Vista panorámica de la ciudad de Alicante, tomada desde el Benacantil. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Los datos del Ministerio de Hacienda sobre la regularización de viviendas ilegales en la provincia de Alicante revelan que la capital es la que más ha tenido que poner en regla los inmuebles de la ciudad desde que se inició la campaña en 2013. En total han sido 7.181. Un dato que está muy por encima del segundo municipio registrado, Teulada, con 4.176, y la que le sigue, Dénia, con 3.060. Éstas son las tres localidades que destacan sobre las 58 ciudades registradas, ya que el siguiente sería Altea, con 1.957.
La campaña, que inició el Catastro para aflorar todas las viviendas que no pagan el IBI o el impuesto de transmisiones, demuestra a grandes rasgos que el problema está de forma mayoritaria en las edificaciones que han sufrido modificaciones de uso o rehabilitaciones. Mientras que las casas de nueva construcción afectadas no llegan al 26,98% del total. Así, las reformas y cambios de usos suponen el 32,42%, las ampliaciones y rehabilitaciones llegan al 30,72% de todas las regularizaciones, y por último, las piscinas, con el 9,87%.
Caso distinto es el de Benidorm que ha regularizado en este tiempo 615 viviendas. Por debajo incluso de localidades vecinas de menos extensión, como es Gata de Gorgos, que lo ha hecho en 850 inmuebles. La capital turística de la Costa Blanca, al contrario de las grandes ciudades de la provincia, tiene el principal problema en las viviendas de nueva construcción, donde la legalización ha supuesto en esta tipología el 57,89%. Cuando Alicante, por ejemplo, llegó al 21,44%.
En términos globales, con esta campaña, el gobierno ha regularizado en la provincia 39.062, de los 894.561 que cuenta en su haber los 58 municipios analizados. En comparación la provincia vecina, Valencia, de esta se peinaron 104 localidades, en las que se legalizaron 49.232, de los 1.170.536 totales. Muy lejos se queda Castellón, que 16.975 viviendas fueron legalizadas, de los 44 municipios con 640.941 inmuebles que se registraron en la provincia.
En cuanto al tipo de vivienda con más irregularidades, tanto Valencia como Castellón tienen su mayor problema en las nuevas construcciones, 40,69% y 46,46% respectivamente. Es decir, el doble de lo que registra la provincia de Alicante, que está más repartido entre las distintas infracciones.
Otra de las distinciones que hace el informe estadístico es si son viviendas rústicas o urbanas. En este sentido, gana por amplia mayoría en los distintos municipios la segunda calificación en número de legalizaciones. No obstante, hay excepciones, como es el caso de Altea, que de las 1.957 viviendas regularizadas, 1.094 eran urbanas y 863 rústicas. Mientras que Pedreguer tendría 431 urbanas y 663 rústicas; mismo caso que Pego, con 46 urbanas y 357 rústicas.
