", ha explicado.
El jefe del Consell, que ha agradecido la cooperación institucional del Ayuntamiento de Alicante al facilitar las modificaciones normativas desde el punto de vista urbanístico para hacer posible la construcción del complejo, ha señalado que "la nueva Ciudad de la Justicia será el pulmón judicial de Alicante" para que deje de ser la única capital de provincia de la Comunitat que todavía no disponía de una sede judicial similar. Además, ha destacado que se convertirá en un elemento que ayudará a vertebrar el proceso de modernización del barrio de Benalúa emprendido por el Ayuntamiento, en otro guiño a la colaboración mantenida entre la administración autonómica y local.
Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha calificado la puesta en marcha de las obras del complejo judicial de "hito para Alicante". El primer edil ha destacado que el inicio de esta actuación es "de suma importancia para mejorar los servicios judiciales de Alicante y comarca, al tiempo que supone un impulso de modernización para el barrio de Benalúa". Así, como Puig, ha subrayado que el comienzo de esta "gran actuación resuelve una deuda histórica con Alicante, que es la única capital de la Comunidad Valenciana que no cuenta con Ciudad de la Justicia, y facilitará las gestiones de los ciudadanos al acabar con la dispersión de órganos judiciales y agruparlos en su gran mayoría en un mismo edificio". Asimismo, ha incidido en que el proyecto de la Generalitat Valenciana contribuirá a avanzar "en la reordenación de barrios como Benalúa y proyectos como el de la avenida de Aguilera que tiene en marcha el Ayuntamiento".
De igual modo, Barcala ha destacado la colaboración entre la Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento "para sacar adelante este proyecto de gran envergadura y trascendencia como servicio público esencial", ha añadido. No obstante, ha aprovechado el ejemplo para requerir que ese modelo de cooperación se reprodujese en otras actuaciones que competen a la administración autonómica. "Me gustaría que el resto de proyectos necesarios para nuestra ciudad, como son los nuevos colegios y centros de salud, pudieran contar con la misma agilidad y voluntad para desarrollarlos", ha añadido, sin aludir a los trámites que también recaen bajo competencia municipal y que resultan necesarios para su ejecución.