Los portavoces del equipo de gobierno, Manuel Villar y Antonio Manresa, en imagen de archivo.ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por PP y Cs, ha aprobado este martes, en Junta Local, la admisión a trámite de la propuesta normativa para la promulgación de una ordenanza abolicionista contra la prostitución y la explotación sexual promovida por el PSOE, en función de lo establecido para las propuestas que cumplen los requisitos técnicos. Es decir, justo lo que sucedió con la propuesta normativa de ordenanza de Igualdad, también promovida por el PSOE, que, no obstante, acabó quedando descartada después de que PP y Cs presentasen una enmienda a la totalidad por la que se abogaba por la redacción de un reglamento (y no por una ordenanza).
El nuevo texto planteado ahora por el PSOE desarrolla la "propuesta para abolir la prostitución en la línea que sigue la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, que anima a los municipios de la Comunidad Valenciana a adoptar el modelo elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución", según concretaron fuentes del PSOE al dar a conocer la iniciativa.
Así, entre otros puntos, la iniciativa comprende medidas "para hacer frente al proxenetismo en todas sus formas", según explicó la edil socialista, Llanos Cano, al dar a conocer el texto. Entre esas medidas, la propuesta de regulación "prohíbe la demanda de prostitución, que considera como infracción grave, y la sanciona con multas de hasta 1.500€". "Si la demanda se produce a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo la considera como infracción muy grave y la sanciona con multa de hasta 3.000€", según detalló el PSOE.
Además, la propuesta de ordenanza "reconoce a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género. En consecuencia, no sancionará en ningún caso a las personas prostituidas. Además, promueve medidas para garantizar la protección de sus derechos". De igual modo, "prevé la aprobación de un plan municipal de acción integral, que contenga medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional. Este plan incluirá acciones de apoyo social, laboral, formativo y habitacional".
Eso sí, la admisión a trámite del texto no implica, por el momento, que la ordenanza vaya a quedar aprobada, según han apuntado los portavoces del equipo de gobierno, Antonio Manresa y Manuel Villar, durante la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local. Ambos han incidido en que ahora se inicia la tramitación administrativa, lo que incluye la recopilación de informes técnicos y jurídicos para evaluar si resulta viable. Por último, en el caso de que se resuelva que se ajusta al marco jurídico sobre la cuestión, podría abrirse un plazo para la presentación de enmiendas, antes de que se elevase a su aprobación inicial.
Por lo pronto, tanto Manresa como Villar han eludido pronunciarse sobre el resultado que podría tener ese recorrido. "Vamos a ver el desarrollo que tiene, pero nosotros mantenemos que ya hemos aprobado una ordenanza de convivencia que ataca la prostitución; no vamos a entrar a analizar si esta propuesta entra o no en colisión", ha señalado Villar. En todo caso, ha incidido en que la posición definitiva también "dependerá de cuál sea el progreso que pueda tener en el Congreso" la propuesta de reforma legislativa que se pretende introducir en el Código Penal, en la que se introducen distintas penas para quienes alquilen locales destinados al ejercicio de la prostitución, así como para los demandantes de los servicios sexuales de prostitutas.
Hasta ahora, los dos primeros meses de aplicación de esa ordenanza de convivencia, se ha saldado con la imposición de 94 multas, 80 de ellas a personas que ejercían como aparcacoches (los conocidos como gorrillas), además de otras cuatro por orinar en la vía pública y diez motivadas por generación de ruidos o por transitar por la calle con el torso desnudo.
Por otra parte, la Junta de Gobierno también ha aprobado la solicitud de subvención a la Conselleria de Educación con el fin de financiar el desarrollo de actividades extraescolares para alumnos de entre dos y 18 años durante el curso 2022-2023 por un importe de 86.000 euros. La petición se produce días después de que se publicase la convocatoria, por resolución de 26 de mayo de 2022 de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, el pasado 1 de junio.
Como viene informando este diario, en la convocatoria correspondiente al curso 2020-2021, el equipo de gobierno acabó reintegrando 372.000 euros de la asignación preconcedida por el departamento autonómico, con el argumento de no haber podido disponer de plazo para organizar dichas actividades por el retraso en el que se formalizó al convocatoria y por las dificultades para desarrollarlas como consecuencia de los protocolos de prevención de contagios frente al coronavirus.
