Alicante mantiene la norma de convivencia corregida por el TSJ entre peticiones de derogación 

ALICANTE. La ordenanza de convivencia cívica de Alicante aprobada por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) con el respaldo externo de Vox seguirá temporalmente en vigor extendiendo todos sus efectos pese al correctivo establecido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) para cuatro de sus artículos concretos: entre ellos, los dos que prohíben el ejercicio de la mendicidad y la prostitución coercitiva y, en consecuencia, abren la puerta a la aplicación de sanciones, como se conoció este lunes.

Veinticuatro horas después, el actual bipartito en funciones preserva la aplicación de esa normativa a la espera de que el próximo equipo de gobierno -a partir de ahora, compuesto por el PP en solitario- pueda estudiar la oportunidad y conveniencia de recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del alto tribunal autonómico que da la razón al recurso presentado por Unides Podem EU. El ayuntamiento dispone de un plazo de 30 días que vence el 25 de julio para registrar ese recurso. De ahí que ya se haya encomendado a la Asesoría Jurídica Municipal el estudio de la resolución del TSJ para determinar qué opciones existen para plantear esa posible impugnación.

Entre tanto, los cuatro artículos que la sentencia declara nulos seguirán siendo válidos, ya que esa nulidad no será firme hasta que expire el plazo para recurrir o hasta que el TS pueda ratificar que esos artículos no tienen validez (en el supuesto de que se opte por tratar de defender la integridad de la ordenanza acudiendo a esa instancia judicial).

Este martes, el portavoz adjunto del equipo de gobierno y concejal de Asuntos Jurídicos, Manuel Villar, se limitó a señalar, durante la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local, que el bipartito respeta "las decisiones de la Justicia, como viene siendo habitual, aunque nos sean desfavorables" y que "se va a analizar la sentencia del TSJ, que es muy reciente, para valorarla y tomar una decisión sobre un posible recurso", recalcó.

De este modo, optó por la prudencia y eludió referirse a la argumentación en la que el TSJ fundamenta la declaración de nulidad de cuatro de los artículos más controvertidos de la norma: la inexistencia de un informe de impacto de género y de otro estudios sobre los efectos sobre las familias y la infancia que puedan considerarse válidos. De hecho, el alto tribunal señala que, en su escrito de oposición al recurso de Unides Podem EU, el ayuntamiento alegó que sí elaboró el estudio de impacto de género requerido para la tramitación de la ordenanza, pero insiste en descartarlo al estimar que dicho informe solo analizó cuestiones de perspectiva de género como el uso del lenguaje inclusivo, entre otros aspectos.

La izquierda, por la retirada

Entre tanto, los tres grupos políticos que han ejercido funciones de oposición en el mandato que ahora llega a su fin (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) coincidieron en manifestar de nuevo este martes su rechazo a la ordenanza hasta el punto de plantear su retirada o derogación.

En primer término, el todavía portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, puso en valor la "doble victoria" que, a su juicio, se habría conseguido después de que el TSJ estimase de forma íntegra el recurso planteado por la confluencia. Doble porque se extendería tanto sobre las políticas "desplegadas por Barcala en estos últimos cinco años como alcalde", así como sobre las tesis de Vox, que se personó en el procedimiento para oponerse al recurso. En esta línea, interpretó que el TSJ había concluido que "la ordenanza vulnera los derechos humanos" y que, al tiempo, esa resolución del alto tribunal autonómico, habría avalado que a las personas en situación de vulnerabilidad "hay que protegerlas y no seguir criminalizándolas". 

De este modo, después de subrayar que "el TSJ ha confirmado que, además, el procedimiento seguido en la tramitación de la ordenanza no fue el correcto" por la ausencia del ya citado informe de impacto de género, conminó al PP a derogar la ordenanza "y no seguir malgastando dinero público" con un hipotético recurso ante el TS "por una mera lucha ideológica", añadió.

En segundo término, la edil del PSOE, Lola Vílchez, insistió en que "no puede ser que un Ayuntamiento multe a la ciudadanía por ser pobre" y mostró su satisfacción ante la decisión del TSJ. "Esta normativa, caracterizada por su injusticia y crueldad, ha causado un verdadero sufrimiento a cientos de residentes en situación vulnerable de nuestra comunidad, quienes han sido perseguidos legalmente únicamente por su situación económica. Es absolutamente necesario que esta ordenanza sea reformada de inmediato, como lo han indicado los tribunales, especialmente en aquellas disposiciones más perjudiciales y que van en contra de derechos fundamentales que contempla nuestra Constitución", añadió. 

De ahí que instase al alcalde, Luis Barcala, a "abandonar su postura extremista y trabajar en beneficio de todos los ciudadanos, especialmente de los colectivos más vulnerables. Es hora de dejar de lado políticas partidistas y trabajar en pro de la equidad y el bienestar de nuestra comunidad, de toda nuestra comunidad".

Y en parecidos términos se expresó el todavía portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, quien también emplazó al PP a "retirar esta ordenanza injusta" para iniciar los trabajos de redacción de una normativa útil consensuada y participada con las entidades del tercer sector. "La sentencia del TSJ es una auténtica bofetada política contra una regulación que revictimizaba a los mendigos y a las mejores prostituidas", incidió.