ALICANTE. Las dimensiones del futuro barrio a desarrollar sobre los terrenos liberados de las vías en el acceso ferroviario de Alicante no solo son abultadas en cuanto a metros cuadrados, número de viviendas o incremento poblacional. También lo son en lo que respecta a las cifras económicas que conllevará su construcción, con el efecto arrastre que tendrá su lógica correlación en el mantenimiento y generación de empleo.
Por lo pronto, la memoria de sostenibilidad económica de la que se acompaña la última modificación del Plan Especial de la denominada Operación Integrada número 2 (OI/2), ahora en exposición pública para la presentación de alegaciones, estima que solo los costes asociados a la edificación de viviendas y de espacios de uso terciario requerirá un desembolso de más de 193 millones (193.195.500 euros) en presupuesto de ejecución material de obra. Se trata de la inversión privada que deberá repartirse entre las promotoras que adquieran los solares resultantes de la reurbanización del sector con la intención de construir edificios residenciales o terciarios.
A esa cifra se debe añadir, además, la suma necesaria para acometer la urbanización del suelo: una bolsa 468.925 metros cuadrados en la que se incluye la construcción del llamado Parque Central, además de la futura estación intermodal y de los nuevos viarios encargados de vertebrar los barrios que han permanecido históricamente separados por el paso del tren.
La memoria de sostenibilidad económica no llega a referirse ese importe que, al menos en parte, debe recuperarse con la comercialización posterior de esos solares habilitados para la promoción de vivienda, y que se fijaron en torno a los 60 millones, en función del convenio suscrito en 2003 entre las tres administraciones que conforman la sociedad Avant (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento) con motivo de las obras de la llegada del tren de alta velocidad.
No obstante, la memoria sí cuantifica cuál será el previsible rédito que podrá obtener el Ayuntamiento en forma de recaudación de impuestos en el momento en el que se agote la edificabilidad prevista y se ejecute el conjunto de viviendas y de inmuebles de uso terciario que se contemplan. Como ya ha informado este diario, el Plan Especial ampara la construcción de 1.433 viviendas, sobre una edificabilidad residencial máxima de 171.955 metros cuadrados de techo y determina que el 30% de esos futuros pisos deben quedar sometidos a algún régimen de protección pública. Además, se contemplan otros 48.045 metros cuadrados de techo edificable para usos terciarios (comercio, oficinas y hoteles)
Con esos parámetros, la memoria económica precisa que el Ayuntamiento recaudará más de 8,2 millones en ingresos puntuales con motivo del cobro del impuesto de construcciones (Icio) y el de plusvalías (8.214.651,23 euros en total), que se complementarán con otros casi 4,4 millones más (4.371.276,44) en ingresos periódicos a través del IBI, del IAE y de las transferencias estatales con motivo del incremento poblacional previsto.
En suma, según el cálculo reflejado en esa memoria de sostenibilidad, el Ayuntamiento hará una caja global de más de 12 millones (12.585.927,68) gracias al desarrollo del sector. Ahora bien, a esa cuantía se debe restar los gastos generados por los costes de mantenimiento de la nueva zona urbana, que también quedan cuantificados en el estudio. En concreto, se señala que la prestación de servicios en el nuevo barrio (limpieza viaria, alumbrado, etc) generará unos costes añadidos de casi 3 millones anuales (2.966.348,88) tras aplicar la ratio de gasto por habitante que se establece en el presupuesto municipal (715,67 euros) como consecuencia del incremento poblacional previsto en el sector, con alrededor de 3.583 nuevos residentes.
En todo caso, el balance sigue siendo ventajoso para el interés general en la medida en que la propia memoria refleja que los ingresos a obtener por la administración local superarán de manera periódica a los costes previstos. En concreto, se detalla que las arcas municipales obtendrán un rédito periódico de más de 1,4 millones (1.404.927,56) al año al descontar los gastos sobre la recaudación fiscal.