Una de las protestas contra la aprobación de la ordenanza de convivencia cívica. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, ahora compuesto por el Partido Popular (PP) en solitario, opta por defender la ordenanza de convivencia cívica en su integridad con el registro de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que anula cuatro de sus artículos: los que recogen la prohibición del ejercicio de la prostitución y de la mendicidad en la calle, entre otros que afectan al vandalismo o comportamientos inapropiados realizados por menores. Esas prohibiciones son las que sustentan la posibilidad de sancionar las conductas que encajen en esos supuestos y, por tanto, las que también se pretende mantener a través de ese recurso de casación.
De este modo, la ordenanza se mantendría en vigor en su integridad hasta que pueda dirimirse ese recurso, en un plazo que podría oscilar entre uno y dos años. Hasta entonces, la norma continuará siendo válida, al no existir sentencia firme que consolide la anulación de esos artículos señalados por el TSJ, salvo que los exediles de Unides Podem EU, Xavier López y Vanessa Romero, que impugnaron la ordenanza, soliciten la ejecución provisional de la sentencia del TSJ durante el tiempo en el que el TS demore la resolución del recurso municipal. Y, claro está, que el TSJ acceda a conceder esa petición.
Por lo pronto, el vicealcalde, portavoz del equipo de gobierno y edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, ha confirmado este martes -en la comparecencia informativa en la que se da cuenta de los cuerdos alcanzados en Junta Local- que el equipo de gobierno presentó formalmente ese recurso este lunes, al mantener que el proceso seguido por el Ayuntamiento para elaborar dicha ordenanza "fue correcto". En esta línea, ha recordado que el alto tribunal autonómico justificó la anulación de esos cuatro artículos con el argumento de que no se había aportado un informe fundamentado sobre los posibles efectos que podrían tener esas prohibiciones.
En concreto, el TSJ apuntaba que en la tramitación de la norma municipal no se había incorporado un estudio de impacto de género y que tampoco se había considerado un segundo dictamen en el que se evaluase consecuencias sobre la infancia, la adolescencia y la familia. Es decir, justo los puntos señalados por los representantes de Unides Podem EU en su recurso.
No obstante, Villar ha sostenido que el equipo de gobierno considera que, durante la tramitación de la norma, sí se tuvieron en cuenta tales informes elaborados por el departamento de Igualdad, a pesar de que el TSJ no los considere como adecuados. "Es un tema de cómo se estima si estaba completo o no el informe de igualdad. Nosotros mantenemos que sí", ha sostenido. De ahí que se inste al TS a revocar la sentencia del alto tribunal autonómico y a dejar sin efecto la estimación parcial del recurso presentado por Unides Podem EU.
Como informó este diario, la ordenanza de convivencia quedó aprobada en febrero de 2022 con los votos del bipartito que entonces formaban PP y Ciudadanos (Cs) y el apoyo de los dos concejales de los que Vox disponía en ese momento. Por su parte, los tres grupos del eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) votaron en contra.
Los representantes del bipartito arguyeron, entonces, que la ordenanza de convivencia era una herramienta con la que combatir comportamientos inadecuados en la vía pública y que, con ella, se trataba de dar respuesta a una demanda vecinal como compromiso recogido en los programas electorales de los dos partidos aliados en la gestión municipal. Además, incidieron en que la ordenanza se complementaba con medidas de apoyo para personas en situación de vulnerabilidad, a través de los recursos disponibles en el departamento de Acción Social. Y, por último, recalcaron que en otros municipios gobernados por las formaciones progresistas se había tramitado ordenanzas similares.
Por su parte, PSOE, Unides Podem EU y Compromís instaron al bipartito a retirar esa normativa para elaborar una nueva propuesta consensuada con las entidades que prestaban asistencia a los colectivos vulnerables con el fin de no penalizar a las víctimas de las redes de prostitución y de mendicidad imponiéndoles sanciones. Todo, después de que varios colectivos sociales, como la Plataforma contra la Pobreza o incluso Cáritas hubiesen presentado alegaciones frente al texto planteado por el bipartito al considerar que castigaba a los desfavorecidos.
La ordenanza volverá a ser objeto de debate político en el pleno ordinario de julio, este jueves, a colación de una pregunta formulada por el grupo municipal de Esquerra Unida Podem en la que se cuestiona al equipo de gobierno sobre el número de sanciones impuestas "en aplicación de los artículos de la Ordenanza Municipal Reguladora de Convivencia Cívica, declarados nulos por sentencia del Tribunal Superior de Justicia".
El equipo de gobierno informó en junio de 2022 que, en los dos primeros meses de aplicación de la ordenanza (abril y mayo de ese año) se había impuesto 94 sanciones sobre comportamientos incívicos penalizados en esa normativa. Ninguna de ellas estaba relacionada con el ejercicio de la prostitución o de la mendicidad, según se informó entonces.
Alicante impone 94 sanciones en los dos primeros meses de aplicación de la norma de convivencia
