Benidorm abre un expediente sancionador a la concesionaria de la zona azul por cobrar de más

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm aprobará en el próximo pleno el inicio del expediente sancionador a la concesionaria del servicio público del estacionamiento regulado y la grúa. Así lo confirma a este diario el concejal de Escena Urbana, José Ramón González de Zárate, que elevará a la próxima sesión una propuesta en la que se incoa el procedimiento, clarificando los incumplimientos, medidas provisionales y un plazo de 10 días para que presenten sus alegaciones y justificaciones.

El Ayuntamiento inició una investigación sobre el asunto hace unos meses, tras lo cual, los informes técnicos revelan siete puntos que no concuerdan con lo firmado en su momento, tanto por el pliego como por la oferta presentada por la empresa. En primer lugar, y lo que dio comienzo al procedimiento es el cobro de más por el estacionamiento. El precio fijado por el pliego es de 50 céntimos la hora. Una tarifa que en ningún momento se ha autorizado a cambiar por parte del Ayuntamiento, ni la concesionaria ha comunicado una petición para su incremento, según dijo el concejal.

Sin embargo, han constatado que sí que se estaba trasladando una comisión de entre cinco y diez céntimos por operación a los clientes que usaban una 'app' habilitada por la empresa para pagar por la zona azul. En principio, la concesionaria transmitió al Consistorio que es el importe que le cobra la aplicación móvil, y por tanto, estarían repercutiéndolo a los vecinos y turistas. Un asunto que se contradice con el contrato en vigor y que no es suficiente para darlo por bueno por parte del Ayuntamiento.

Esta es una de las infracciones graves que se le atribuyen a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Autobuses Playa de San Juan SA (Auplasa) y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA (Sice). Como consecuencia, dice González de Zárate, se podría enfrentar a la resolución del contrato, además de a sanciones económicas. La propuesta se apoya en un informe del pasado 11 de abril en el que se solicita la incoación del expediente para determinar la responsabilidad administrativa. Una vez recaben las justificaciones de la empresa, la instrucción del mismo se pronunciará sobre sus consecuencias.

Devolución del dinero

La segunda viene a consecuencia de la primera. La falta de comunicación al Consistorio de la recaudación adicional "de unos supuestos gastos de gestión no aprobados", recalca la moción. Ni el número de usuarios afectados ni el importe al que asciende el pago de más de esta comisión. A lo que además, la propuesta incluye en su punto cuarto como medida provisional el requerimiento a la empresa a que cese la "comisión de las infracciones detectadas" en el plazo máximo de cinco días desde que se le notifique, así como el reintegro de estas tasas "indebidamente devengadas a los usuarios". Según ha podido comprobar este diario, hasta este lunes seguían incluyendo los gastos de gestión en el cobro final.

Falta de personal y carencias

Como se decía, el informe habla de siete incumplimientos. Además de los dos comentados, menciona que hay una reducción de personal respecto del que hay aprobado para el contrato. De este modo, quieren corroborar que la plantilla es la correspondiente y no se escuda en bajas y vacaciones. El cuarto hace referencia al cese de la asistencia técnica anual, que sí que llegó a existir y que entre otros asuntos, permitió la elaboración del Plan de Estacionamiento Sostenible (PES), tal y como recuerda el edil del área.

También apuntan a que no disponen de una oficina de la ORA en una calle donde esté implantado el estacionamiento regulado. Según explica el concejal, la que tenían ubicada en la calle Antonio Ramos Carratalá se trasladó a la calle Del Rosal, donde no existe el aparcamiento de pago. La penúltima infracción está en la falta de un cajero automático que funcione con dinero en efectivo en el depósito, y finalmente, el déficit de material de oficina por no tener un plotter que permita, entre otros, la impresión de planos.