Vista de la pérgola objeto de la controversia, tomada desde el escenario de la plaza de La Alcoraya. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. La titular de Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante completó este lunes las diligencias incoadas para desentrañar las supuestas irregularidades registradas durante la tramitación de cuatro encargos distintos analizados en el llamado caso contratos: los relacionados con la mejora de la plaza Manolo Giménez Pastor de la partida de La Alcoraya mediante la instalación de un circuito de aparatos biosaludables, la reparación de un escenario, el diseño de una pérgola y, por último, su construcción y montaje.
La jueza confirmó el cierre de la instrucción tras tomar declaración a otras cinco personas -un investigado (la figura que sustituye al antiguo imputado) y cuatro testigos- y descartar tanto una nueva citación para dos de los técnicos municipales del área de Intervención que también estaban citados para la jornada de este lunes, como la posibilidad de acordar nuevas citaciones, como planteaba la Fiscalía.
Así, se prevé que la responsable de la investigación pueda dictar una resolución sobre el devenir de la causa en próximos días, con su elevación a un Juzgado de lo Penal para que puede celebrarse juicio, o con el dictado de un auto de archivo, en el caso de que no se aprecie indicios del delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos apuntado por el PSOE en su denuncia.
Por lo pronto, las defensas de los seis investigados -el exedil de Partidas Rurales, Manuel Jiménez; el exconcejal de Infraestructuras, José Ramón González; el técnico de este área, Manuel Martínez; el jefe de servicio de ese mismo departamento, Javier Maestre; el jefe de servicio de Partidas Rurales, Eduardo García, y el responsable de la empresa que construyó la pérgola- ya anticiparon este lunes su pretensión de solicitar el archivo y sobreseimiento de las diligencias al considerar que la prueba practicada desde el mes de abril (análisis de documentación y varias rondas de declaraciones) habría permitido descartar la existencia de todo tipo de anomalías.
De hecho, algunos de esos letrados (entre los que figuran Luis Santamaría, Ignacio Gally, Javier Jornet o Carlos Pujalte) llegaron a registrar esa petición por escrito este mismo lunes, tras mantener que no habría existido el fraccionamiento de contratos señalado por el PSOE -en la medida en que los cuatro encargos respondían a objetos distintos y, en consecuencia, no existía unidad funcional-, y que tampoco suponía ninguna irregularidad el hecho de que se utilizasen fondos de la Concejalía de Infraestructuras para financiar obras promovidas desde la Concejalía de Partidas Rurales, en el caso de la construcción de la pérgola instalada en la plaza de La Alcoraya.
Por lo pronto, lo cierto es que el desenlace de la última jornada de testimonios vino a refrendar la tesis de la legalidad del procedimiento seguido, según precisaron fuentes consultadas. Así lo mantuvieron, cuando menos, tanto una de las técnicas de Intervención como un segundo técnico de Infraestructuras, quienes explicaron que el documento de retención de crédito sobre el pago de la pérgola se corrigió tras un error a instancias del mismo departamento de Intervención y se tramitó desde ese mismo área, después de que se apuntase que en Infraestructuras existía una partida específica para la renovación de pérgolas.
De este modo, señalaron que esa circunstancia venía a demostrar que todo fue correcto, tras haber superado esa fiscalización esencial. Además, insistieron en que, pese a no ser un procedimiento normal, al que se recurriese de forma habitual, sí era posible que se utilizasen partidas reservadas a una concejalía para financiar un proyecto de otra concejalía.
Por su parte, el jefe de servicio de Partidas Rurales, que compareció en calidad de investigado, señaló que la contratación de la pérgola se inició a propuesta del edil del área, Jiménez, como sucede de forma habitual en todas las concejalías, y que él se limitó a comprobar que todo era correcto. Además, recalcó que esa corrección había quedado avalada desde el momento en el que el documento de retención de crédito venía firmado por responsables de Intervención.
Otra perspectiva de la pérgola objeto de la investigación judicial. Foto: RAFA MOLINAEn todo caso, según fuentes consultadas, también señaló que él desconocía que el responsable de la empresa a la que se le encomendó la construcción de la pérgola era conocido de Jiménez en el ámbito de les Fogueres y que hubiera ejecutado obras de reforma en su propio domicilio más de un año antes. En ese caso, según las mismas fuentes, lo habría advertido. De igual modo, también señaló que el plazo previsto para la presentación de la oferta en el procedimiento negociado que se concertó para contratarla le parecía corto. Por último, también señaló que ese proyecto correspondía a una de las peticiones formuladas por los representantes de la Junta de Distrito que se había tenido en consideración.
Por su parte, el representante de una de las empresas a las que se solicitó oferta para la construcción de la pérgola (que no había comparecido en dos citaciones previas) admitió que conocía al responsable del gabinete de arquitectura que diseñó la pérgola, puesto que había mantenido una relación profesional previa con él, aunque aseguró que no conocía a Jiménez. Además, añadió que acabó renunciando a su oferta de presupuesto para construir e instalar dicha estructura porque en ese momento tenía un exceso de trabajo y no podía asumir ese nuevo encargo en un plazo de tiempo tan corto. Así, el contrato se acabó adjudicando a la empresa del conocido de Jiménez al tratarse de la oferta económica más baja entre las dos que permanecían en vigor.
