Foto: MATIAS CHIOFALO/EPVALÈNCIA (EFE/Laura Ramos). Con la burbuja del alquiler cada día más inflada, algunos propietarios están aprovechando para arrendar sus viviendas en forma de pisos compartidos, lo que les permite subir los precios cada seis o nueve meses con contratos y prácticas que bordean la ley, según denuncias de afectados.
Según la plataforma de alquiler Spotahome (presente en 28 países), la demanda de habitaciones, que supera con creces la oferta, se ha disparado un 40 % en los últimos meses, entre otros motivos porque vivir en un estudio o en un apartamento de un dormitorio ya no es asequible para un número de inquilinos cada vez mayor.
A diferencia de los contratos de vivienda habitual, en los que los inquilinos están protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el alquiler de habitaciones se sigue rigiendo por el Código Civil y los contratos dependen de la voluntad de las partes.
Son contratos de seis o nueve meses y, transcurrido ese tiempo, los propietarios pueden subir los precios la cantidad que quieran.
Además no están sujetos al límite del 2 % decretado hasta el 31 de diciembre de 2023 para las actualizaciones anuales de renta, ya que ésta y otras medidas del Gobierno solo afectan a las viviendas habituales.
Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas (SI), asegura que "esto está incentivando que haya caseros o fondos de inversión que están derivado las viviendas habituales a viviendas donde alquilan habitaciones por separado, para no estar sujetos a la LAU".
En declaraciones a EFE, Palomo ha denunciado la "trampilla legal" que supone tener arrendada una habitación que se utiliza durante años como vivienda habitual, gracias a una norma de 1889.
"Lo que estamos diciendo es que el alquiler de habitación tiene que regularse como la LAU, como si fuera una vivienda habitual, a no ser que esté muy justificada la temporalidad. Que sea un contrato inferior a seis meses se pudiera entender, pero en Madrid tenemos gente que lleva viviendo años con contratos de habitación prorrogándose cada año y eso es una trampilla legal, no podemos hablar de fraude de ley, pero sí está al borde de la legalidad", argumenta.
Colectivos como el de mujeres con hijos y con ingresos muy bajos, inmigrantes y jóvenes con empleo precario son los más afectados, aunque también hay inquilinos de habitaciones con recursos o salarios aceptables, pero que no cumplen los requisitos que ponen las inmobiliarias para entrar en una vivienda.
En la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) confirman que hay propietarios que "tergiversan el uso de una vivienda pequeña y no susceptible de ser dividida por habitaciones, normalmente para saltarse la LAU" y que se trata de una práctica al alza.
Desde antes de comenzar el curso esta empresa lleva aconsejando a los estudiantes que "compartan lo menos posible" y que opten por el arrendamiento de vivienda habitual.
Por otra parte, alerta a los propietarios de que alquilar por habitaciones "supone un mayor desgaste de la vivienda y un aumento exponencial de los problemas y conflictos".
Según el portal Fotocasa, compartir una vivienda en España cuesta como media 440 euros al mes, un 66 % más que hace siete años (2015).
Aunque es difícil cuantificarlas, porque la mayoría no se declaran en Hacienda, algunas fuentes estiman que hay unas 250.000 habitaciones alquiladas.
Barcelona, con un precio medio de 575 euros por habitación, es la ciudad más cara de España, mientras que Madrid (524 euros) es de las más afectadas por el incremento del último año (34 %).
"Nosotros tenemos casos en los que están pagando 300 euros por una habitación y les han planteado una subida a 400 euros, es decir, suben un 25 % o un 33 % de lo que venía costando", apunta el abogado del SI.
Uno de los casos que lleva es el de Eunate, de 26 años, que vive en un piso compartido de 60 metros cuadrados y cuatro habitaciones en una casa baja de un barrio del sur de Madrid.
Estudiante de Trabajo Social por la tardes, Eunate es becaria en la universidad, trabaja por las mañanas en un comedor escolar y su sueldo en total no llega a los 700 euros.
Asegura que cuando alquiló la habitación, hace año y medio, por 290 euros, la gestora le preguntó cuánto tiempo tenía pensado quedarse y ella le dijo que por tiempo indefinido, que no era algo temporal.
Cuando vio que el contrato era de nueve meses, preguntó y le dijeron que no se preocupara, que se renovaba automáticamente: "Me decía que no me preocupara y yo me lo creía", afirma en una entrevista con EFE.
Al cabo de un año, la gestora le escribió para comunicarle una subida de 30 euros y fue cuando se enteró de que tenía un contrato temporal sujeto al Código Civil y de que podían subirle lo que quisieran.
Intentó entonces negociar el incremento de precio con los propietarios y que le hicieran un contrato de vivienda habitual sujeto a la LAU, pero estos se negaron y ella decidió no pagar la subida, que por otra parte le habían comunicado fuera de plazo.
Con un contrato permanente, según explica, no le podrían aumentar el precio en cinco años -solo la actualización anual topada en la actualidad al 2 %- y también tendría derecho a la ayuda de 250 euros del Bono Alquiler Joven.
"Yo trabajo aquí, estudio aquí, estoy empadronada aquí, llevo en este barrio un montón de años y me quiero quedar aquí. Además me gusta la casa, he pagado siempre a principios de mes, no he dado ningún problema; es más, he cuidado esta casa y me quiero quedar, sin duda".
Los propietarios -cuatro hermanos arrendadores de otro piso compartido en la misma casa de dos plantas y del taller mecánico contiguo- ya le han enviado tres avisos por burofax de que le van a interponer una demanda de desahucio.
