El 'caso contratos' de Alicante suma la imputación de otro técnico entre testimonios contradictorios

ALICANTE. La segunda ronda de declaraciones en las diligencias abiertas por un supuesto delito de prevaricación administrativa en el caso contratos de Alicante por la concatenación de encargos relacionados con una misma plaza de la partida rural de La Alcoraya se zanja con una nueva imputación. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 acordó este viernes el aplazamiento de la declaración como testigo del técnico municipal que ejerce como jefe del área de Partidas Rurales con el fin de volver a citarlo bajo la condición de investigado, lo que permite que pueda comparecer con asistencia letrada. 

Fuentes consultadas precisaron que la jueza fundamentó su decisión en base a la última información recibida respecto a uno de los cuatro contratos objeto de las indagaciones: el relacionado con la reforma del escenario de la plaza Manuel Giménez Pastor. Al margen de ese encargo, también se analizan los tramitados con motivo de la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en ese mismo espacio público, otro por la redacción del proyecto de una nueva pérgola y un cuarto y último propiciado por la construcción y montaje de esa estructura. 

Tres de esos contratos se concertaron a través de procedimientos negociados (en los que se solicita distintos presupuestos a una terna de empresas) y se adjudicaron a mercantiles representadas por conocidos del exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, en el ámbito de les Fogueres, como el propio exedil reconoció durante la comparecencia que ofreció ante el pleno de la corporación antes de registrar su dimisión y renuncia al acta, a finales de abril.

Sea como fuere, la decisión de la juez propició que el funcionario no llegase a prestar testimonio, por lo que deberá volver a comparecer en una nueva fecha, junto al vicesecretario general, que también había sido citado para declarar como testigo este viernes, pero que se vio forzado a excusar su presencia por motivos familiares. A priori, en esa nueva serie de comparecencias, también podría tratar de citarse de nuevo al legal representante de una de las empresas a las que se solicitó presupuesto para efectuar una de las contrataciones, al que no se habría conseguido localizar por segunda vez (ya estaba citado en la primera jornada de declaraciones).

Por lo pronto, la imputación del jefe del área de Partidas Rurales eleva a seis la cifra de investigados en la causa. Además del jefe de Partidas Rurales, se trata del exconcejal responsable de esas competencias y de Fiestas, Manuel Jiménez; del exconcejal de Infraestructuras, José Ramón González; del representante de la empresa que construyó la nueva pérgola instalada en la plaza; del técnico de la Concejalía de Infraestructuras que supervisó ese proyecto, y del jefe de servicio de ese mismo departamento.

Este último (el máximo responsable técnico del área de Infraestructuras) fue, de hecho, uno de los funcionarios municipales que sí llegó a prestar declaración este viernes para defender que el procedimiento de tramitación de los contratos había sido correcto y que se recurrió a la partida presupuestaria habilitada precisamente para la renovación de pérgolas en el área de Infraestructuras para acometer la sustitución de dicha estructura, aunque el proyecto se impulsase desde el área de Partidas Rurales, por falta de tiempo para que lo pudiesen tramitar funcionarios de Infraestructuras. Además, incidió en que, de no haber actuado de ese modo, la vigencia de la partida se habría extinguido a 31 de diciembre de 2022. Así, sostuvo que se trataba de un procedimiento legal y habitual. E incluso añadió que se recurrió a esa fórmula después de que Jiménez y González mantuvieran al menos una conversación para que las dos áreas pudiesen coordinarse, en la que, según dijo, estuvo presente el técnico que supervisó el procedimiento, también investigado.

Fuentes consultadas apuntaron que el resto de técnicos citados que sí pudieron prestar declaración -entre los que figuraban funcionarios del área de Contratación y de Intervención- corroboraron que el procedimiento de contratación había sido correcto, que, a su juicio, no se había producido un presunto fraccionamiento de contratos, puesto que cada uno de los trabajos eran independientes y no constituían una unidad funcional, pese a que compartiesen como rasgo común el hecho de estar relacionados con el mismo emplazamiento físico (la citada plaza). Y explicaron que el uso de fondos de una concejalía por parte de otro departamento municipal distinto es una práctica permitida. Ahora bien, según las mismas fuentes, no llegaron a ser tajantes a la hora de defender ese procedimiento, ya que también señalaron que no se recurría a esa fórmula de manera recurrente y hasta apuntaron que, a su juicio, esos contratos bajo sospecha deberían haberse tramitado de otro modo.