Agentes de Policía Local en labores de vigilancia en una de las calles peatonales del Centro. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La exigencia de restricciones y medidas paliativas frente al problema del ruido planteadas por los vecinos del Centro Tradicional no deberían caer en saco roto al margen de la última resolución del Tribunal Supremo (TS), en la que se da carpetazo a su demanda sobre la implantación de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en el entorno de la calle Castaños. Fuentes del equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) consultadas por Alicante Plaza aseguraron que, pese a que no exista ningún mandato judicial, se sigue trabajando en la disposición de un nuevo marco regulador sobre los locales hosteleros y de ocio asentados en ese perímetro con el fin de conciliar la actividad económica y el descanso vecinal.
Ese marco normativo que se estaría completando entre las concejalías de Ocupación de Vía Pública, Urbanismo y Medio Ambiente comprendería una reordenación de horarios de funcionamiento y de disposición de las terrazas de esos establecimientos que conllevará la aplicación de restricciones en las zonas en las que se ha determinado que se registra una superación habitual en los límites de emisiones sonoras previstos en la legislación.
En concreto, se prevé establecer planes de ordenación específicos para cada calle y para cada zona, de modo que se adapte el funcionamiento de sus establecimientos a partir de las necesidades constatadas en el nuevo estudio sonométrico promovido por el área de Medio Ambiente a finales de 2021, como complemento a los datos obtenidos a través de la red de medidores distribuidos en las calles del Centro Tradicional y del Casco Antiguo.
De este modo, según fuentes consultadas, el objetivo es implantar una regulación adaptada a la realidad de cada ámbito en el que esté justificada la instauración de medidas restrictivas para limitar la generación de molestias en base a los parámetros certificados en esas sonometrías, en las que se habría aislado otras fuentes de ruido como el tráfico (en las calles en las que está permitida la circulación). Se trata de una actuación que debe coordinarse con otra de las normativas que justo ahora también se encuentra en fase de revisión: la ordenanza de Ocupación de Vía Pública. Hasta ahora, el bipartito persiste en su propósito de que la actualización de esa ordenanza pueda someterse a la consideración del pleno en el mes de diciembre, una vez despejado el traslado de los puestos artesanales de Playa de San Juan a otro emplazamiento del Paseo de la avenida de Niza.
No obstante, lo cierto es que no existe todavía un calendario aproximado sobre el momento en el que podría aplicarse la reordenación prevista en el ámbito concreto del Centro Tradicional. De hecho, a finales de 2021, cuando se puso en marcha el nuevo estudio sonométrico, ya se anunció que se aplicaría una nueva batería de medidas para limitar el ruido que no llegaron a ejecutarse. De ahí que los residentes hayan optado por explotar la vía de la demanda registrada a título individual para que acabe siendo la justicia la que fuerce la adopción de medidas restrictivas sin más dilaciones.
Como ya ha informado este diario, esa demanda registrada por particulares -y no a través de la Asociación de Vecinos, como sucedió en el litigio original- ya está en tramitación en el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante, en periodo de presentación de prueba. Ese nuevo procedimiento se basa, de igual modo, en la presunta vulneración de derechos fundamentales que sí se apreciaron en la sentencia de primera instancia, hasta que la resolución fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), primero, y ratificada por el TS, después al entender que una asociación vecinal no tenía capacidad para reivindicar la protección de derechos que pertenecen a la esfera del individuo.
