Barceló promete al comité de Dénia ir contra Ribera por la compra "no autorizada" del Hospital

VALÈNCIA. Las mismas promesas y muy pocas certezas. Ese es el balance de la reunión de este miércoles entre Ana Barceló y el comité de empresa del Hospital de Dénia, recibido por la consellera de Sanidad cinco meses después de haber solicitado el encuentro y tras haber presentado una queja a la Sindicatura de Greuges por la inacción de Bacerló en la venta del centro sanitario.

Según explicó un portavoz de la Conselleria a este periódico, la responsable de Sanidad trasladó a la representación de los trabajadores que se va a iniciar un procedimiento por el incumplimiento por parte del grupo sanitario Ribera y de DKV de recabar la autorización previa de la Conselleria de Sanidad para el traspaso del 65% de las acciones de Marina Salud, firma concesionaria del departamento de salud de La Marina.

En septiembre, dos semanas después de que las empresas dejaran constancia por registro de entrada de su acuerdo para el traspaso accionarial y de que sus respectivos CEO se lo comunicaran personalmente, la consellera de Sanidad se presentó ante el comité de empresa y la junta de personal para anunciarles su intención de impugnar el acuerdo entre las empresas.

Ese acuerdo, que contó con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitió a DKV salir del accionariado y a grupo Ribera tomar el 100% de las acciones de Marina Salud. Sin embargo, según les dijo Barceló a los sindicatos en ese encuentro de septiembre, Sanidad contaba con un informe de la Abogacía de la Generalitat que le amparaba para tratar de frenar ese traspaso accionarial por no haber solicitado autorización expresa y previa a la Conselleria de Sanidad.

Desde entonces, pese a la insistencia de los trabajadores por conocer el contenido del informe y por que la consellera concretase las medidas que había tomado, pasaron otros cuatro meses sin que Sanidad hiciera nada de lo que prometió Barceló.

Según explicó el comité de empresa tras la reunión de este martes en el despacho de la consellera, Barceló les trasladó que no se había iniciado ningún movimiento a falta de contar con la escritura de compraventa de las acciones, pero les prometió que actuará en "breve".

La forma sigue siendo una incógnita, también para el comité. Según los trabajadores, los informes con los que cuenta el departamento de Barceló son favorables para interponer "una demanda", pero Sanidad no desvela la estrategia ni muestra esos informes para que no trascienda la estrategia que va a llevar a cabo.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad no aclararon a preguntas de este periódico si el "procedimiento" que se va a iniciar es administrativo por incumplimiento de contrato o si se va a acudir a la jurisdicción civil.

Más allá de este nuevo compromiso sin plazos concretos, la Conselleria destacó el tono "cordial" de la reunión y la coincidencia de ambas partes en que la gestión del departamento sanitario pase a ser pública cuando concluya el acuerdo de concesión.

Sanidad podría no tener margen

A falta de que Sanidad concrete su estrategia, expertos legales consultados por este periódico dudan de que la Conselleria de Sanidad todavía siga teniendo margen de maniobra para frenar una operación mercantil entre dos empresas formalizada hace más de cinco meses, por más que este traspaso altere la mayoría accionarial de una firma concesionaria de la administración.

A la luz de la Ley de Contratos del Sector Público, un traspaso accionarial que implica un cambio de mayorías sería asimilable a una cesión de contrato, por lo que para poder llevarse a cabo debería haber contado en principio con la autorización expresa y previa de la administración.

Sobre la base de este argumento, la Conselleria de Sanidad podría haber resuelto anticipadamente el contrato de concesión por incumplimiento de los términos previstos en el mismo. Esa habría sido, según estas fuentes, la vía más lógica y directa si lo que se pretendía era impedir la operación, en lugar de acudir a la jurisdicción civil.

Sin embargo, dado el tiempo transcurrido sin que se haya dado ningún paso, la Conselleria de Sanidad podría haberse quedado ya sin opciones de recurso porque el plazo ordinario para iniciar acciones desde que la administración tomó razón del acuerdo expiraría a los tres meses.

Grupo Ribera y DKV acordaron el pasado agosto la compra por parte de la primera del 100% de las acciones de Marina Salud, concesionaria del departamento de salud de La Marina, un traspaso que buscaban desde 2016, cuando la aseguradora alemana movió ficha para salir del accionariado de Marina Salud. Sin embargo, la operación no se concretó entonces por la irrupción de la Conselleria de Sanidad para intentar quedarse las acciones de DKV como vía para cumplir la promesa de Ximo Puig de revertir esta concesión antes de su finalización en 2024.