El hasta ahora edil de Infraestructuras, Seguridad y Tráfico, José Ramón González, tras prestar declaración en el Palacio de Justicia de Benalúa.ALICANTE. La primera ronda de declaraciones relacionadas con los contratos menores promovidos por las Concejalías de Partidas Rurales e Infraestructuras se zanjó este viernes con la concurrencia de versiones hasta cierto punto distintas respecto a la habitualidad del procedimiento seguido, primero, y con distintas perspectivas respecto a su legalidad, después. Ese fue, según fuentes consultadas, el balance que pudo extraerse de los testimonios ofrecidos por el exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez; por el hasta ahora edil de Infraestructuras, José Ramón González; y por dos de los principales funcionarios que comparecieron ante la jueza: el técnico adjunto al jefe del servicio de Infraestructuras y el interventor municipal.
El primero en comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 fue Jiménez, bajo la condición de investigado (la figura que suple a la antigua imputación) por un supuesto delito de prevaricación administrativa, quien mantuvo la línea argumental sostenida hasta ahora en todas sus declaraciones públicas desde que trascendió la polémica. En esta línea, defendió que los cuatro encargos relacionados con la mejora de la plaza de Manuel Giménez Pastor de la partida de La Alcoraya obedecían a objetos y finalidades distintas y que, en consecuencia, no pudo existir el presunto fraccionamiento de contratos al que apunta la denuncia presentada por el grupo municipal del PSOE a finales de abril.
Esos encargos corresponden con la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en dicha plaza, adjudicada por la Concejalía de Infraestructuras a través de una licitación al uso por un importe de 57.335 euros; con la reforma y reparación del escenario de la misma plaza, que se contrató con otra empresa distinta (Inelsa Ingeniería) a través de un procedimiento negociado (con petición de tres presupuestos distintos) por 27.757 euros; del diseño de una nueva pérgola para dicho espacio público, que también se concertó a través de un procedimiento negociado y que acabó encomendándose a otra empresa (Arquitectura Arquip) por 5.820 euros; y de la construcción y montaje de dicha pérgola, encargada -como en el caso precedente- por la Concejalía de Partidas Rurales con la misma fórmula del procedimiento negociado a otra compañía distinta (Rehabilitaciones Grupo Leuka) por 44.379 euros.
Se da la circunstancia de que los representantes de esas tres últimas empresas a las que se confiaron esos tres trabajos pertenecen al círculo de conocidos de Jiménez a través de las fiestas de Hogueras, y que una de esas firmas había ejecutado una reforma en el domicilio particular del exedil un año y medio antes.
Precisamente, Jiménez recurrió a los tiempos de planificación de los proyectos municipales para descartar que pudiese haberse incurrido en anomalías. Así, según fuentes consultadas, remarcó que el proyecto de instalación del circuito de aparatos biosaludables se redactó en el año 2018 y sostuvo que en él no se pudo contemplar la reparación del escenario de la plaza, ni la sustitución de la pérgola porque entonces no se tenía constancia de que fueran actuaciones necesarias.
Con todo, su relató no sintonizó en sentido estricto con las apreciaciones que formuló, más tarde, el interventor municipal en su declaración como testigo. Según fuentes consultadas, el alto funcionario responsable de velar por el equilibrio económico del Ayuntamiento señaló que, a su juicio, no podía considerarse que hubiese existido un posible fraccionamiento, aunque no fue una afirmación tajante, ya que añadió que podía ser una cuestión interpretable.
No obstante, no tuvo oportunidad de desarrollar sus explicaciones, al verse interrumpido por los letrados de los investigados y por la propia jueza instructora, que no consideraron necesario que abundase en ello. Sobre todo, porque ya había ratificado que el área de Intervención (aunque no él de forma directa) había validado el pago de los trabajos efectuados.
Antes de que llegase el turno del interventor, el segundo en prestar declaración fue González, también bajo la condición de investigado. Como Jiménez, el hasta ahora concejal de Infraestructuras recurrió a sus explicaciones previas y reiteró que no tuvo conocimiento de los expedientes de contratación hasta que trascendió la polémica. De igual modo, añadió que no firmó ninguna autorización para que se efectuase el pago de los proyectos de la pérgola promovidos por el área de Partidas Rurales con cargo a los presupuestos del departamento de Infraestructuras.
Además, como apuntó al término de su declaración, explicó que ese procedimiento por el que una concejalía asumía el pago de un proyecto de otro departamento no le parecía normal y que tampoco era habitual. Es más, señaló que a él no le había pasado nunca en los años en los que ha desempeñado responsabilidades municipales. En esta línea, explicó que en otras ocasiones sí se procedía a autorizar la transferencia de fondos entre áreas, pero apuntó que esa no había sido la fórmula seguida en los contratos bajo sospecha.
Con todo, ese relato tampoco casó por completó con las explicaciones facilitadas por el técnico adjunto al jefe de Servicio de Infraestructuras, quien también declaró como investigado. El funcionario sostuvo que ese mecanismo de cooperación entre concejalías sí era un procedimiento normal que solía usarse en actuaciones que conllevaban la intervención de varias áreas pese a que no se diese siempre, de forma reiterada o a diario.
En todo caso, ninguna de las declaraciones registradas este viernes permitió dar pie al cierre de las diligencias de investigación. De hecho, la instrucción proseguirá al menos a través de una segunda jornada de comparecencias prevista para el próximo 7 de julio, con la intención de poder tomar testimonio a un segundo funcionario municipal que excusó su inasistencia al disponer de un viaje contratado con carácter previo, así como al representante de otras de las empresas que formaron parte de los procedimientos de contratación al que no se pudo notificar la citación, según fuentes consultadas.
