El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto al presidente provincial de Cruz Roja, Francisco Galvañ, en dependencias de la entidad. ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante salda cuentas pendientes con Cruz Roja por la prestación de servicios de emergencia concertados justo tras el estallido de la crisis del coronavirus, en abril de 2020. El equipo de gobierno, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha aprobado este jueves, en el transcurso de una Junta Local de carácter extraordinario, la autorización del pago de una suma global de más de 414.000 euros (414.638 euros) que quedaban contabilizadas como operaciones pendientes de aplicación al presupuesto (OPAs) después de que el expediente haya superado finalmente la fase de fiscalización del gasto por parte del departamento de Intervención.
En ese proceso, el área garante de la estabilidad económica municipal habría requerido diversa documentación adicional en reiteradas ocasiones a lo largo de los tres últimos años antes de dar el visto bueno definitivo al abono de dicha cantidad, tras formular varios informes de reparo en los que exigía subsanaciones con la aportación de nueva información, al llegar a considerar que la entrega de algunas ayudas (tanto en metálico como por transferencia bancaria) no estaban debidamente justificadas, según se detalla en la propia propuesta de acuerdo.
No obstante, esas salvedades han quedado disipadas finalmente tres años después, una vez que los informes técnicos de la Concejalía de Acción Social defendiesen que "la valoración de la situación de los solicitantes fue realizada por personal técnico municipal de los servicios sociales (desde sus domicilios, con sus propios ordenadores, teléfonos y con total dedicación y atención rebasando incluso sus horarios laborales) y que se añadiese que "dichas valoraciones únicamente pueden ser realizadas por las personas profesionales del área de servicios sociales que ejercen las funciones inherentes a los servicios de atención primaria de carácter específico de competencia municipal y entre ellas (art. 17 de la Ley de Servicios sociales Inclusivos)".
Así, en los informes recopilados en el expediente, también reproducidos en la propuesta de acuerdo, se añade que "tanto la tramitación del contrato como la fase de ejecución del mismo debe ser valorada dentro del contexto extraordinario y sin precedentes de una pandemia de las características de la covid-19. No obstante, el trabajo realizado tanto por el Servicio de Acción Social como por la adjudicataria Cruz Roja, no sólo ha sido ejemplar, sino que se encuentra acreditado documentalmente y así se ha justificado".
En concreto, la prestación se concertó en la Junta de Gobierno celebrada el 7 de abril de 2020 bajo la fórmula de "contratación mediante trámite de emergencia de prestaciones derivadas de la actuación de los servicios sociales municipales durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19".
El contrato se formalizó finalmente el 4 de septiembre con el fin de procurar el "servicio de atención a urgencias sociales, consistente en la acogida de familias en situación de urgencia provocada por la crisis sanitaria, valoradas y derivadas previamente por los Servicios Sociales Municipales que necesiten de una prestación inmediata de carácter asistencial dirigida a dar cobertura a determinadas prestaciones sociales básicas, para la subsistencia en este periodo".
Así, se preveía supuestos concretos de atención como gestiones relacionadas con la "necesidad energética: suministro de bombonas de gas butano" por un importe máximo de 30€; la proporción de "alternativa habitacional que evite la pérdida de alojamiento y garantice el periodo de confinamiento", con el pago de idéntica cuantía del mes anterior pagado", sin que pudiese exceder de 400€, y "otras necesidades imprescindibles para la vida diaria que deberá ser especificada por el Técnico de Servicios Sociales Municipales" que no debía exceder de 150€.
Se preveía que la duración de ese contrato fuese de "el equivalente al del periodo de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus covid-19 y, en su caso, de la atención a las consecuencias derivadas de la misma". Así, se acabó prolongando hasta diciembre de ese mismo año 2020.
