El bipartito de Alicante y Vox bloquean la fiscalización de los contratos menores de Jiménez

ALICANTE. Se cumple el guión y no habrá comisión específica planteada por Unides Podem EU para fiscalizar los contratos menores concertados desde las concejalías de Partidas Rurales e Infraestructuras en la partida de La Alcoraya que han acabado provocando la renuncia del concejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez. Se trata de cinco contratos relacionados con la instalación de un circuito de aparatos biosaludables (el único que salió a concurso), con la reparación y reforma del escenario de la plaza Manuel Giménez Pastor, de la instalación de una pérgola en la misma plaza, de la redacción del proyecto de esa misma pérgola y de un último contrato relacionado con la instalación de cartelería informativa en cuatro partidas rurales. Tres de esos contratos se concedieron a empresas representadas por personas del círculo de conocidos de Jiménez en el ámbito de las fiestas de Fogueres, como viene informando este diario. En todo caso, como se preveía, la iniciativa ha quedado desestimada con los votos de los 13 concejales del equipo de gobierno (Partido Popular y Ciudadanos) y por los dos representantes de Vox, como había anticipado este diario, después de que los representantes del bipartito hayan defendido la legalidad del procedimiento.

El portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, ha defendido la necesidad de revisar el procedimiento para esclarecer lo sucedido ante los vínculos personales de las empresas contratadas con Jiménez y la existencia de hasta cuatro contratos diferentes concedidos sin la convocatoria de un concurso público. Todo, eso sí, después de poner de manifiesto -tras las intervenciones de dos representantes vecinales- que "no dudamos de que las actuaciones hayan sido reivindicadas por los vecinos". En esta línea, ha abundado en los argumentos ya conocidos durante la última semana al insistir en las críticas sobre "el regreso del clientelismo" y en las dudas que generaba tanto la división de los encargos como el importe de alguno de ellos, como el caso concreto de la pérgola, que ha considerado como "galáctica" por su coste, de más de 40.000 euros. Además, ha insistido en las "incongruencias" en las explicaciones facilitadas hasta ahora por los distintos representantes del equipo de gobierno para explicar la participación de las concejalías de Partidas Rurales y de Infraestructuras.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha argumentado que, a su juicio, "el edil Manuel Jiménez debía haberse inhibido" del procedimiento de contratación en el que se planteaba la contratación de la empresa que había realizado una reforma previa en su domicilio, en mayo de 2021. No obstante, ha insistido en que, a su juicio, no resulta procedente respaldar la creación de una comisión "que sabemos que no va a poder reunirse" antes de que finalice el mandato actual "y que solo trata generar ruido" cuando ya "se ha anunciado que el concejal va a renunciar a su acta". Además, ha señalado que "en la propuesta se habla de irregularidades" y "ya se ha anunciado que el asunto acabará en Fiscalía" por lo que, en su opinión, resultaría absurdo crear una comisión "teniendo en cuenta que, además, no tendremos concejal al que preguntarle". Así, ha considerado que "las cosas se investiguen donde se tienen que investigar y que se respete la presunción de inocencia".

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha considerado que "este último pleno parece un pleno de fin de ciclo" tras aludir a las protestas protagonizadas durante el desarrollo de la sesión por los trabajadores municipales, que han obligado a paralizar el pleno ante su reivindicación de la implantación de la carrera profesional. Respecto a la propuesta de comisión, Bellido ha anticipado su voto favorable al considerar que debe esclarecerse la tramitación de los encargos "sin que el alcalde se esconda". Además, ha señalado que debe explicarse "por qué la Concejalía de Partidas Rurales interviene en La Alcoraya" en la que ya estaba actuando la Concejalía de Infraestructuras y lo hace, además, "con fondos de esa concejalía". De igual modo, ha incidido, en términos irónicos, sobre la "casualidad" que supondría que las empresas beneficiarias de los contratos fuesen conocidos de Jiménez.

