Una de las viviendas municipales de Almoradí dañadas por la Dana. Foto: APALMORADÍ. El Ayuntamiento de Almoradí saca a licitación las obras para la reparación de cinco viviendas municipales ubicadas todas ellas en una misma calle del Barrio de la Cruz dañadas por las inundaciones de septiembre de 2019. También se actuará en una sexta pero para su derribo. El precio base de licitación se fija en 200.000 euros (IVA incluido).
Almoradí fue uno de los municipios más afectados por la Dana de septiembre de 2019. La rotura de la mota del río Segura a su paso por el término municipal de Almoradí hizo que se anegaran muchas partes del municipio y dejó graves daños en bienes públicos y privados. Acometidas ya algunas obras en materia de reparación de infraestructuras del municipio, más de dos años después, el Ayuntamiento saca a licitación las obras para la reparación de estas cinco viviendas y el derribo de una sexta.
Cuatro de estos inmuebles se encuentran deshabitados. Una de ellas tiene daños “suficientemente importantes” para que la redacción del proyecto haya sido considerada “económicamente inviable” su reparación. Por esta razón, tanto el redactor del proyecto como los técnicos municipales han decidido que se proceda a su demolición. Esta vivienda a derribar cuenta con 120 m2.
Estas viviendas se construyeron entre 1935 y 1950, y cuentan con entre 70 y 85 m2 de superficie construida, salvo una que tiene 129 m2. De las cinco viviendas a reparar no todas revisten el mismo grado de gravedad. Algunas requieren la reposición de teja y pintura, y otras precisan demolición y reposición de tabiquería de dormitorios, de la chimenea, falsos techos, y el alicatado de baño y cocina. También instalación eléctrica, fontanería, puertas y muebles de cocina.
En cuanto al proceso de licitación, solo se fija como único criterio para la adjudicación el precio del contrato. En cuanto a la solvencia económica y financiera de la empresa adjudicataria se fija un mínimo de 247.933 euros como cifra anual de negocio en al menos uno de los últimos tres años. Además se estipula un plazo de ejecución de seis meses.
