ALICANTE (EFE/AP). Alicante retrocede un puesto en la clasificación y pasa a ser la segunda ciudad española con mejor calificación en el examen sobre libertad económica que realiza anualmente la Fundación para el Avance de la Libertad, sólo por detrás de Santa Cruz de Tenerife, mientras que las tres grandes urbes españolas, Madrid, Barcelona y València, suspenden con una calificación de "insuficiente". Dicho estudio había venido posicionando a Alicante en primera posición en los cuatro años precedentes, desde 2018 a 2022.
Ahora, Santa Cruz obtiene 68,45 puntos por 65,42 de Alicante, que queda posicionada en la segunda plaza, y en tercer lugar está Almería (65,05) -las tres con la calificación de "satisfactoria"- en una lista con las 50 ciudades más pobladas del país, donde Castellón ocupa el quinto lugar (63,86), Elche el noveno (62,09) -ambas "moderada"- y València el 43 (49,80) -"insuficiente"-. De las 50 ciudades analizadas, Madrid está en el puesto 44 y Barcelona en el 42, ambas con "insuficiente" igual que València; Sevilla en el 38 con "aceptable" y Zaragoza en el 28 y Málaga en el 23 con "moderada".
El Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) procesa 800 variables, correspondientes a 16 indicadores básicos, en cada una de los cincuenta municipios con más población de todo el país, arrojando cuatro parciales para las áreas de desempeño económico, magnitud de la plantilla, intervencionismo económico y presión fiscal municipales.
Entre sus conclusiones, el estudio señala que "el color político influye poco en el grado de libertad económica", aunque constata en algunos indicadores, como la tendencia a remunicipalizar servicios o la incontinencia del gasto, la contratación o las subvenciones, "un mayor intervencionismo por parte de las formaciones políticas de izquierda".
También confirma que en 2023 se mantiene la tendencia de mejora de años anteriores, que se reduce el diferencial entre las ciudades mejor y peor puntuadas, que el tamaño de las ciudades presenta una "correlación negativa" con su grado de libertad económica y que, en cambio, no hay conexión entre el grado de libertad económica municipal y el nivel económico o el grado de competitividad fiscal de su comunidad.
El secretario general de esta fundación de carácter liberal y coautor del estudio, Juan Pina, considera que "las políticas públicas municipales tienen un efecto cada día mayor sobre la libertad económica general de empresas y particulares, atrayendo o expulsando tanto profesionales individuales como actividad económica".