Por Ciudadanos, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha considerado que "en esta cuestión se podía haber tomado otras determinaciones" en lugar de "promover una comisión que no se va a poder constituir" entre las que ha citado preguntar al concejal. "Y se considera que ha habido alguna irregularidad, que se acuda donde se deba acudir", ha añadido. "Nosotros no creemos que con esta comisión se vaya a solucionar nada", ha apostillado, tras anticipar su voto en contra.

Por el PSOE, la portavoz adjunta, Trini Amorós, ha señalado que "en todo este asunto, lo que nos preocupa es el silencio del alcalde". "Ha permitido con su silencio que las dudas se multiplicaran y que se puedan convertir en verdad" por lo que ha considerado que esta comisión podría ser necesaria. "Es cierto que estamos a 30 días de las elecciones, pero también ese cierto que en ese periodo la labor de fiscalización de la oposición sigue siendo un deber y una obligación, y nos preocupa el uso del dinero de los alicantinos", ha recalcado. "Los alicantinos no han recibido ninguna explicación ni respuesta del alcalde sobre este tema", ha señalado. En este sentido, ha considerado que el primer edil "está más preocupado por decidir a quién mete y a quién no en su lista" y en mantener "un gobierno que se mantiene con respiración asistida", ya que comenzó con 9 concejales y "mañana solo va a tener 7". Además, se ha cuestionado si existen otros contratos que investigar.

El edil de Contratación, Manuel Villar, ha defendido que todo el procedimiento ha sido legal "y sin ningún reproche ético" y se ha remitido a las explicaciones voluntarias que prevé facilitar Jiménez en el transcurso del pleno. En todo caso, ha negado que exista un supuesto fraccionamiento de contratos "como sí existió durante el pasado mandato" en alusión a los contratos del caso Comercio que forzaron la dimisión del alcalde socialista, Gabriel Echávarri. Al respecto, ha señalado que en los contratos de Partidas Rurales e Infraestructuras no encaja el supuesto de prevaricación que supondría adoptar una decisión errónea a sabiendas. Además, ha señalado que no se va a apoyar la moción por coherencia y ha insistido en que "ustedes ya han anunciado que van a acudir a la Fiscalía, cuando bastaba con pedir la documentación para comprobar que no existe ninguna ilegalidad". Además, se ha referido al "gesto ético" de Jiménez por anunciar la presentación de su renuncia y ha recriminado a la oposición que "trate de crear un circo".

En la réplica, Ortolá ha insistido en la necesidad de "respetar y dejar trabajar a la justicia" y ha agradecido a Jiménez que vaya a comparecer "de motu propio" para explicar el procedimiento de contratación. Bellido ha incidido en la necesidad de que se explique que una concejalía actúe con presupuesto de otra sin que su responsable político -en alusión al edil de Infraestructuras, José Ramón González- tenga conocimiento de ello, a partir de las manifestaciones formuladas por él mismo. "No vale todo", ha considerado, pese a las prisas o las necesidades vecinales que se hayan podido producir.

López ha señalado que "no hemos montado ningún circo, hemos actuado a partir de un expediente que se ha publicado sin que esté en el portal de transparencia y que no ha salido de la oposición, por lo que tendrían que analizar ustedes entre sus propias filas de dónde ha salido". Además, ha señalado que "tras pedir la documentación, la analizaremos y emprenderemos acciones legales si lo consideramos necesario, como ya hemos hecho con la ordenanza contra la mendicidad", ha apuntado. "Pedimos la máxima transparencia posible", ha recalcado.

Amorós ha sido más escueta y ha insistido en que el PSOE "quiere saber qué hay debajo de la punta del iceberg". Y Villar ha insistido en que la oposición "no ha hecho nada en todo el mandato" y ahora "quieren hacer como que trabajan". Al tiempo, ha hecho alusión a varias de las polémicas que acompañaron al extinto tripartito con referencias a los contratos relacionados con Escola Valenciana bajo la etapa de gestión de la exedil de Compromís, María José Espuch, o a las ayudas concedidas por la Generalitat a las empresas del hermano de Ximo Puig. También se ha referido a las condenas respecto a la gestión de la Conselleria de Sanidad por su proceder durante la pandemia de la covid.