El alcalde, el 'popular' Luis Barcala, recibe la vara de mando de manos del edil socialista, Miguel Millana, ante la mirada del portavoz de Vox, Mario Ortolá. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El mandato 2019-2023 arranca a fuego lento en el Ayuntamiento de Alicante. Casi un mes después de que se celebrase el pleno de constitución de la nueva corporación municipal, las retribuciones que percibirán sus 29 concejales siguen en el aire, así como el número de asesores definitivo de los que dispondrá cada grupo político. Por lo pronto, la propuesta de incremento salarial de entre un 5 y un 10% planteada por el alcalde, el popular Luis Barcala, pende todavía de la posición que puedan adoptar tres de los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición (PSPV-PSOE, Compromís y Vox) en el pleno extraordinario previsto para este próximo jueves, 11 de julio.
Sólo Unides Podem EU adelantó este lunes, en el transcurso de la junta de portavoces, que rechazará la propuesta de incremento salarial. Su portavoz, Xavier López, abundó en que su formación no considera que esa subida retributiva resulte necesaria. Así, volvió a reivindicar una propuesta alternativa en la que se mantenga el mismo importe para los emolumentos de los concejales. Además, defenderá que se conserve el reparto de cargos de confianza que se acordó en 2015, con un mínimo de dos personas de apoyo por cada grupo municipal.
En la propuesta de reparto planteada por el primer edil, se prevé que el PSPV-PSOE (con nueve concejales, los mismos que el PP) disponga de dos plazas de asesores, mientras que Unides Podem EU, Compromís y Vox contarían con una. En todo caso, en la junta de portavoces no se llegó a debatir sobre cargos de confianza, ya que, como se dejó constancia durante la reunión, no es un asunto sobre el que se deba debatir en el pleno: la determinación del número de plazas a cubrir depende directamente de Alcaldía, con el límite legal de 29 asesores (uno por cada concejal).
Por lo que respecta a los sueldos de los ediles, los portavoces de PSPV-PSOE y Compromís, Paco Sanguino y Natxo Bellido, coincidieron en considerar que el aumento retributivo propuesto por Barcala no era una cuestión prioritaria, aunque precisaron que las ejecutivas de ambos partidos todvía debían evaluarla para poder fijar su posición de voto. Sanguino insistió, además, en que todavía no había obtenido una respuesta oficial a su propia propuesta de régimen económico y organizativo, basada en la recuperación del reparto que se acordó en 2007, con la participación de trabajadores municipales como personal administrativo al servicio de cada grupo político.
Por su parte, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, también apuntó que su partido aún no tenía una posición definitiva sobre la propuesta de aumento salarial, ya que "nosotros habíamos defendido otro planteamiento distinto, para que hubiese una mejora en las retribuciones de los concejales con delegaciones de gobierno, en detrimento de las que perciben los portavoces de la oposición".
El primer edil propone reducir los tiempos de intervención de los concejales para evitar que las sesiones se alarguen con la entrada de un sexto grupo político: uno más que en el mandato precedente
Como viene informando este diario, para que la propuesta de régimen económico prospere, el bipartito compuesto por PP y Ciudadanos (14 ediles entre 29 posibles) debe sumar más votos a favor que en contra. O lo que es lo mismo, necesita del sí o de la abstención de al menos otro concejal de la oposición. Todo parece indicar que se deberá esperar hasta el pleno para conocer el desenlace de la votación.
Sea como fuere, en el transcurso de la junta de portavoces, Barcala también planteó otra cuestión de orden relacionada con el desarrollo de los plenos y evitar que se alargue su duración. En concreto, abogó por acortar de manera lineal los tiempos de intervención de los concejales o reducirlos de manera proporcional en función de su número de representantes en el pleno. Hasta ahora, el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) establece que cada grupo político dispone de dos turnos de palabra de 4 y 2 minutos cuando se debaten propuestas de acuerdo y mociones; de 3 minutos para plantear preguntas y de otros 3 para las declaraciones institucionales.
Fuentes municipales precisaron que el objetivo de la propuesta es agilizar el debate, puesto que la corporación pasa a estar formada ahora por seis grupos políticos, uno más que durante el mandato anterior. En la junta de portavoces se planteó al resto de grupos políticos que planteasen fórmulas alternativas para regular esos tiempos, sin que se llegase a adoptar ningún acuerdo concreto.
Por último, en la junta también se determinó qué posiciones ocupará cada grupo político en el salón de plenos. Los 8 ediles de PP (todos salvo el alcalde, que ocupará la mesa de presidencia), los 4 de Ciudadanos (todos salvo la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, también en la mesa de presidencia) y los dos representantes de Vox compartirán los escaños de una misma bancada. Los de Vox se situarán en la parte más próxima al público y, por tanto, más alejada de la mesa de presidencia. Los 9 ediles de PSPV-PSOE, los dos de Unides Podem y los dos de Compromís ocuparán la bancada opuesta.
