ALTEA. El Ayuntamiento de Altea llevará a Fiscalía toda la documentación sobre la concesión del servicio público de aparcamiento en la localidad. Así lo propone en su moción el concejal de Infraestructuras, Diego Zaragozí, para el próximo pleno que se celebrará el jueves 18 de mayo. En su segundo punto, establece la declaración de "culpas de ambas partes" para "depurar posibles responsabilidades". Así, los servicios jurídicos del Consistorio actúan conforme a la ley al haber sospechas de delitos como una supuesta malversación de fondos públicos y la presunta falsificación de documentos en el contrato, según explican fuentes municipales.
Como ha venido contando este diario, en los últimos años han existido ciertas discrepancias entre el gobierno local y la empresa concesionaria Asterita Inversiones, ahora Asa Parkings SL. Una adjudicación que data del año 2.000 y que se extiende por 60 años. Por un lado, achacan a la mercantil deficiencias debido a la posible falta de inversión en la construcción de los parkings públicos que se firmaron en su momento, argumentando que después de 22 años solo ha construido uno de los cinco. Con la particularidad de que no pagan canon de la zona azul a cambio de estas obras planteadas. Por otro, remarcan un convenio de colaboración por el que la misma también se encarga del servicio de la grúa y que ahora tratan de anular.
Para seguir con el procedimiento, el Consistorio apeló al Consell Jurídic Consultiu para conocer cómo había que actuar. El dictamen llegó en abril, como adelantara Alicante Plaza en su momento. Este avalaba la revisión de oficio e incluso la posibilidad de invalidar el convenio paralelo por la grúa. De este modo, el pleno de abril sirvió para caducar el expediente anterior y reiniciar la revisión, contando con el voto a favor de Compromís, PSOE, Altea amb Trellat y Ciudadanos y la abstención del PP.
En este sentido, el edil del área indicó que en esa misma sesión donde se aprobaba retomar el procedimiento no se permitía a la vez tomar decisiones en base a ella. Por ello, será en el pleno del mes de mayo cuando se eleve su propuesta en la que se inicia de nuevo la revisión de oficio de la adjudicación del contrato así como su formalización, el convenio de colaboración mencionado y la modificación del contrato inicial.
La finalidad es llegar a la nulidad de estos actos y como consecuencia, restituir "las cosas recibidas previa liquidación en expediente contradictorio diferenciando dos fases, habida cuenta de la independencia sustantiva y contable de los contratos", dice la moción a la que ha tenido acceso este diario. A lo que añade la liquidación del contrato de servicios de la grúa y depósito, para lo que conceden a la empresa un mes para presentarla. Así como del contrato de concesión de la gestión del servicio público de aparcamientos en Altea, en este caso, con un plazo de tres meses.
Salvo sorpresa, la moción tiene visos de ser aprobada. Tras lo cual, se notificará a la concesionaria el procedimiento para la revisión de oficio, y contará un plazo de diez días para alegar, incorporándose al expediente las realizadas también en su día. Y se establece en seis meses el plazo máximo para llegar a una resolución.
Con todo, durante el proceso de investigación del Consultiu, la empresa pidió personarse y presentó alegaciones al respecto, afirmando que ningún órgano judicial había cuestionado la validez de la relación contractual, ni el Ayuntamiento identifica las causas en las que se puedan justificar, "faltando elementos probatorios o no habiéndose valorado otros".
Por su parte, el alcalde, Jaume Llinares, reseñó en el pasado pleno que la concesión le ha costado al Consistorio 7,6 millones de euros, mientras que solo se ha construido un aparcamiento, cuyo coste ascendió a 1,8 millones de euros. Al mismo tiempo, reveló que la empresa declara unos beneficios anuales de 200.000 euros por explotación del aparcamiento, la ORA y la grúa. Al tiempo que reclama al Ayuntamiento 15.669.000 euros en concepto de vehículos depositados y retenidos por la autoridad judicial o abandonados por sus propietarios, como 40.000 euros por una bici, 46.000 euros por una mobylette, y 100.000 euros por algún coche. A lo que se añade lo correspondiente al lucro cesante de los 37 años que restan de concesión.
